REGIONAL ARAGON AGT Recepción: 13:32	EUROPA PRESS	Pág.   Viernes, 12/12/2003 Autor:
	ARAGON .- PHN .- El Gobierno de Aragón remite a Bruselas más información contra la 'inaceptable' decisión de reformar la Ley
	[4998 Caracteres] > El Gobierno de Aragón ha remitido a la Comisión Europea más información contra la "inaceptable" decisión del Partido Popular de reformar la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), lo que permitirá al Gobierno central ejecutar el proyecto de trasvase del río Ebro sin definir, previamente, el caudal ecológico mínimo. Así lo explicó hoy el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, quien señaló que "se trata de reforzar la tésis de que se ha eliminado una de las garantías ambientales del proyecto de trasvase, una garantía para proteger el Delta del Ebro". Esta información se añade a la denuncia que presentó el Ejecutivo autónomo el pasado mes de octubre. En los trámites que se están desarrollando para aprobar el proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, el Grupo Popular del Senado ha introducido una enmienda por la que se deroga el apartado 1 a) de la disposición adicional décima de la Ley del PHN, que encomendaba al PIPDE "la definición del régimen hídrico", es decir, el caudal mínimo ecológico. El Gobierno central traspone así la directiva europea de aguas. "Esto --dijo Boné-- no fue un apaño, sino un punto bastante importante para preservar el Delta. El PHN se aprobó con una condición que se introdujo en la propia ley. No es sostenible hacer desaparecer este punto". A esto añadió que "el procedimiento para hacer desaparecer esta garantía no es una ley de medidas, es impresentable trasponer una directiva de aguas a través de una ley de medidas", lo que a su juicio significa que "han roto todas las reglas del juego. Con este procedimiento dicen que 'lo que no nos conviene lo cambiamos", y advirtió que "si la trasposición de la directiva de aguas está mal hecha, la recurriremos". Alfredo Boné consideró que "está muy claro que hay un notable conflicto jurídico y social, probablemente también, lo que ocurre es que eso se ve cuando uno no puede regar sus fincas porque se llevan el agua para regar en otras tierras". El Ejecutivo aragonés entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno español "suponen consagrar la ausencia de protección ambiental del Delta, y acrecentar el grado de conflictividad política y social que genera el trasvase. Ello merece un tratamiento especial cuando, además, el Gobierno central pretende pedir financiación de esta infraestructura a la Comisión Europea", señaló Boné. El consejero recordó que "la Comisión Europea se ha dirigido ya al Gobierno central para exigir información sobre la protección del Delta del Ebro". La Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) remitió una carta oficial, el 19 de diciembre de 2002, al embajador-representante permanente de España ante la UE, en la que reclamaban información sobre "el estado de preparación" del PIPDE y "que se diera la posibilidad de estudiar y comentar el plan, cuando sea finalizado". El Gobierno español respondió a esta misiva el 8 de enero de 2003 manifestando que "el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro se encuentra en una fase avanzada de desarrolllo, por lo que esperamos poder disponer del borrador en las primeras semanas del próximo año 2003". A fecha de hoy, comentó el titular de Medio Ambiente, "no sólo no se ha aprobado este Plan, sino que en dirección contraria a lo que dijeron, el Gobierno de España ha avanzado en la tramitación del trasvase, con la declaración de impacto ambiental, y diversos anuncios de licitación para la contratación de diversas obras". "Cuando contesten esta demanda de información, no sé si la información que van a dar es que se han cargado de un plumazo la disposición adicional del PHN que protegía el Delta del Ebro, uno de los aspectos que más preocupan a la Comisión Europea". Por otra parte, el consejero aplaudió la decisión de PSC-PSOE, ERC e IC-V de formar un gobierno de coalición en Cataluña, comentando al respecto que "espero que les vaya muy bien, y estoy seguro de que serán consecuentes con su posición en contra del trasvase. En este sentido es una buena noticia para Aragón". Boné subrayó que "el Plan Hidrológico Nacional tiene cada vez más obstáculos jurídicos, económicos y medioambientales, porque hacer un trasvase sin impedir que llegue a toda la costa el mejillón cebra es un delito ecológico, tipificado" en el Código Penal. El consejero recordó que el próximo mes de marzo de 2004 se celebrarán las elecciones generales, "y la carrera electoral es legítima, pero eso no significa que todo vale". En otro orden de cosas, Boné expresó que "no se puede comparar el trasvase del Júcar-Vinalopó con el del Ebro, porque el primero es dentro de una misma cuenca hidrográfica, aunque ahora quieren cambiar el concepto y crear las demarcaciones hidrográficas", y se preguntó "si va a crearse la demarcación hidrográfica ibérica".