REGIONAL comunidad MULTIPLE	LEVANTE	Pág.   Jueves, 23/10/2003 Autor:
	Wallström resolverá las ayudas al trasvase Júcar-Vinalopó cuando aclare las del Ebro
	[4489 Caracteres] La Comisión advierte de irregularidades en la licitación del estudio de impacto Juan Sanhermelando, Bruselas.Corresponsal La organización ecologista WWF y la Fundación por una Nueva Cultura del Agua lanzaron el pasado martes un nuevo llamamiento a la Comisión Europea para que no financie el trasvase Júcar-Vinalopó por ser un proyecto «económicamente inviable», «desastroso para el medioambiente» y «un precedente peligroso». Los dos grupos han presentado, junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace y Birdlife, una nueva denuncia en Bruselas por incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria. La comisaria Margot Wallström mantiene bloqueada la financiación hasta que resuelva sus dudas sobre el Ebro. El argumento central de la denuncia, que se remitió a la Comisión Europea en septiembre pero cuyo contenido no se ha hecho público hasta ahora, se basa en que el trasvase Júcar-Vinalopó es un proyecto «totalmente dependiente» de la trasferencia del Ebro y por ello no debería recibir fondos europeos hasta que Bruselas tome una decisión sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN). El gobierno central solicitó hace ya un año 54 millones de euros, pero todavía no ha recibido el visto bueno de Wallström. Las ONG denuncian que el Júcar no tiene suficiente agua para el trasvase. Los datos sobre el caudal del río presentados en Bruselas por el gobierno central son «obsoletos» y están «sobreestimados», según los ecologistas, porque no tienen en cuenta la «severa disminución» de recursos de los últimos años. De acuerdo con sus cifras, también son «irreales» los ahorros previstos en los regadíos tradicionales. Por ello, el trasvase al Vinalopó sólo sería viable si el Júcar recibe previamente agua del Ebro. Aunque resultaría redundante con el Tous-Villena, según las ONG. Como alternativa al trasvase, la Fundación por una Nueva Cultura del Agua propone una combinación de tres soluciones, que cree más baratas y rápidas: la reutilización de agua, el trasvase Tajo-Segura y la desalación. Esto reduciría además el impacto medioambiental de la canalización. Los argumentos de las ONG parecen haber hecho mella en Wallström, que mantiene bloqueada la financiación del Júcar-Vinalopó hasta que resuelva sus dudas sobre el Ebro, según han confirmado fuentes de su departamento. La responsable de Medio Ambiente ha pedido más aclaraciones al gobierno central, que niega que exista ninguna conexión entre los dos trasvases. La Comisión mantiene un absoluto hermetismo sobre los resultados de la cumbre de expertos sobre el PHN de la semana pasada. Fuentes comunitarias explicaron a este periódico que los técnicos de Bruselas están «digiriendo» el debate y apuntaron que no habrá conclusiones hasta dentro de algunas semanas. Por otra parte, el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkenstein, advirtió ayer que el gobierno español ha incumplido la legislación europea en la adjudicación del estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro. Según las normas comunitarias, dado que el contrato superaba los 800.000 euros, debería haberse publicado en el Diario Oficial de la UE, cosa que no ocurrió. El grupo Verde dice que esta irregularidad bloquea la financiación de las obras del trasvase. La adjudicación del contrato para el estudio de impacto ambiental del trasvase la realizó Trasagua en agosto de 2002 por un importe de 1.705.524 euros. Cuatro eurodiputados -José María Mendiluce (PSE), Chris Davies (liberales) y Alexander de Roo y Miquel Mayol (Verdes/Alianza Libre Europea)- presentaron una denuncia ante Bolkenstein porque la licitación no se publicó en el Diario Oficial de la UE a pesar de superar el mínimo exigido. En una comparecencia ante el Parlamento Europeo, el responsable de Mercado Interior explicó que Trasagua está sujeta a las normas de contratación que establece la legislación europea. Por ello, «el contrato debería haber sido publicado en el Diario Oficial», según Bolkenstein. Incluso el secretario de estado de Aguas, Pascual Fernández, reconoció estas irregularidades en una carta enviada a Bruselas el 19 de junio, y se comprometió a publicar a partir de ahora todos los contratos de Trasagua y a respetar la legislación europea en la licitación de obras del trasvase del Ebro. Bolkenstein ha aceptado las explicaciones del Gobierno y ha renunciado a abrir un nuevo expediente, aunque recordó que España ya está expedientada desde el 11 de julio por mala aplicación de la legislación europea.