REGIONAL aragon
HERALDO DE ARAGÓN Pág.   Viernes, 12/12/2003

Autor: JAVIER BENITO. Zaragoza
 
       
 
Más de cien científicos tachan de arbitraria la declaración del trasvase 
 
  Suscriben un duro manifiesto, abierto a nuevas firmas, que prevén llevar en enero al CSIC y a la ministra de Medio Ambiente.    
  Pie de foto:Imagen del río Ebro a su paso por Zaragoza   
 

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Más de 100 profesores de Universidad y científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros centros de investigación han suscrito un duro manifiesto contra la declaración de impacto ambiental (DIA) del trasvase del Ebro previsto en el PHN.

El documento, que se mantendrá abierto a nuevas adhesiones hasta mediados de enero, expresa un total desacuerdo con el procedimiento y la propia declaración positiva del proyecto del trasvase, "que va a ocasionar graves perjuicios ecológicos, económicos y sociales, todavía sin estudiar", y también rechaza "la utilización que se ha realizado del nombre de la ciencia española para tratar de legitimar una decisión arbitraria y carente de base científica".

El ingeniero Antonio Estevan, uno de los firmantes, explicó a HERALDO que el procedimiento seguido "es un insulto inadmisible a toda la comunidad científica, porque para una simple gasolinera se tardan seis meses y hasta un año en hacer una declaración de impacto y para el mayor trasvase planteado jamás en toda Europa se ha ventilado en dos meses".

En este sentido, Estevan explicó que el Ministerio está provocando "una reacción epidérmica" de rechazo incluso entre técnicos o universitarios que no habían tomado una posición sobre el fondo de la cuestión, ya que "las formas dejan la ciencia española por el suelo".

Precisamente el manifiesto se titula "En defensa del prestigio y la independencia de la ciencia española", y sostiene que la declaración de impacto es "inaceptable" por que resulta "incompleta", mantiene "serias incertidumbres" y, además, el procedimiento seguido es "metodológica y científicamente inadmisible".

El documento subraya que no se han abordado cuestiones fundamentales, entre otras la descripción y selección de alternativas al propio trasvase (no meras variantes de trazado), un estudio serio y completo de costes energéticos y precio del agua trasvasada según lugar de destino en comparación con otras opciones, la definición del régimen de caudales ambientales mínimos en el Delta o medidas suficientes para evitar que especies como el mejillón cebra invadan el resto de cuencas del Mediterráneo español.

Asimismo, los firmantes sostienen que no se puede dar un aval científico al trasvase porque persienten dudas como el caudal transferible a largo plazo manteniendo la diversidad biológica y los recursos económicos del Delta, la influencia del crecimiento de regadíos y cambios de usos del suelo de la cuenca del Ebro sobre la cantidad y calidad del agua transferible, o qué solución se daría en los años secos cuando no se pueda garantizar el caudal a trasvasar.

De igual forma, critican que, a su juicio, se haya "ignorado de forma antidemocrática y con desprecio total" las alegaciones científicas y se desconozca la evolución futura de la calidad de las aguas a trasvasar, así como la influencia del cambio climático.

En el último apartado, los científicos afirman que la declaración de impacto se realizó "con una precipitación inadmisible y en unos plazos de tiempo inverosímiles" para la envergadura del proyecto, no se ha dado audienia a los principales especialistas de diversas disciplinas, que "en su día ya emitieron informes que fueron silenciados por la Administración".

Además, denuncian que el proceso se ha desarrollado bajo una presión política que logrado supeditar la tramitación administrativa y el análisis científico a los intereses electorales del partido gobernante". También que ha resultado imposible realizar "un estudio mínimamente serio y solvente de los importantes problemas ambientales y humanos" que suscita el trasvase del Ebro.

"Este lamentable episodio -afirman al final- represetna la prueba de la total subordinación de la administración ambiental española a las imposiciones políticas del momento y su descrédito técnico y científico".