Navarra
Diario de Navarra Pág. G018  Martes, 06/04/2004

Autor: BEATRIZ ARNEDO. PAMPLONA.
 
       
 
Comienza el proceso para poner otras 4.000 hectáreas del Canal en regadío  
 
  Es la zona de Añorbe, Artajona, Larraga, Mendigorría, Obanos y Puente la Reina    
     
 

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El Gobierno de Navarra aprobó ayer la actuación en infraestructuras agrícolas por la que se transformarán en regadío otras 4.000 hectáreas con agua procedente del Canal de Navarra. La actuación se realizará mediante la concentración parcelaria y la transformación de una zona que comprende tierras de los términos municipales de Añorbe, Artajona, Larraga, Mendigorría, Obanos y Puente la Reina. Los trabajos del denominado Sector II estarán concluidos para el año 2007. La sociedad pública Riegos de Navarra acomete en Valdizarbe, desde hace dos años, la transformación de las primeras 2.000 hectáreas (Sector I) que se regarán con el agua del embalse de Itoiz en el año 2006.
Con el acuerdo aprobado ayer por el Gobierno foral, se va avanzando en la preparación de las primeras zonas a las que llegará el agua del embalse de Itoiz que distribuirá el Canal de Navarra. Al final, se pondrán en regadío un total de 53.000 hectáreas en la Comunidad foral.
Los límites provisionales de la zona del Sector II, a la que afecta la actuación aprobada ayer, están delimitados, al norte por la divisoria del barranco de Nekeas y altos de Cortaburu (Puente la Reina); al este, por la carretera 6020 que es la que va de Artajona a Peralta; al oeste, por el río Arga, en la zona de Mendigorría, y al sur por el Arga y la carretera NA-132 de Tafalla a Estella. Son en total 6.000 hectáreas, de las que se transformarán en regadío 4.000, en los términos de Añorbe, Artajona, Larraga, Mendigorría, Obanos y Puente la Reina.
El decreto del Gobierno foral recoge una doble actuación: la concentración parcelaria y la transformación en regadío.
El consejero de Agricultura del Ejecutivo, el convergente Javier Echarte, explicó que, aunque los municipios afectados por esta segunda fase «ya tienen su concentración parcelaria realizada en años anteriores», se vuelve a hacer una nueva, «ya que hay que ajustar las unidades de riego, o las canalizaciones», para adaptarla a la estructura exigida por el regadío.
La segunda actuación es esa transformación en regadío, algo que requiere la realización de varias obras, como la toma del agua del tramo 18 del Canal de Navarra, que es el que afecta a este zona. Se debe después realizar la red básica del sector y de zona, así como la red de distribución a presión del caudal hasta los hidrantes que abastecen las unidades de riego. La última actuación será la instalación en parcela.
10.000 euros por hectárea
El consejero de Agricultura explicó que el coste por hectárea de estas actuaciones ronda los 10.000 euros (1,6 millones de pesetas). Al ser un total de 4.000 las hectáreas afectadas, el coste total ascenderá a 40 millones de euros (6.655 millones de pesetas). De esa cantidad, entre un 60 y un 65% será financiado por el Gobierno de Navarra, resaltó Echarte, y el resto, entre un 35-40%, por los particulares.
El decreto aprobado por el Gobierno declara de utilidad pública y urgente ejecución estas actuaciones, «a los fines expropiatorios de bienes y derechos, de ocupación temporal y permanente y creación de servidumbre permanentes o temporales que procedan», destaca el acuerdo adoptado.
Superficies básicas
De acuerdo con las orientaciones productivas de la zona, el decreto aprobado ayer por el Gobierno de Navarra establece el límite superior de la superficie básica de explotación de secano en 110 hectáreas, y el límite inferior, en 22 hectáreas. El límite superior de la superficie básica de explotación de regadío queda establecido en 25 hectáreas, y el límite inferior, en cinco hectáreas.
Por lo tanto, los valores de las unidades mínimas de cultivo quedan establecidos en 22 hectáreas para el secano y en cinco hectáreas para el regadío.
En cuanto a la evaluación medioambiental, Javier Echarte señaló que no será necesario iniciar ninguna, porque ya se realizó una declaración de impacto ambiental que determinó las medidas correctoras que se debían poner en marcha.