REGIONAL aragon
Heraldo de Aragón Pág.   Jueves, 31/07/2003

Autor: EFE. Tarragona
 
       
 
La Plataforma en Defensa del Ebro entrega las 60.000 alegaciones contra el PHN 
 
  Como si fuesen los Presupuestos Generales. La Plataforma en Defensa del Ebro ya tiene preparadas las carretillas que cargarán las más de 60.000 alegaciones al PHN. Hasta Madrid se han desplazado ecologistas y representantes de la plataforma, que protagonizarán una concentración de protesta.    
  Pie de foto:El Ebro presenta este año un gran estiaje que favorece la acumulación de suciedad   
 

[3710 Caracteres]

Diferentes colectivos ecologistas presentaron en el Ministerio de Medio Ambiente 60.000 alegaciones contra el trasvase de agua del Ebro durante un acto festivo y reivindicativo en el que denunciaron el "despilfarro" económico y energético que a su juicio supondrá esta infraestructura.

Convocadas por las principales organizaciones ecologistas españolas, decenas de personas, en su mayoría procedentes de Aragón y Cataluña, permanecieron concentradas frente al Ministerio de Medio Ambiente mientras se presentaban las alegaciones en el registro, recopiladas en numerosas cajas.

Acompañados por el sonido de instrumentos musicales que hacían sonar músicas tradicionales de las tierras del Ebro los ecologistas, algunos de ellos disfrazados de "súper-ríos" (un disfraz similar al de Superman) formaron un pasillo jalonado por grandes pancartas en las que se leía "Este trasvase no es agua limpia" (Greenpeace) o "Ríos sin presas. Pueblos Vivos" (Ecologistas en Acción).

El secretario general de Medio Ambiente, Juan del Alamo, recibió a una representación de los grupos ecologistas que convocaron el acto, entre ellos Ecologistas en Acción, WWF-Adena, SEO-BirdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra, la Plataforma en Defensa del Ebro, Plataforma de Oposición al Trasvase, y la red por una nueva cultura del agua.

Entre las cerca de 60.000 alegaciones figuran unas 600 procedentes de ecologistas europeos y estadounidenses.

Alegaciones desde Valencia

En los escritos presentados ante el Ministerio, prácticamente idénticos en su totalidad, se mantiene que el trasvase es insostenible desde el punto de vista económico, ecológico y social, y se denuncia la ausencia de un estudio "honesto" de las posibles alternativas al trasvase.

Advierten además de las consecuencias ambientales que conllevará la detracción de aguas en el tramo final del río Ebro, y de la mala calidad del agua que se pretende trasvasar, a pesar de que el 45 por ciento se destinará a usos potables.

En las alegaciones se advierte que el agua del Ebro supera el límite obligatorio de sulfatos de la Directiva de Aguas Prepotables.

Llaman además la atención sobre los impactos que el trasvase tendrá en la cuenca cedente del agua, ya que se inundarán valles en el Pirineo para construir grandes embalses y garantizar los caudales en ciclos de sequía, y del impacto que la transferencia de agua tendrá también en las cuencas receptoras.

Según estos escritos, las aguas del Ebro se mezclarán con las de otras cuencas y se producirá entonces una transferencia de especies muy dañinas para el medio ambiente y las infraestructuras hidráulicas como el "mejillón-cebra", cuya presencia se limita en la actualidad al Ebro.

El coste energético es también "insostenible" según los ecologistas, que consideran que la energía necesaria para trasvasar el agua producirá unas emisiones contaminantes "muy superiores" a las alternativas que defienden, entre ellas las plantas desaladoras, la reutilización del agua o una mayor utilización de aguas subterráneas.

Las organizaciones convocantes del acto mantienen además que en la memoria del trasvase se calculan los costes del agua sin repercutir la amortización de la inversión, lo que contraviene el principio de recuperación de costes de la Directiva Comunitaria de Aguas.

Los dirigentes coincidieron al expresar su convicción de que el Ebro carece de excedentes, en que el trasvase supondría "la condena a muerte" del Delta, en que el Gobierno pretende "liquidar" los ríos en favor de intereses "especulativos y urbanísticos", y mostraron su disposición a mantener su oposición hasta el final en España y a trasladarla después a las instituciones europeas.