REGIONAL aragon	HERALDO DE ARAGÓN	Pág.   Viernes, 28/11/2003 Autor: J. MORALES/ J. L. VALERO. Zaragoza
	Ofensiva total del Gobierno aragonés para frenar el trasvase
	El Ejecutivo aragonés aprobará hoy en un Consejo de Gobierno extraordinario medidas judiciales y legislativas contra el proyecto. Protegerá Mequinenza y presentará una iniciativa en el Congreso.
	Pie de foto:Iglesias (izquierda) manifestó su tranquilidad y optimismo ante la actitud de la Comisión Europea sobre el trasvase
	[2770 Caracteres] El Ejecutivo aragonés aprueba hoy en Consejo de Gobierno extraordinario una amplia lista de medidas judiciales y legislativas con el objetivo de intentar poner freno al trasvase del Ebro, acelerado en las últimas semanas por el PP. Este nuevo impulso contra el proyecto "popular" llevará las acciones del Ejecutivo al Congreso de los Diputados, al Parlamento aragonés y los tribunales. Entre el paquete de acuerdos que presentan hoy el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, y el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, destaca la presentación de un proyecto de ley de protección de aguas del entorno de Mequinenza. Este embalse es la pieza angular que necesita el Gobierno para ejecutar sus planes de trasvasar agua hacia Levante. En caso de que, una vez aprobado, el Gobierno central no consiga la suspensión de su articulado, supondrá de facto la imposibilidad de utilizarlo para guardar el agua prevista para el trasvase. Ya hay otras normas planteadas en la lucha contra el trasvase que están temporalmente suspendidas por el Tribunal Constitucional. Esta situación se podría prolongar más de cuatro años, hasta que el Alto Tribunal decida. El texto presentado por la DGA se fundamenta en las competencias de Aragón en medio ambiente, espacios naturales protegidos, régimen local y abastecimiento de poblaciones. Pero además, el Ejecutivo PSOE-PAR planea presentar una proposición de ley, que tras su tramitación en las Cortes se enviaría al Congreso de los Diputados. El texto supone la inclusión de las Comunidades Autónomas en la Junta de Desembalses, órgano desde el que se decide la liberación de caudales. El frente legislativo estará acompañado por un nuevo impulso a la ofensiva judicial. El Ejecutivo acudirá al Tribunal Supremo para impugnar la tramitación administrativa seguida por el Gobierno central en la declaración de impacto ambiental del trasvase. Además, va a plantear un conflicto de competencias entre la Administración central y la autonómica. Y es que el Plan Hidrológico Nacional podría vulnerar el ámbito competencial de Aragón en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, turismo y agricultura. "Tranquidad y optimismo" Por otra parte, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, manifestó ayer su "tranquilidad y optimismo" una vez que la Comisión Europea ha anunciado una batería de dudas sobre los efectos que tendría el trasvase sobre el caudal del Ebro y el propio Delta. Además, aprovechó para desmentir las declaraciones de la eurodiputada aragonesa del PP, María Antonia Avilés, quien aseguró que "la campaña de Iglesias puede conducir a paralizar las obras del Pacto del Agua". El presidente afirmó que "no hay financiación europea para financiar embalses ni para ampliar regadíos".