NACIONAL ESPAñA 2ª Madrid	El Mundo	Pág. G017  Lunes, 22/03/2004 Autor: JOSE ALBERTO PARDO. Especial para EL MUNDO
	Acusan de prevaricación a la Confederación del Segura El fiscal afirma que sus responsables participaron en «una red de extracción ilegal de aguas» en Murcia
	[4,265 Caracteres] MURCIA.- El fiscal decano de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Emilio Valerio, ha elaborado un informe en el que acusa de prevaricación, extracción ilegal del agua y usurpación patrimonial de aguas públicas a cuatro responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura y a una serie de empresarios murcianos. Los implicados en la Confederación son el presidente, Juan Cánovas Cuenca, el comisario de Aguas, José Alemán Ferrán, el secretario técnico, Gerardo Cruz Gimena, y el funcionario Rafael López Casares. Asimismo, están imputados el conocido constructor de Cartagena Mariano Roca y los administradores y socios principales de 22 organizaciones de todo tipo, desde comunidades de regantes hasta empresas agrícolas, inmobiliarias y de creación y mantenimiento de campos de golf. Según el fiscal, todos ellos conformaron un auténtico «cartel o grupo económico» que ha establecido «una red ilegal de captación y detracción de aguas públicas en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura». «Los citados grupos», continúa el escrito de Valerio, «ostentan el cuasi monopolio de la ilegalidad que se ejercita con total impunidad y con el consentimiento y colaboración de los funcionarios públicos denunciados». El modo de actuar de las empresas era la adquisición a bajo precio de suelos de carácter rústico situados en parajes de la cabecera del Segura, donde la Confederación Hidrográfica siempre había negado a los pequeños agricultores cualquier derecho a ampliar las extracciones de aguas subterráneas. A continuación, y «a plena vista de la sociedad», dice el escrito del fiscal, los acusados procedían a «captar ilegalmente un volumen importantísimo de recursos hídricos» que se destinaba a desarrollos urbanísticos, a riego intensivo o se ponía en venta a esos pequeños agricultores condenados a la sequía. Emilio Valerio explica que así se generaba «un mercado negro de importante trascendencia económica» controlado por este cartel del agua, al que se le atribuyen unas 200 extracciones ilegales a lo largo de los últimos cuatro años. Sólo seis de los grupos integrantes del cartel habrían extraído un total de 42 hectómetros cúbicos valorados en más de 126 millones de euros. El fiscal insiste en diversas ocasiones en remarcar el carácter organizativo de la extracción ilegal del agua, señalando la importante infraestructura del grupo, que incluye desde grupos electrógenos hasta bombas, tuberías y balsas de almacenamiento. Valerio acusa a los miembros de la Confederación de haber hecho una actuación intencionada y recuerda que en los últimos cuatro años recibieron cientos de denuncias sobre las extracciones ilegales.El escrito explica que la Confederación sólo tramitó las que «no cabía más remedio que tramitar», esto es, las interpuestas por la Guardia Fluvial y la Guardia Civil. Una ilegalidad que, además, «no finaliza al amparar la captación ilegal», sino que continúa con la inacción frente a la venta del agua y el establecimiento de campos de golf y proyectos residenciales. «En una región en la que el agua suscita tantas denuncias y en la que las extracciones son tan patentes, se trata de conferir al beneficiario de la extracción ilegal un estatus de impunidad permanente con la apariencia de una tramitación en curso», concluye Valerio. El «mercado negro» que controlaban estas organizaciones llegó a ser realmente notorio en la Región de Murcia. El precio al que se vendía el agua era realmente abusivo (cuatro veces superior al coste del agua del trasvase Tajo-Segura), pero los compradores no tenían otra opción bien porque no podían acceder al agua del trasvase, bien porque sus pozos estaban secos. El fiscal no ha podido demostrar, en cambio, la existencia de indicios contra el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que ha remitido las diligencias a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Según fuentes consultadas en el Palacio de Justicia de la región, lo más probable es que el informe elaborado por Valerio acabe en un juzgado de instrucción.