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El Gobierno de Aragón considera que el informe sobre el Plan Hidrológico Nacional elaborado por expertos en hidrología estadounidenses por encargo de la Universidad Politécnica de Cartagena presenta numerosas lagunas, principalmente en el análisis económico del trasvase del Ebro. El Ejecutivo aragonés ha realizado un análisis detallado de este documento, que, según sus promotores, respalda el PHN. Sin embargo, la DGA sostiene que el informe "no plantea de ninguna forma el estudio del significado de un trasvase, sino que su único objetivo es ver cómo se podría restaurar medioambientalmente el Mediterráneo".
Entre las deficiencias detectadas en dicho documento, el Ejecutivo aragonés estima que no considera la posibilidad de trasvasar menos agua o poner en marcha medidas alternativas, como la desalinización, al tiempo que no se hace una evaluación económica del impacto medioambiental del trasvase. Además, "se da por bueno el caudal ecológico de 100 metros cúbicos en el Delta porque es la única forma de que quede agua, y se dice que los embalses de Mequinenza y Ribarroja se deberían utilizar exclusivamente al trasvase, lo que significa acabar con los usos del agua en esos lugares".
Para el Gobierno de Aragón, el análisis económico del PHN del profesor Michael Hanemann resulta "literalmente demoledor y muy crítico sobre las insuficiencias del trasvase del Ebro". El informe del estadounidense parte de la base de que el PHN no facilita información sobre los usos posibles del agua en la cuenca del Ebro, por lo que no se puede establecer una comparación con el uso de la misma en las cuencas receptoras. Hanemann propone diferentes estudios que deberían realizarse "antes de adoptar decisiones".
CAPACIDAD DE PAGO Según Hanemann, el proyecto debe hacer referencia a la capacidad de pago del agua del trasvase exclusivamente. Los agricultores del Segura, añade, tienen a su disposición diferentes fuentes de abastecimiento, por lo que sus deseos de suministro se fundamentarán en función del precio más barato, que conducirá a una "imposibilidad de servirse del agua del trasvase". Para ésta, la capacidad de pago se establece en 125 pesetas por metro cúbico, "una cifra teórica desmentida por la práctica de que ningún agricultor la paga, ni con mucho", asevera Hanemann. El científico hace un paralelismo entre el PHN y el Central Arizona Project --trasvase del río Colorado-- un proyecto que ha obligado al Gobierno estadounidense a desembolsar "inmensas subvenciones" para guardar en acuíferos el agua trasvasada, más cara, "a la espera de que vengan tiempos mejores".
El análisis de Hanemann también destaca la ausencia en el PHN de uno de los aspectos que aparecen en las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón: la falta de un estudio sobre los cambios en la Política Agraria Común (PAC) y los nuevos oferentes de productos agrícolas. Tampoco existe una evaluación económica del impacto ambiental del trasvase, lo que en Estados Unidos "sería inaceptable".
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