REGIONAL comunidad MULTIPLE	LEVANTE	Pág.   Viernes, 23/05/2003 Autor:
	La CE investiga posibles irregularidades en la adjudicación de estudios del trasvase del Ebro
	[3500 Caracteres] La Comisión Europea está investigando si la adjudicación de estudios de impacto del trasvase del Ebro por parte de Trasagua incumplió la normativa comunitaria, tras la recepción de dos denuncias. Bruselas ha pedido información al Gobierno central ya que si la sociedad estatal es un organismo de derecho público, las licitaciones de los diversos contratos se deberían haber publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Maria Josep Picó, Valencia La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de investigación al Gobierno español por posibles irregularidades en la adjudicación de la redacción de estudios ambientales del trasvase del Ebro previsto en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Bruselas estudia si la entidad adjudicadora, Infraestructuras del Trasvase SA (Trasagua), es un organismo de derecho público, ya que en ese caso debería haber cumplido la legislación comunitaria en materia de contratos públicos. Dos denuncias presentadas en Bruselas el pasado enero informaban a la comisión que diversas adjudicaciones de los contratos para elaborar estudios ambientales de la transferencia del Ebro se había efectuado «sin la previa y obligada publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Éstas fueron publicadas en el Boletín Oficial del estado número 260 el 30 de octubre de 2002», según el recurso de la Coordinadora Antitrasvases al que tuvo acceso Levante-EMV. La Comisión -en respuesta a la pregunta presentada por los eurodiputados José María Mendiluce (Los Verdes-Izquierda Verde), Alex de Roo (Verdes), Chris Davies (Liberales), Miquel Mayol i Rainal (Alianza Libre Europea) y Rijk Van Dam (Europa de las Diferencias y Democracias) - asegura que está examinando «minuciosamente» el contenido de estas denuncias recibidas. «En caso de que la entidad Trasagua fuera considerada organismo de derecho público y, en este sentido, entidad adjudicadora, debe respetar las normas comunitarias de contratación pública, especialmente el principio de publicidad», recuerda la contestación del 13 de mayo. El documento insiste en que ya existe un asunto ante el Tribunal de Justicia sobre la noción de entidad adjudicadora y organismo de derecho público y, concretamente, su interpretación en el derecho español. El abogado general entregó sus conclusiones el 7 de noviembre de 2002. Bruselas anuncia que, en el marco del procedimiento de infracción, se pondrá en contacto con las autoridades españolas competentes para comunicar sus observaciones y solicitar aclaraciones sobre la posible infracción del derecho comunitario. A su vez, destaca que la financiación en el marco de los fondos estructurales y de cohesión «está condicionada explícitamente al cumplimiento del conjunto de la legislación europea aplicable, incluida la relativa a los contratos públicos». El Gobierno central creó la sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase SA (Trasagua) una vez aprobadas la transferencia del Ebro, diseñada en el PHN, con el objetivo de desarrollar y ejecutar el desvío hídrico de 1.050 hectómetros cúbicos anuales. «Para ello, el Ejecutivo asignó a la sociedad 170 millones de euros», según una de las quejas. Trasagua comenzó a funcionar en 2002: en septiembre presentó la memoria-resumen para la evaluación de impacto ambiental del proyecto de transferencias autorizadas en la ley del PHN. Desde julio a agosto de ese año publicó en el BOE varias licitaciones, cuyo presupuesto total era de 1,7 millones de euros.