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ABC Pág.   Martes, 11/11/2003

Autor: MADRID. A. A. L.
 
       
 
La primera piedra del trasvase se pondrá antes del 2 de marzo 
 
     
     
 

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La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, aseguró ayer que si la licitación de los proyectos del trasvase del Ebro «va cumpliendo sus requisitos» se podrá poner la primera piedra antes del 2 de marzo. Tras haberse aprobado en Consejo de Ministros, el pasado 31 de octubre, la Declaración de Impacto Ambiental del trasvase del Ebro parece que los plazos comienzan a definirse, pues hasta ahora la ministra sólo se había referido al primer trimestre de 2004 o a antes de la primavera. «Vamos siguiendo los trámites del trasvase y creemos estar en condiciones para licitar algunos de los tramos en este mes y a lo mejor otros tramos en el mes de diciembre», aseguró a Efe la ministra antes de presidir ayer la reunión del Consejo Nacional del Agua.

El órgano asesor del Gobierno en materia de aguas, en el que están representados Comunidades Autónomas, Administración central y grupos ecologistas, de regantes y usuarios, se reunía ayer para debatir el texto elaborado por la Comisión Permanente del Consejo sobre la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva marco del Agua. Una normativa cuya transposición vendrá a modificar la vigente Ley de Aguas en nuestro país y que el Ministerio de Medio Ambiente pretende hacer a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Estas prisas, después de un retraso de tres años en la transposición, fueron las principales críticas vertidas por los consejeros socialistas que asistieron a la reunión, pero que no evitaron que la adaptación presentada por el Ministerio de Medio Ambiente fuera aprobada por 56 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones.

El principal objetivo de esta reforma es el de la recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los ambientales. Se trata de incentivar el uso eficiente del agua a partir del pago de su precio real. Otra de las novedades que la transposición incluirá en nuestra Ley de Aguas es que las aguas marinas costeras, junto a las continentales y de transición, serán objeto también de la planificación hidrológica. Precisamente, la inclusión de las aguas costeras motiva que surja una nueva figura jurídica, la demarcación hidrográfica, que está por encima de los actuales organismos de cuenca. Al existir ahora más organismos implicados en la gestión de las aguas se creará un Comité de Autoridades Competentes en cada una de estas demarcaciones. Éste es uno de los principales puntos de fricción con el PSOE y con CiU, que consideran que la nueva figura vulnera las competencias autonómicas. No obstante, desde el Ministerio se asegura que «en ningún caso este Comité supondrá una alteración del actual régimen de distribución de competencias».