NACIONAL AGT Recepción: 13:47	EUROPA PRESS	Pág.   Martes, 04/02/2003 Autor:
	Un nueva ley obligará a certificar la seguridad de las más de 1.600 presas españolas
	[3295 Caracteres] Las 1.629 presas que existen en España, tanto en fase de proyecto y construcción como de explotación, deberán someterse a revisiones periódicas para controlar su estado y seguridad, según establece el anteproyecto de Ley de Seguridad de Presas y Embalses, que hoy presenta el Ministerio de Medio Ambiente a los responbables autonómicos de aguas. Esta nueva ley, que previsiblemente se aprobará en los próximos meses, creará una Oficina de Seguridad de Presas, un registro de estas infraestructuras y entidades de control, según explicó hoy el director general de Obras Hidráulicas, Juan Manuel Aragonés. El objetivo es que las presas pasen una ITV para garantizar su seguridad. Así, en las diferentes fases de una presa (proyectos, construcción, llenado, puesta en carga, explotación y fuera de servicio) se establecerán unas normas técnicas de seguridad. Las nuevas entidades de control y seguridad de presas deberán expedir certificados que garanticen que las presas cumplen los requisitos, aprobarán la clasificación de la presa y sus planes de emergencia. Por su parte, la nueva oficina velará por que las entidades realizan sus funciones. La normativa establece tres categorías de presas en función del riesgo potencial de rotura: categoría A para afecciones a viviendas y grandes infraestructuras; categoría B para afecciones a viviendas asiladas o pequeñas infraestructuras y categoría C, para daños que no afecten a personas. Las presas clasificadas como A y B deberán contar con planes de emergencia, mientras que las C, no será obligatorio. En la actualidad, de las 1.629 presas españolas en proyecto, contrucción y explotación, 420 son de titularidad estatal y 1.209 particulares. De las 420 estatales, 27 están en proyecto y el resto en explotación y construcción; mientras que de las particulares, 1.107 están en explotación y construcción y el resto en proyecto, 102. Todas las presas deberán presentar propuestas de clasificación y sino podrán ser sancionadas. De las 420 estatales, 408 ya han presentado su propuesta de clasificación y se ha resuelto que 312 son de categoría A, 22 de B, y 73 de categoría C. En cuanto a las particulares, sólo la mitad ha presentado propuesta de clasificación y se ha resuelto que hay 244 de categoría A, 35 de B, y 195 de C. El responsable de la seguridad de la presa es su titular y en la ley se definen sus obligaciones. La norma supone la puesta al día de diversas leyes y reglamentos dispersos y que los titulares sepan claramente qué deben hacer y que se les va a requerir en cada fase. En cuanto a las sanciones, las multas que se podrán establecer en función de la infracción oscilan entre los 60.000 euros y los tres millones de euros, e incluso se prevé la clausura de una presa. España es el país europeo con más obras hidráulicas de estas carcaterísticas, con 2,4 presas por cada mil kilómetros cuadrados, y unas 30 presas por millón de habitantes. España presenta unos altos niveles de seguridad, según recoge el anteproyecto, ya que en los últimos 30 años sólo se ha producido un accidente el de Tous en 1982, un porcentaje muy inferior a la media mundial, que se sitúa en el 0,2 por ciento. La amortización económica de las presas es de 50 años, mientras que la vida útil puede alcanzar entre 150 y 200 años.