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ABC Pág.   Viernes, 24/01/2003

Autor: ÀLEX GUBERN
 
       
 
Un dictamen justifica paralizar el PHN mientras se estudia el trasvase del Ródano 
 
     
     
 

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BARCELONA. Hay base legal para paralizar las obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Al menos este es el criterio que se sostiene en un dictamen jurídico encargado por la Fundación Catalunya Oberta, entidad que defiende el proyecto de trasvase de agua del Ródano como alternativa al PHN.

Catalunya Oberta -asociación de carácter liberal de la cual forman parte ex altos cargos de CiU- encargó al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Antonio Embid Irujo, un dictamen sobre las consecuencias que conlleva la aplicación de la disposición novena del PHN, una enmienda que CiU introdujo en la aprobación parlamentaria del citado plan a cambio de su voto favorable.

En concreto, la disposición novena establece que el Ministerio de Medio Ambiente realizará «estudios que evalúen» la posibilidad de llevar a cabo «trasvases alternativos al contemplado en el proyecto (...) de cara a conocer su viabilidad». Según razona el catedrático Embid, el hecho de que la posibilidad de captar para el sistema hídrico español aguas del Ródano represente una alternativa «total» al PHN, en concreto al trasvase del Ebro a las cuencas catalanas, obliga al Gobierno a paralizar «licencias de obras, procesos de contratación y estudios de impacto ambiental» relacionados con ese plan en Cataluña.

«Completa irracionalidad»

Según defiende Embid, «los estudios sólo pueden realizarse, en términos lógicos, antes de que hayan sido ejecutadas» las obras previstas en el PHN, «pues lo contrario -añade- sería en términos lógicos, económicos y hasta jurídicos una completa irracionalidad, dado que supondría la construcción de unas infraestructuras de transporte de recursos hídricos que, quizá, no fueran a utilizarse nunca». El catedrático aragonés sostiene estas afirmaciones en virtud de las leyes de Urbanismo y el principio constitucional referido a la «programación del gasto público con criterios de eficiencia».

En este sentido, la clave jurídica de la cuestión está en saber si el Ministerio de Medio Ambiente ha accedido a estudiar la alternativa de trasvase del Ródano, una petición que ha hecho la Generalitat en repetidas ocasiones, como por ejemplo el pasado mes de noviembre, cuando se remitió al Gobierno un informe técnico igualmente elaborado por la misma Fundación en la que se demostraba la «viabilidad» técnica y económica de traer aguas del Ródano a las cuencas españolas. Según el profesor Embid, el reconocimiento por parte de Medio Ambiente de que se está estudiando una «alternativa total», «debería conducir obligatoriamente a una suspensión en las actuaciones administrativas desarrolladas para ejecutar las decisiones legalmente previstas» en la Ley, «lo que ahora afectaría singularmente a los procesos de contratación en marcha». De igual forma, si el Gobierno se negase a estudiar la demanda de la Generalitat, se vulneraría el principio de «derecho de petición». En cualquiera de los casos, y a criterio de Embid, hay base suficiente para conducir el caso a los tribunales. Con todo, el catedrático rechazó de entrada esta posibilidad, ya que, a su criterio, esta vía sólo debe emprenderse cuando una administración «no ha actuado de forma correcta», motivo por el que instó al ministerio de Jaume Matas a pronunciarse, bien a favor, bien en contra. En paralelo, en el dictamen presentado ayer se reconoce que esta paralización no puede ser permanente, sino que debe ajustarse a un plazo razonable, que Antonio Embid situó en un periodo de entre seis meses y un año.

Desgaste de CiU en Tarragona

Al margen de consideraciones jurídicas, desde Catalunya Oberta -fundación que preside el ex conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Guitart, y cuyo fundador es el ex secretario del gobierno catalán , Lluís Prenafeta- se insistió en el Ródano como una alternativa razonable a la extracción de agua del Ebro, y que, «en contra de lo que se ha dicho, es más económica», subrayó el catedrático José María Fluxá. «Por características y desnivel del terreno y por la infraestructura que se tendría que realizar, el trasvase del Ródano es una alternativa que tarde o temprano tendrá que realizarse», añadió Fluxá en relación a una obra que se ha calculado que podría costar unos 1.000 millones de euros. «El agua del Ródano eliminaría la presión sobre el Ter y el Llobregat, además de permitir un PHN con mayores garantías para el resto de España, ya que excluiría el 30% de las extracciones del Ebro que se han previsto para las cuencas internas de Cataluña», justificó Fluxá cuando hace unos meses se presentó el proyecto.

El plan prevé una canalización subterránea de 316 kilómetros de longitud, 2,40 metros de diámetro y un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Se calcula que serían necesarias 5 estaciones de bombeo y la perforación de un túnel de 4 kilómetros en Perthus.

En cualquier caso, la polémica en torno al PHN y la presentación de alternativas no puede desligarse del actual contexto político, con un intenso ciclo electoral a la vista y con CiU en una situación de claro desgaste en las comarcas de Tarragona por su apoyo al trasvase del Ebro. La insistencia de CiU en reclamar el agua del Ródano es interpretado desde la izquierda como un intento por «maquillar» -en expesión de ayer del líder de ICV, Joan Saura- su voto favorable al PHN junto al PP. Por contra, CiU justifica su voto favorable precisamente por la introducción de dos enmiendas -la novena y la décima- que permiten ahora el estudio de alternativas, como se justifica en el informe de Catalunya Oberta, y la elaboración del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Artur Mas declaró que el trasvase de agua del Ródano sería una condición «sine qua non» para una hipotética entrada de ministros de CiU en el Gobierno español.