Sociedad Múltiple	ABC	Pág.   Sabado, 23/08/2003 Autor: ABC
	Levante se enfrenta a Cataluña y Aragón en las alegaciones al trazado del trasvase del Ebro
	[2,171 Caracteres] MADRID. La finalización del plazo de presentación de alegaciones al proyecto del trazado del trasvase del Ebro y su estudio de impacto ambiental ha demostrado la radical polarización que envuelve al Plan Hidrológico Nacional. De las 233.695 alegaciones, 172.660 están a favor y 61.035 en contra, mostrando una clara evidencia en cuanto a que, mayoritariamente, las procedentes de las provincias levantinas son favorables y las originadas en Aragón o Cataluña son contrarias, todas ellas emitidas tanto desde los Gobiernos autonómicos como desde municipios, y particulares. A partir de ahora, se estudiarán todas desde el punto de vista técnico, jurídico, económico y ambiental para mejorar el proyecto de trazado y se remitirá todo el expediente -proyecto mejorado, estudio de impacto ambiental, alegaciones y respuestas del promotor- a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que deberá emitir la Declaración de Impacto Ambiental del Trasvase del Ebro. La conclusión del plazo provocó una oleada de reacciones enfrentadas. Por una parte, tanto desde la Sociedad estatal que gestiona el trasvase (Trasagua) como desde el Gobierno murciano se valoraba positivamente el número de alegaciones a favor, afirmando que «todas estas manifestaciones multitudinarias que se celebraban en contra del trasvase se van apagando», advertía el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá. O desde el Partido Popular, su portavoz, Rafael Hernando, mantenía que «hace falta mucha desfachatez para ser del PSOE en Almería y decir que no hay recursos hídricos, cuando ahora hay un plan». Desde Aragón, su consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, advirtió que «hay que distinguir entre lo que son alegaciones reales y lo que son meras adhesiones», a la vez que pedía al Ministerio que entrase «en el fondo de los contenidos y razonamientos de las alegaciones». La polémica sirvió también a Ecologistas en Acción para denunciar «el uso inmoral» de fondos públicos por parte de ayuntamientos de Murcia» para financiar la recogida de alegaciones en apoyo del PHN.