REGIONAL ARAGON AGT Recepción: 19:07	EUROPA PRESS	Pág.   Lunes, 09/06/2003 Autor:
	ARAGON .- Licitadas las obras de encauzamiento del río Sosa, a su paso por la ciudad de Monzón
	[4063 Caracteres] > La ejecución de las obras de encauzamiento del río Sosa, a su paso por Monzón (Huesca) ya se encuentra en licitación. Las obras, con un presupuesto de licitación de 2.316.891, 84 euros, tienen como antecedente un proyecto municipal, confrontado por la Administración Hidráulica del Estado y que ha impulsado el Consistorio montisonense de forma intensa en los dos últimos años y que se ha visto retrasado por la incertidumbre creada por un conflicto de competencias planteado recientemente por el Gobierno de Aragón, indica la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El Boletín Oficial del Estado de 7 de junio de 2003 publica la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anuncia la subasta para la ejecución de las obras del proyecto y su addenda de confrontación del encauzamiento del río Sosa, en la zona baja del casco urbano de Monzón. Las obras tienen un plazo de ejecución de doce meses y el plazo para la presentación de ofertas concluye el 3 de julio de 2003. La licitación de las obras ha seguido la tramitación, una vez que se ha conocido que el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Constitucional no implica la paralización, aunque este aspecto ha supuesto un retraso. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de Aragón (BOE, 3 de junio de 2003), en relación con la certificación de 20 de enero de 2003 sobre afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la biodiversidad en las Zonas de Especial Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, expedida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó este recurso el 11 de febrero de 2003, previa comunicación al Ministerio de Medio Ambiente que ratificó su actuación. La CHE, como entidad encargada de esta obra, pidió los informes sobre la afección ambiental y la supervisión de posibles afecciones a la Red Natura 2000 a la DGA y a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, el 24 de octubre de 2001. El 20 de enero de 2003, tras la información pública del proyecto, se recibió el certificado de no afección de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. El 13 de febrero de 2003, días después de que el Consejo de Gobierno aragonés cuestionase la actuación ministerial, se remitió a la CHE el informe de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, que señala textualmente que "consultada la información disponible se ha constatado que la zona no está bajo ninguna figura protección" y se plantean una serie de medidas. El informe, firmado por el director general de Medio Natural, Carlos Ontañón y con salida del registro de la DGA el 18 de febrero de 2003, afirma que "dadas las características actuales del medio natural, fuertemente antropofizado, no se considera que la actuación provoque un impacto significativo en el mismo. Así pues, esta Dirección General informa favorablemente, siempre que se respete el siguiente condicionado: No se accederá al cauce con maquinaria pesada a menos que sea imprescindible intentando en todo momento cuasar el mínimo daño al cauce; el tramo previsto de escollera será sustituido por vegetación riparia, y el azud, tal y como está proyectado, no permite el paso del caudal ecológico por que se deberá modificar su construcción para permitir el paso de éste". El proyecto contempla estos aspectos. Si bien y en referencia al azud, la Confederación Hidrográfica del Ebro puntualiza que el paso de caudal ecológico está previsto en el proyecto, como no podía ser de otra forma. El Organismo de Cuenca solicita a las autoridades ambientales los informes precisos para la ejecución de todas las obras, sin perjuicio de que pueda haber duplicidad entre Administraciones con competencias compartidas.