NACIONAL AGT Recepción: 14:06	EUROPA PRESS	Pág.   Lunes, 10/11/2003 Autor:
	Las CCAA socialistas rechazan en bloque el informe del Gobierno sobre la trasposición de la Directiva Marco de Aguas
	[5336 Caracteres] > Las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Aragón, gobernadas por el PSOE, anunciaron hoy su intención de votar en contra del informe del Gobierno central sobre la trasposición en el ordenamiento jurídico español de la Directa Marco de Aguas de la UE aprobada en 2000, una postura que también extendieron a Castilla-La Mancha y Asturias, y que será plasmada en el pleno del Consejo Nacional del Agua celebrado hoy en Madrid donde se debate este informe. Los responsables autonómicos invitados a la reunión, quienes ya se reunieron esta mañana con la responsable de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, para trasladarle sus quejas, concidieron en denunciar, momentos antes de la reunión, que el informe de trasposición ha llegado con tres años de retraso. También denunciaron el hecho de que el texto no especifique la forma en que, por esta adecuación, se ven afectadas la Ley del Agua y el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que, a su juicio, vulnere competencias regionales en cuanto a la creación de nuevas demarcaciones hidrográficas. El respeto a esta última cuestión fue, entre otras, la condición puesta por CiU para respaldar el informe, elaborado por la Comisión Permanente del Consejo el pasado mes de septiembre. ARAGÓN: CCAA NO HAN PARTICIPADO Así, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, explicó que esta propuesta afecta considerablemente a dos normas con especial trascecendia en Aragón, y justificó el voto particular en contra de la Comunidad en la falta de participación que, a su juicio, han tenido las CCAA en todo el proceso, especialmente dentro Comisión Permanente delegada para la evaluar la trasposición. De hecho, Boné mostró su preocupación porque este informe recoja, precisamente, una participación regional "cada vez menor", en cuanto a la definición de las nuevas demarcaciones hidrográficas. Fue más allá al considerar que la aprobación de esta trasposición haría "absolutamente inviable" el trasvase del Ebro contemplado en el PHN. Además, advirtió de que, tras la falta de soluciones ofrecidas, el Ejecutivo aragonés podría "recurrir a instancias donde no nos gustaría recurrir". ANDALUCÍA: NO AL PROCEDIMIENTO En el caso de Andalucía, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, criticó el procedimiento del Gobierno al recalcar que la Junta lleva pidiendo el informe sobre la trasposicion de la Directiva desde "hace más de tres años", por lo que se quejó de que el documento no le haya sido remitido "hasta el último día". Pero Gutiérrez también justificó el voto particular de la Comunidad en contra de la trasposición en el resultado del análisis realizado por el Consejo Andaluz del Agua, donde están representados los agentes sociales, económicos y usuarios, al tiempo que rechazó la "falta de análisis en profundidad" y el que no se transponga al completo "en cuanto a calendarios y compromisos específicos". Al igual que Boné, la consejera andaluza se refirió a las demarcaciones hidrográficas recogidas en el informe y establecidas, afirmó, "sin posibilidad de que hable la Comunidad Autonoma", cuando en ellas se tratan temas "que afectan a competencias contempladas en el Estatuto y la Constitución", y que "deberían respetarse por el Gobierno". Apostilló que del análisis de esta propuesta se deriva que la mayoría de los temas que afectan a las regiones quedan "en clave de indefinición". EXTREMADURA: UN "ATROPELLO JURÍDICO" Por su parte, la consejera extremeña de Fomento, Maria Antonia Trujillo, mantuvo esta opinión incidiendo en el hecho de que el Gobierno "haya esperado tres años" para realizar un informe sobre la trasposición de la Directiva europea. También hizo especial hincapié en las modificaciones de la Ley del Agua y el PHN, lo que consideró "un atropello jurídico y un fraude a la Unión Europea". Es más, avisó de que tal cambio "podría originar una infracción procidemental ante la Comisión Europea". Trujillo tampoco dudó en considerar el informe un "desprecio a las CCAA", a lo que argumentó que las autonomías no han tenido, en todo el proceso, "ocasión de participar" en la elaboración del informe después, subrayó, "de un plazo tan largo". "La trasposición es parcial y sesgada, no tiene en cuenta a las autonomías y les resta competencias en cada apartado", enfatizó. CATALUNYA: "TARDE Y MAL" Fuera de las comunidades socialistas, el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, Ramón Espadaler, aunque dejó claro que la posición de CiU es favorable a la trasposición, manifestó que la discrepancia con el informe se basa en dos aspectos: el tratamiento de las cuencas interiores que discurren íntegramente en el interior de la región, que "deben ser respetadas", y todo lo referido a las competencias autonómicas. Así, Espadaler condicionó el voto de su partido a estas dos materias, y aseguró que "la Generalitat no está dispuesta a que la trasposición de una normativa comunitaria sea "un motivo más para laminar competencias". "No cuestionamos el hecho de que se transponga, pero lamentamos que se haga tarde, porque tenemos conocimiento de ello desde el 2000, y se haga mal, porque no se respeta nuestro Estatuto", concluyó.