REGIONAL RIOJA AGT Recepción: 13:30	EUROPA PRESS	Pág.   Lunes, 25/08/2003 Autor:
	LA RIOJA .- El PSOE denuncia que la tramitación de la presa de Rivas de Tereso conculca la constitución y la legalidad
	[4211 Caracteres] > La diputada socialista Idoya Tomás denunció hoy que la tramitación de la presa de Rivas de Tereso "conculca claramente la Constitución" y las leyes de procedimiento ya que se ha ocultado, en la fase de información pública el proyecto de impacto ambiental, lo que causa "indefensión" entre los ciudadanos. Los socialistas piden que se abra de nuevo la fase de información pública y que se pueda consultar toda la documentación. "Los derechos de los ciudadanos no han sido garantizados y se conculcan las leyes de procedimiento" así como "el Reglamento Hidráulico y de Presas y la Directiva de Aguas" por el lugar en el que se ubica la presa y la afección a dos términos municipales y por el hecho de que el regadío que se construirá será "un regadío antieconómico". Estas son las principales alegaciones que figuran entre las 28 que han presentado los socialistas al proyecto, en el que los PSOE denuncian "ocultación de información" así como el hecho de sacarla a información pública "con agostidad y alevosía", aprovechando el mes de agosto. Sin embargo los socialistas aseguran no "haber bajado la guardia" en este tema, que empezó a gestarse en 1998 cuando los alcaldes de Laguardia (Alava) y San Vicente de la Sonsierra -ambos del PP- promovieron un sistema de regadío. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), autorizó una concesión de agua de 300 litros/segundo y la construcción de una presa en el término de Paganos, perteneciente a Laguardia. Declaró de interés general el regadío de 5.000 hectáreas, 4.200 de ellas en Alava. Hasta el año pasado no volvió a hablarse del tema. Entonces, se publicó el proyecto y la memoria de la construcción de la presa, pero cambiando la ubicación y llevándola al término riojano de Rivas de Tereso, perteneciente a San Vicente de la Sonsierra. "No sabemos la razón, no hay documento que avale el cambio" dijo Tomás. Entonces, presentaron alegaciones y por el momento no han recibido respuesta. El pasado 24 de julio el BOR publicaba la apertura de la fase de información pública del proyecto. Sin embargo, esta fase no se dio a conocer ni a través del BOE ni del Boletín Oficial del País Vasco. "Sólo se publica en el de La Rioja y en el de Alava, ambas regiones gobernadas por el PP". Los socialistas, para conocer el proyecto, acudieron a las oficinas de la CHE en Logroño donde comprobaron que en los "siete u ocho tomos" que lo integran faltaba el estudio de impacto ambiental. Les comunicaron que era un error, pero días más tarde, cuando volvieron, tampoco lo tenían. "Se ha ocultado a sabiendas para que no se pudieran hacer alegaciones, creando indefensión a los ciudadanos". Aún así, los socialistas han presentado 28 alegaciones, la más importante la referente a la falta de conocimiento de la totalidad del proyecto. Respecto a las obras, la diputada socialista señaló que se va a construir una presa de 50 metros de pared, con un edificio de 15 alturas "del que no sabemos el impacto ambiental" en una zona de valor arqueológico, histórico y medio ambiental que el Gobierno había previsto declarar como zona protegida al publicar la Ley de Espacios Naturales. El proyecto inicial calificaba la presa como "C", es decir de bajo riesgo, mientras que en el actual aparece como "A", de alto riesgo, por su altura, capacidad y anchura. De la presa a Rivas de Tereso habrá una distancia de 50 metros, por lo que el término queda en una zona "fuera de ordenación, ilegal", denunció Tomás. La zona de riesgo afectará también a un barrio de San Vicente donde hay casas y bodegas e incluso a la N-232 y uno de los cultivos fundamentales de la zona, como es el viñedo. "Es algo de locura", dijo la diputada. Por todo ello, esperan que en esta ocasión "la CHE dé contestación a las alegaciones y no dé la callada por respuesta". También preguntarán al Gobierno regional si ha presentado alegaciones y por qué su conformismo, que desde el PSOE sospecha que se deben "a la defensa de intereses particulares". "No nos vamos a quedar parados y no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir insistiendo en que eso no es legal", concluyó la diputada.