Ley 29/1985, de 2 de Agosto de Aguas
TÍTULO |
CAPÍTULO |
SECCIÓN |
ARTÍCULOS |
Título Preliminar | Artículo 1 |
||
Título I. Del Dominio Público Hidráulico del Estado | Capítulo I. De los Bienes que lo Integran | Artículo 1-2 | |
Capítulo II. De los Cauces, Riberas y Márgenes | Artículo 4-8 | ||
Capítulo III. De los Lagos, Lagunas, Embalses y Terrenos Inundables | Artículo 9-11 | ||
Capítulo IV. De los Acuíferos Subterráneos | Artículo 12 | ||
Título II. De la Administración Pública del Agua | Capítulo I. Principios Generales | Artículo 13-16 | |
Capítulo II. Del Consejo Nacional del Agua | Artículo 17-18 | ||
Capítulo III. De los Órganos de Cuenca | Sección 1. Configuración y Funciones | Artículo 19-23 | |
Sección 2. Órganos de Gobierno y Administración | Artículo 24-34 | ||
Sección 3. Hacienda y Patrimonio |
Artículo 35-37 | ||
Título III. De la Planificación Hidrológica | Artículo 38-44 | ||
Título IV. De la Utilización del Domino Público Hidráulico | Capítulo I. Servidumbres Legales | Artículo 45-47 | |
Capítulo II. De los Usos Comunes y Privativos | Artículo 48-56 | ||
Capítulo III. De las Autorizaciones y Concesiones | Sección 1. La Concesión de Aguas en General | Artículo
57-64 |
|
Sección 2. Alumbramiento y Utilización de Aguas Subterráneas | Artículo
65-68 |
||
Sección 3. Otras Autorizaciones y Concesiones | Artículo
69-70 |
||
Sección 4. Procedimientos |
Artículo 71 | ||
Sección 5. Registro de Aguas |
Artículo 72 | ||
Capítulo IV. De las Comunidades de Usuarios | Artículo
73-83 |
||
Título V. De la Protección del Dominio Público Hidráulico y de la Calidad de las Aguas Continentales | Capítulo I. Normas Generales | Artículo
84-91 |
|
Capítulo II. De los Vertidos | Artículo
92-100 |
||
Capítulo III. De la Reutilización de Aguas Depuradas | Artículo 101 | ||
Capítulo IV. De los Auxilios del Estado | Artículo 102 | ||
Capítulo V. De las Zonas Húmedas | Artículo 103 | ||
Título VI. Del Régimen Económico-Financiero De la Utilización del Dominio Público Hidráulico | Artículo
104-107 |
||
Título VII. De las Infracciones y Sanciones y de la Competencia de los Tribunales | Artículo
108-113 |
||
Disposiciones Transitorias (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª) | |||
Disposiciones Adicionales (1ª, 2ª, 3ª) | |||
Disposición Derogatoria |
Don Juan Carlos I,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:
El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.
Asimismo el agua constituye un recurso unitario, que se renueva a través del ciclo hidrológico y que conserva, a efectos prácticos, una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas del país.
Consideradas, pues, como recurso, no cabe distinguir entre aguas superficiales y subterráneas. Unas y otras se encuentran íntimamente relacionadas, presentan una identidad de naturaleza y función y, en su conjunto, deben estar subordinadas al interés general y puestas al servicio de la nación. Se trata de un recurso que debe estar disponible no sólo en la cantidad necesaria sino también con la calidad precisa, en función de las directrices de la planificación económica, de acuerdo con las previsiones de la ordenación territorial y en la forma que la propia dinámica social demanda.
Esta disponibilidad debe lograrse sin degradar el medio ambiente en general, y el recurso en particular, minimizando los costes socioeconómicos y con una equitativa asignación de las cargas generadas por el proceso, lo que exige una previa planificación hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas para la eficaz administración del recurso en el nuevo Estado de las Autonomías.
Todas estas peculiaridades, indiscutibles desde el punto de vista científico y recogidas en su doctrina por organismos e instancias internacionales, implican la necesidad de que los instrumentos jurídicos, regulen, actualizadas, las instituciones necesarias, sobre la base de la imprescindible planificación hidrológica y el reconocimiento, para el recurso, de una sola calificación jurídica, como bien de dominio público estatal, a fin de garantizar en todo caso su tratamiento unitario, cualquiera que sea su origen inmediato, superficial o subterráneo. Este planteamiento impone, por tanto, como novedad la inclusión en el dominio público de las aguas subterráneas, desapareciendo el derecho a apropiárselas que concedía la Ley de 1879 a quien las alumbrase. Esta declaración no afecta necesariamente a los derechos adquiridos sobre las aguas subterráneas, alumbradas al amparo de la legislación que se deroga, dado el planteamiento opcional de integración en el nuevo sistema que la Ley establece.
Por otra parte, la vigente Ley de aguas, de 13 de junio de 1879, modelo en su género y en su tiempo, no puede dar respuesta a los requerimientos que suscitan la nueva organización territorial del Estado, nacida de la Constitución de 1978, las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad, los adelantos tecnológicos, la presión de la demanda y la creciente conciencia ecológica y de mejora de la calidad de vida. Buena prueba de ello es la fronda legislativa que ha sido promulgada hasta la fecha, con variado rango normativo, en un intento, a veces infructuoso, de acomodarse a las cambiantes circunstancias socioeconómicas, culturales, políticas, geográficas e incluso, de supervivencia, como en los casos puntuales de sobreexplotación o grave contaminación de acuíferos.
Se hace, pues, imprescindible una nueva legislación
en la materia, que aproveche al máximo los indudables aciertos de la legislación
precedente y contemple tradicionales instituciones para regulación de los derechos de los
regantes, de las que es ejemplo el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana,
pero que tenga muy en cuenta las transformaciones señaladas, y de manera especial, la nueva configuración autonómica del
Estado, para que el ejercicio de las competencias de las distintas Administraciones se
produzca en el obligado marco de colaboración, de forma que se logre una utilización
racional y una protección adecuada del recurso.
Artículo 1.
1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.
2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.
3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.
4. Las aguas minerales y termales se regularán por
su legislación específica.
TÍTULO I. DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL ESTADO
CAPÍTULO I. DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN
Artículo 2.
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:
- Las aguas continentales, tanto las superficiales
como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de
renovación.
- Los cauces de corrientes naturales, continuas o
discontinuas.
- Los lechos de los lagos y lagunas y los de los
embalses superficiales en cauces públicos.
- Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los
actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
Artículo 3.
La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo
podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado, o por aquellos a
quienes esta autorice.
CAPÍTULO II. DE LOS CAUCES, RIBERAS Y MÁRGENES
Artículo 4.
Alveo o cauce natural de una corriente continua o
discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
Artículo 5.
1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.
2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.
Artículo 6.
Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
- A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.
- A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente determine.
Artículo 7.
Podrán realizarse en caso de urgente necesidad
trabajos de protección de carácter provisional en las margenes de los cauces.
Serán responsables de los eventuales daños que
pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido.
Artículo 8.
Las situaciones jurídicas derivadas de las
modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación
civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas
se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente.
CAPÍTULO III.
DE LOS LAGOS, LAGUNAS, EMBALSES Y TERRENOS INUNDABLES
Artículo 9.
1. Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario.
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
Artículo 10.
Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos, siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios.
Artículo 11.
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieran.
2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las
limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y bienes. El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas
podrá establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
CAPÍTULO IV. DE LOS
ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS
Artículo 12.
El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 52.
TÍTULO
II. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA
CAPÍTULO
I. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 13.
El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:
1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
2. Respecto de la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3. Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
Artículo 14.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por cuenca hidrográfica el territorio en que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único. La cuenca hidrográfica, como unidad de gestión del recurso, se considera indivisible.
Artículo 15.
En relación con el dominio público hidráulico y en el marco de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, el Estado ejercerá, especialmente, las funciones siguientes:
La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquellas.
La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas.
El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.
El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.
Artículo 16.
1. La Comunidad Autónoma que en virtud de su Estatuto de Autonomía ejerza competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, ajustará el régimen jurídico de su Administración Hidráulica a las siguientes bases:
Aplicación de los principios establecidos en el artículo 13 de esta Ley.
La representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración Hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren.
Declarado inconstitucional por STC 227/1988, de 29 de noviembre
2. Los actos y acuerdos que infrinjan la
legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la planificación hidrológica y
afecten a su competencia en materia hidráulica, podrán ser impugnados directamente por
el delegado del Gobierno en la Administración Hidráulica ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, con petición expresa de suspensión por razones de interés
general. El Tribunal, si estima fundada esta petición, acordará la suspensión en el
primer tramite siguiente a la presentación de la impugnación. A estos efectos se
considerará, en todo caso, como contrario al interés general cualquier acto o acuerdo
que no se ajuste a la planificación hidrológica. Este apartado fue declarado
parcialmente inconstitucional por conexión con el 1.c) de este artículo.
CAPÍTULO
II. DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA
Artículo 17.
Se crea, como órgano consultivo superior en la materia, el Consejo Nacional del Agua en el que, junto con la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, estarán representados los organismos de cuenca, así como las organizaciones profesionales y económicas más representativas, de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del agua. Su composición y estructura orgánica se determinarán por Decreto.
Artículo 18.
1. El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente:
El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de
su aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes.
Los Planes Hidrológicos de Cuenca, antes de su
aprobación por el Gobierno.
Los proyectos de las disposiciones de carácter general
de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la ordenación del dominio
público hidráulico.
Los planes y proyectos de interés general de
ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de
ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación
hidrológica o a los usos del agua.
Las cuestiones comunes a dos o más organismos de
cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del
dominio público hidráulico.
2. Asimismo, emitirá informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno, o por los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.
3. El Consejo podrá proponer a las Administraciones
y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las
innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación,
recuperación, tratamiento integral y económica del agua.
inicio
CAPÍTULO
III. DE LOS ÓRGANOS DE CUENCA
SECCIÓN 1.
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 19.
En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán Organismos de Cuenca con las funciones y cometidos que se regulan en esta Ley.
Artículo 20.
1. Los Organismos de Cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, adscritas a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente y con plena autonomía funcional, de acuerdo con lo que se dispone en esta Ley.
2. Dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer ante los Tribunales todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones agotan la vía administrativa.
3. Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales.
4. Los Organismos de cuenca se regirán por la legislación aplicable a las entidades estatales autónomas en todo lo no previsto en esta Ley o en los reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.
Artículo 21.
1. Son funciones de los Organismos de cuenca:
La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
La administración y control del dominio público hidráulico.
La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
Las que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.
2. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en las letras d) y e) del apartado anterior, los Organismos de cuenca podrán:
Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en
general, realizar cualesquiera actos de administración respecto de títulos
representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la
construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas
mercantiles que tengan por objeto social la gestión de contratos de concesión de
construcción y explotación de obras hidráulicas,
previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.
Suscribir Convenios de Colaboración o participar en
Agrupaciones de Empresas y Uniones Temporales de Empresas que tengan como objeto
cualquiera de los fines anteriormente indicados.
Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a
cualquiera de las entidades relacionadas en las letras a) y b).
Artículo 22.
Los Organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos:
El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.
La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.
El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.
La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.
La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y demás entidades públicas o privadas, así como a los particulares.
En la determinación de la estructura de los Organismos de cuenca se tendrá en cuenta el criterio de separación entre las funciones de administración del dominio público hidráulico y las demás.
Artículo 23.
Los Organismos de cuenca y las Comunidades
Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas
competencias, especialmente, mediante la incorporación de aquellas a la Junta de Gobierno
de dichos organismos, según lo determinado en
esta Ley.
SECCIÓN 2. ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 24.
1. Son órganos de gobierno de los Organismos de cuenca, la Junta de Gobierno y el Presidente.
2. Son órganos de gestión, en régimen de participación, para el desarrollo de las funciones que específicamente les atribuye la presente Ley, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de Obras.
3. Es órgano de planificación el Consejo del Agua de la cuenca.
Artículo 25.
La composición de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca se determinará por vía reglamentaria, atendidas las peculiaridades de las diferentes cuencas hidrográficas y de los diversos usos del agua, de acuerdo con las siguientes normas y directrices:
La presidencia de la Junta corresponderá al Presidente del Organismo de cuenca.
La Administración del Estado contará con una representación de tres vocales como mínimo, uno de cada uno de los Ministerios de Medio Ambiente; Agricultura, Pesca y Alimentación, e Industria y Energía.
Corresponderá a la representación de los usuarios al menos un tercio del total de vocales y en todo caso un mínimo de tres, integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
Las Comunidades Autónomas que hubiesen decidido incorporarse al Organismo de Cuenca, de acuerdo con lo previsto en el artículo veintitrés, estarán representadas en su Junta de gobierno al menos por un vocal. El total de vocales representantes y su distribución se establecerán, en cada caso, en función del número de Comunidades Autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas.
Artículo 26.
Corresponde a la Junta de Gobierno:
Proponer el Plan de Actuación del organismo.
Formular sus presupuestos.
Concertar, en su caso, las operaciones de crédito necesarias para las finalidades concretas relativas a su gestión.
Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo del Agua de la cuenca.
Adoptar los acuerdos relativos a actos de disposición sobre el patrimonio del organismo.
La declaración de acuíferos sobreexplotados y la determinación de los perímetros a que se refiere el artículo 54 de esta Ley.
Y en general, deliberar sobre aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por cualquiera de sus miembros.
Artículo 27.
El Presidente del Organismo de Cuenca será nombrado y cesado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Medio Ambiente.
Artículo 28.
1. Corresponde al Presidente del Organismo de cuenca:
Ostentar la representación legal del Organismo.
Presidir la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse y el Consejo del Agua.
Cuidar de que los acuerdos de los organismos colegiados se ajusten a la legalidad vigente.
Desempeñar la superior función directiva y ejecutiva del organismo.
En general, el ejercicio de cualquier otra función que no esté expresamente atribuida a otro órgano.
2. Los actos y acuerdos de los órganos colegiados del organismo de cuenca que puedan constituir infracción de leyes o no se ajusten a la planificación hidrológica podrán ser impugnados por el Presidente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
La impugnación producirá la suspensión del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a treinta días. El procedimiento será el establecido en el artículo 118 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 29.
La Asamblea de Usuarios, integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación, tiene por finalidad coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen concesional y derechos de los usuarios.
Artículo 30.
Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica, cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados.
La constitución de las Juntas de Explotación, en las que los usuarios participarán mayoritariamente, en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se determinará reglamentariamente.
Artículo 31.
Corresponde a la Comisión de Desembalse deliberar y formular propuestas al Presidente del Organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente atendiendo al criterio de representación adecuada de los intereses afectados.
Artículo 32.
La Junta de Gobierno, a petición de los futuros
usuarios de una obra ya aprobada, podrá constituir la correspondiente Junta de Obras en
la que participarán tales usuarios en la forma que reglamentariamente se determine, a fin
de que estén directamente informados del desarrollo e incidencias de dicha obra.
Artículo 33.
1. Corresponde al Consejo del Agua elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el Plan Hidrológico de la Cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la cuenca y las relativas a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico.
2. Las Comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una cuenca hidrográfica, se incorporarán en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.
Artículo 34.
La composición del Consejo del Agua de los organismos de cuenca se establecerá, por vía reglamentaria en cada caso, ajustándose a las siguientes normas y directrices:
Cada departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará representado por un número de vocales no superior a tres.
La representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales, y estará integrada por representantes de los distintos sectores en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
Los servicios técnicos del organismo estarán representados por un máximo de tres vocales.
La representación de las Comunidades Autónomas que participen en el Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, se determinará y distribuirá en función del número de Comunidades Autónomas de la cuenca y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las Comunidades Autónomas participantes al menos por un vocal.
La representación de las Comunidades Autónomas no
será inferior a la que corresponda a los diversos departamentos ministeriales señalados
en el apartado a).
SECCIÓN 3. HACIENDA
Y PATRIMONIO
Artículo 35.
Los bienes del Estado y los de las Comunidades Autónomas, adscritos o que puedan adscribirse a los Organismos de cuenca para el cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria, correspondiendo tan solo al organismo su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes en la materia.
Artículo 36.
Con independencia de tales bienes y para el mejor cumplimiento de sus fines, los Organismos de cuenca podrán poseer un patrimonio propio integrado por:
Los bienes y derechos que figuren en el patrimonio de las actuales confederaciones hidrográficas.
Los que en el futuro pudieran adquirir con los fondos procedentes de su presupuesto.
Los que por cualquier título jurídico pudieran recibir del Estado, de las Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas o de los particulares.
Artículo 37.
Tendrán la consideración de ingresos del Organismo de cuenca los siguientes:
Los productos y rentas de su patrimonio y los de la explotación de las obras cuando les sea encomendada por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y los particulares.
Las remuneraciones por el estudio y redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras que les encomiende el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales, así como las procedentes de la prestación de servicios facultativos y técnicos.
Las asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales.
Los procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y precios autorizados al Organismo.
Los reintegros de los anticipos otorgados por el Estado para la construcción de obras hidráulicas que realice el propio Organismo.
El producto de las posibles aportaciones acordadas
por los usuarios, para obras o actuaciones específicas, así como cualquier otra
percepción autorizada por disposición legal.
TÍTULO
III. DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Artículo 38.
1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
2. La planificación se realizara mediante los planes hidrológicos de cuenca y el plan hidrológico nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico se determinará reglamentariamente.
3. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearan por si solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones que les afecten.
5. El Gobierno aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 16, serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 38.1 y 40, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional.
Artículo 39.
1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los Planes Hidrológicos de cuenca se realizaran por el Organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca se regulará por vía reglamentaria, en la que necesariamente se preverá la participación de los departamentos ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas de los organismos correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta.
Artículo 40.
Los Planes Hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:
El inventario de los recursos hidráulicas.
Los usos y demandas existentes y previsibles.
Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.
La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural.
Las características básicas de calidad de aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales.
Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicas y terrenos disponibles.
Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso en entorno afectados.
Los Planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la Administración.
Las directrices para recarga y protección de acuíferos.
Las infraestructuras básicas requeridas por el Plan.
Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los condicionantes requeridos para su ejecución.
Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicas.
Artículo 41.
1. En los Planes Hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua y de terrenos, necesarias para las actuaciones y obras previstas.
2. Podrán ser declarados de protección especial
determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus
características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental
y de protección de la naturaleza.
Los Planes Hidrológicos recogerán la clasificación
de dichas zonas y las condiciones especificas para su protección.
3. Las previsiones de los Planes Hidrológicos a que
se refieren los apartados anteriores deberán ser respetadas en los diferentes
instrumentos de ordenación urbanística del territorio.
Artículo 42.
1. El Gobierno podrá hacer la declaración de utilidad pública de los trabajos, estudios e investigaciones requeridas para la elaboración y revisión de los Planes Hidrológicos que se realicen por los servicios del Ministerio de Medio Ambiente, por el Instituto Geológico y Minero de España, o por cualquier otro Organismo de las Administraciones Públicas.
2. La aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca implicará la declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el Plan.
Artículo 43.
1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:
Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca.
La solución para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan.
La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicas entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca.
Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.
2. Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, conjuntamente con los departamentos ministeriales relacionados con el uso de los recursos hidráulicos.
3. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los Planes Hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.
Artículo 44.
Las obras públicas de carácter hidráulico que
sean de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma
habrán de ser aprobadas por Ley e incorporadas al Plan Hidrológico Nacional.
TÍTULO
IV. DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO
CAPÍTULO
I. SERVIDUMBRES LEGALES
Artículo 45.
1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.
2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos, o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de no existir la correspondiente servidumbre.
Artículo 46.
1. Los Organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en el reglamento de esta Ley, la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera.
2. Con arreglo a las mismas normas, los Organismos
de cuenca podrán imponer las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de
presa y de parada o partidor, así como las de paso cuando se trate de garantizar el
acceso o facilitar el mismo a
zona de dominio público de los cauces, para usos
determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y en general cuantas servidumbres
estén previstas en el Código Civil.
3. El expediente de constitución de servidumbre deberá reducir, en lo posible, el gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente.
4. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de revisión que seguirá los mismos trámites reglamentarios que los previstos en el de constitución.
5. El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 47.
En toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y
las márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que
vayan destinadas las aguas, o en caso de evacuación, de los que procedieran.
CAPÍTULO
II. DE LOS USOS COMUNES Y PRIVATIVOS
Artículo 48.
1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan las leyes y reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado.
2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales tendrán, además, las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.
3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación especifica.
4. La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas, ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.
Artículo 49.
Requerirán autorización administrativa previa, los siguientes usos comunes especiales:
La navegación y flotación.
El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
Artículo 50.
1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico.
Artículo 51.
1. El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, se extingue:
Por término del plazo de su concesión.
Por caducidad de la concesión en los términos previstos en el artículo 64.
Por expropiación forzosa.
Por renuncia expresa del concesionario.
2. La declaración de la extinción del derecho al uso privativo del agua requerirá la previa audiencia de los titulares del mismo.
3. Cuando el destino dado a las aguas concedidas fuese el riego o el abastecimiento de población, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquélla.
En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el Plan Hidrológico Nacional, el Organismo de cuenca tramitará el expediente excluyendo el trámite de proyectos en competencia.
4. Al extinguirse el derecho concesional, revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional. Este apartado 4, fue declarado parcialmente inconstitucional por STC 227/1988.
5. Los derechos adquiridos por disposición legal se perderán según lo establecido en la norma que los regule o, en su defecto, por disposición normativa del mismo rango.
Artículo 52.
1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio, aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.
Artículo 53.
1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses
establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de
adaptarse la utilización coordinada de los
aprovechamientos existentes.
2. Con carácter temporal, podrá también
condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que
genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de
otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer
la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo
entre las partes, la determinación de su cuantía.
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún Plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el Organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones.
Artículo 54.
1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobre explotados o en riesgo de estarlo, debiendo a la vez imponer una ordenación de todas las extracciones para lograr su explotación más racional, y proceder a la correspondiente revisión del Plan Hidrológico.
2. Podrá determinar también perímetros dentro de los cuales no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en Comunidades de Usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley.
3. Asimismo, podrá determinar perímetros de protección del acuífero en los que será necesaria autorización del Organismo de cuenca para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarlo.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de acuífero sobre explotado y la determinación de los perímetros a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 55.
1. Los titulares de los aprovechamientos mineros previstos en la legislación de minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras. A estos efectos deberán solicitar la correspondiente concesión, tramitada conforme a lo previsto en esta Ley.
2. Si existieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las pondrá a disposición del Organismo de cuenca, que determinará el destino de las mismas o las condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especialmente a su calidad.
3. Cuando las aguas captadas en labores mineras afecten a otras concesiones, se estará a lo dispuesto al efecto de esta Ley.
Artículo 56.
En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobre explotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o
concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto
acordado en Consejo de
Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá
adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en
relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido
objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas, llevara implícita
la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para
desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y
derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.
CAPÍTULO
III. DE LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
SECCIÓN 1. LA
CONCESIÓN DE AGUAS EN GENERAL
Artículo 57.
1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 52 requiere concesión administrativa.
2. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.
3. Si para la realización de las obras de una nueva concesión, fuese necesario modificar la toma o capitación de otra u otras preexistentes, el Organismo de cuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación, siendo los gastos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 63 de esta Ley.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los órganos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de las aguas previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros.
6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda será amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, este podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.
Artículo 58.
1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.
2. Toda concesión esta sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a
favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca.
3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con
carácter general el siguiente:
Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.
Regadíos y usos agrarios.
Usos industriales para producción de energía eléctrica.
Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
Acuicultura.
Usos recreativos.
Navegación y transporte acuático.
Otros aprovechamientos.
El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los planes hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1) de la precedente enumeración.
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua.
Artículo 59.
1. Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.
2. El agua que se conceda queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos.
3. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen, con el fin de racionalizar el aprovechamiento del recurso.
La Administración responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo repercutir estos gastos sobre beneficiarios.
4. Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las Comunidades de Usuarios y de lo que se establece en el artículo siguiente.
Artículo 60.
1. Podrán otorgarse concesiones de aguas para el riego, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, aunque no ostente la titularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.
2. En este supuesto, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.
3. El titular de una concesión para riego en régimen de servicio público, no podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 51.3, correspondiendo a los titulares de la superficie regada el derecho a instar una nueva concesión, en los términos de dicho apartado.
4. Las obras e instalaciones que no hayan revertido al Estado pasarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesionario.
Artículo 61.
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la Constitución de gravámenes sobre los mismo requerirá autorización administrativa previa.
En los demás casos solo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se establezcan, la transferencia o la constitución del gravamen.
Artículo 62.
Toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante.
Artículo 63.
1. Las concesiones podrán ser revisadas:
Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.
Cuando lo exija su adecuación a los planes hidrológicos.
2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión pueda cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.
A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.
3. Sólo en el caso señalado en la letra c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.
4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado 2 no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna, sin perjuicio de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones concesionales.
Artículo 64.
1. Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales o plazos en ella previstos.
2. Asimismo el derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la
interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que
aquella sea imputable al titular.
inicio
SECCIÓN
2. ALUMBRAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Artículo 65.
Los propietarios de los terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozarán de preferencia para el otorgamiento de la autorización dentro del mismo orden de prelación a que se refiere el artículo58.
Artículo 66.
1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para investigación de aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo el trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse.
2. El plazo de la autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la realización de las labores.
3. Si la investigación fuera favorable, el interesado deberá, en un plazo de seis meses, formalizar la petición de concesión, que se tramitará sin competencia de proyectos.
Artículo 67.
Cuando el concesionario no sea propietario del terreno en que se realice la capitación y el aprovechamiento hubiese sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determinará el lugar de emplazamiento de las instalaciones, con el fin de que sean mínimos los posibles perjuicios, cuya indemnización se fijará con arreglo a la legislación de expropiación forzosa.
Artículo 68.
A falta de Plan Hidrológico de cuenca, o de
definición suficiente en el mismo, la Administración concedente considerará para el
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas su posible afección a captaciones
anteriores legalizadas, debiendo, en todo caso, el titular de la nueva concesión
indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes, como
consecuencia del acondicionamiento de las obras e instalaciones que sea necesario efectuar
para asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente explotados.
SECCIÓN
3. OTRAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Artículo 69.
1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización administrativa.
2. En el otorgamiento de concesiones o
autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o
arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para
baños públicos, se considerará la posible incidencia
ecológica desfavorable, debiendo exigirse las
adecuadas garantías para la restitución del medio.
Artículo 70.
Las autorizaciones para navegación recreativa en
embalses se condicionarán atendiendo a los usos previstos para las aguas
almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el
acceso a las zonas de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTO
Artículo 71.
1. La duración de las concesiones y autorizaciones, los supuestos y requisitos para su declaración de utilidad pública, así como el procedimiento para su tramitación serán establecidos reglamentariamente.
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de
concesiones se ajustará a los principios de publicidad y tramitación en competencia,
prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional
utilización del agua y una mejor protección de su entorno. El principio de competencia
podrá eliminarse cuando se trate de abastecimientos de agua a
poblaciones.
3. Para las concesiones de escasa importancia por su
cuantía, incluidas las destinadas a aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña
potencia, se establecerán reglamentariamente procedimientos simplificados acordes con sus
características.
SECCIÓN
5. REGISTRO DE AGUAS
Artículo 72.
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. La organización y normas de funcionamiento del Registro de aguas se fijarán por vía reglamentaria.
2. El Registro de aguas tendrá carácter público, pudiendo interesarse del Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido.
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el Registro correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión y de lo establecido en la legislación en materia de aguas.
4. La inscripción registral será medio de prueba
de la existencia y situación de la concesión.
CAPÍTULO
IV. DE LAS COMUNIDADES DE USUARIOS
Artículo 73.
1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán Comunidades de Regantes; en otro caso, las Comunidades recibirán el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.
Los Estatutos u Ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca.
Los Estatutos u Ordenanzas regularán la Organización de las Comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.
El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los Estatutos y Ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.
2. Las Comunidades de Usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, podrán formar una Comunidad General para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses.
3. Del mismo modo, los usuarios individuales y las Comunidades de Usuarios, podrán formar por convenio una Junta Central de Usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos.
4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintos tipos de Comunidades y Juntas Centrales de Usuarios.
5. Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo consejen, o cuando el número de partícipes sea reducido, el régimen de Comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos, que deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
Artículo 74.
1. Las Comunidades de Usuarios tienen el carácter de Corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus Estatutos u Ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento.
2. Los Estatutos y Ordenanzas de las Comunidades de Usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes de dominio público hidráulico; regularán la participación y representación obligatoria y en relación a sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer, asimismo, en equitativa proporción, los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan.
3. Las Comunidades Generales y las Juntas Centrales de Usuarios se compondrán de representantes de los usuarios interesados. Sus Ordenanzas y Reglamentos deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
4. Las Comunidades de Usuarios que carezcan de Ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podrá establecerlas que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.
Artículo 75.
1. Las Comunidades podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio.
Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
2. Las Comunidades de Usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las Comunidades vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones que la Administración les ordene a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquellas se realicen.
4. Las deudas a la Comunidad de Usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de riego.
Artículo 76.
1. Toda Comunidad de Usuarios tendrá una Junta General o Asamblea, una Junta de Gobierno y uno o varios Jurados.
2. La Junta General, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano.
3. La Junta de Gobierno, elegida por la Junta General, es la encargada de la ejecución de las Ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por la Junta General.
4. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno:
Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos.
Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales.
Someter a la aprobación de la Junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que estime oportuno.
5. Los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de cuenca.
6. Al Jurado corresponde conocer en las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la Comunidad en el ámbito de las Ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción.
Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que determine la costumbre y el reglamento. Sus fallos serán ejecutivos.
Artículo 77.
Los aprovechamientos colectivos, que hasta ahora hayan tenido un régimen consignado en Ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientras los usuarios no decidan su modificación de acuerdo con ellas.
Del mismo modo, allí donde existan Jurados o
Tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continuarán con su
organización tradicional.
Artículo 78.
La titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de la Comunidad de Usuarios quedará definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización.
Artículo 79.
Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento del Organismo de cuenca, a constituir una Comunidad de usuarios, correspondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar sus límites y establecer el sistema de utilización conjunta de las aguas.
Artículo 80.
El Organismo de cuenca podrá obligar a la
constitución de Comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas
superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los
recursos de una misma zona.
Artículo 81.
1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las Corporaciones locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras Entidades semejantes, de acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través de una misma empresa concesionaria.
2. Con independencia de su especial estatuto jurídico, el Consorcio o Comunidad de que se trate elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 74.
Artículo 82.
Las Entidades públicas, Corporaciones o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, podrán constituirse en Comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explotaciones y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección del entorno natural. El Organismo de cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de Comunidades de usuarios.
Artículo 83.
Las disposiciones contenidas en los artículos
anteriores podrán ser aplicadas a otros tipos de Comunidades no mencionadas expresamente,
y, entre ellas, a las de avenamiento o a las que se constituyan para la construcción,
conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.
TÍTULO
V. DE LA PROTECCION DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES
CAPÍTULO
I. NORMAS GENERALES
Artículo 84.
Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro:
Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas.
Evitar cualquier otra actuación que pueda se causa de su degradación.
Artículo 85.
Se entiende por contaminación, a los efectos de esta Ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
El concepto de degradación del dominio público hidráulico a efectos de esta ley, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.
Artículo 86.
La policía de las aguas superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente.
Artículo 87.
El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.
Artículo 88.
1. A fin de proteger adecuadamente la calidad del agua, el Gobierno podrá establecer alrededor de los lechos de lagos, lagunas y embalses, definidos en el artículo 9 de esta Ley, un área en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Este apartado fue declarado parcialmente inconstitucional por STC 227/1988, de 29 de noviembre.
2. Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio, necesarias para su explotación.
3. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.
Artículo 89.
Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 :
Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los planes hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
Artículo 90.
En la tramitación de concesiones y autorizaciones
que afecten al dominio público hidráulico y pudieran implicar riesgos para el medio
ambiente, será preceptiva la presentación de una evaluación de sus efectos.
Artículo 91.
La protección de las aguas subterráneas frente a
intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se realizará, entre
otras acciones, mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y,
en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes. Los criterios
básicos para ello serán incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo
al Organismo de cuenca la adopción de las medidas oportunas.
CAPÍTULO
II. DE LOS VERTIDOS
Artículo 92.
Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales requiere autorización administrativa.
A los efectos de la presente Ley se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.
Artículo 93.
1. Las autorizaciones de vertido concretarán todos los extremos que por vía reglamentaria se exijan.
En todo caso, quedarán reflejados en ellas las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los límites que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon de vertido definido en el artículo 105.
2. En la autorización podrán estipularse plazos para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen.
Artículo 94.
Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, solo podrá autorizarse si el estudio hidro-geológico previo demostrase su inocuidad.
Artículo 95.
Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.
El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las aguas, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones excepcionales previsibles.
Artículo 96.
El Organismo de cuenca podrá suspender temporalmente las autorizaciones de vertido, o modificar sus condiciones, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiese alterado, o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Corresponderá al Gobierno la suspensión definitiva de la autorización.
Artículo 97.
Las autorizaciones de vertido podrán ser revocadas por incumplimiento de sus condiciones.
En casos especialmente cualificados de incumplimiento de condiciones, de los que resultasen daños muy graves al dominio público hidráulico, la revocación llevará consigo la caducidad de la correspondiente concesión de aguas sin derecho a indemnización.
Artículo 98.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, de no estimar más procedente adoptar las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrirlos causantes de los mismos.
Artículo 99.
El Organismo de cuenca podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales, cuando no fuera procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.
En este supuesto, el Organismo de cuenca reclamará del titular de la autorización, incluso por vía de apremio:
Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los términos previstos en la autorización.
Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones.
Artículo 100.
Podrán constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Las autorizaciones de vertido que a su favor se otorguen, incluirán, además de las condiciones exigidas con carácter general, las siguientes:
Las de admisibilidad de los vertidos que van a ser tratados por la empresa.
Las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica.
La obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia de los tratamientos.
La cuantía de la fianza y los efectos que se
deriven de la revocación de la autorización se determinarán reglamentariamente.
CAPÍTULO
III. DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS
Artículo 101.
El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos de depuración, su calidad y los usos previstos.
En el caso de que la reutilización se lleve a cabo
por persona distinta del primer usuario de las aguas, se considerarán ambos
aprovechamientos como independientes, y deberán ser objeto de concesiones distintas. Los
títulos concesionales podrán incorporar las condiciones para la protección de los
derechos de ambos usuarios.
CAPÍTULO IV. DE LOS AUXILIOS DEL ESTADO
Artículo 102.
Se determinarán reglamentariamente las ayudas que
podrán concederse a quienes procedan al desarrollo, implantación o modificación de
tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, así como a cambios en la explotación,
que signifiquen una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor
aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas. Asimismo, podrán
concederse ayudas a quienes realicen plantaciones forestales, cuyo objetivo sea la
protección de los recursos hidráulicos.
Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la
potabilización y desalinización de aguas y a la depuración de aguas residuales,
mediante procesos o métodos más adecuados, a la implantación de sistemas de
reutilización de aguas residuales, o desarrollen actividades de investigación en estas
materias.
CAPÍTULO
V. DE LAS ZONAS HÚMEDAS
Artículo 103.
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica.
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa.
4. Los Organismos de cuenca y la Administración medio-ambiental competente coordinarán sus actuaciones para una protección eficaz de las zonas húmedas de interés natural o paisajístico.
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medio-ambiental.
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo
informe favorable de los órganos competentes en materia de medio ambiente, podrán
promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo
saneamiento se considere de interés público.
TÍTULO
VI. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Artículo 104.
1. La ocupación o utilización que requiera autorización o concesión de los bienes del dominio público hidráulico, a que se refieren los apartados b) y c)del artículo 2 de esta Ley, se gravará con un canon destinado a la protección y mejora de dicho dominio, cuya aplicación se hará pública por el Organismo de cuenca. Los concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.
2. La base imponible de esta exacción será el valor del bien utilizado, teniendo en cuenta el rendimiento que reporte. El tipo de gravamen anual será el 4% sobre el valor de la base imponible.
3. Este canon será gestionado y recaudado, en nombre del Estado, por los Organismos de cuenca, quienes informarán al Ministerio de Economía y Hacienda periódicamente en la forma en que el mismo determine.
Artículo 105.
1. Los vertidos autorizados, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes de esta Ley, se gravarán con un canon destinado a la protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.
2. El importe de esta exacción, será el resultado de multiplicar la carga contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor que se asigne a la unidad.
Se entiende por unidad de contaminación un patrón
convencional de medida, que se fijará reglamentariamente, referido a la carga
contaminante producida por el vertido tipo de aguas domésticas, correspondiente a 1.000
habitantes y al período de un año.
Asimismo, por vía reglamentaria se establecerán los
baremos de equivalencia para los vertidos de aguas residuales de otra naturaleza. El valor
de la unidad de contaminación, que podrá ser distinto para los distintos ríos y tramos
de río, se determinará y revisará en su caso, de acuerdo con las previsiones de los
planes hidrológicos respecto a la calidad de las aguas continentales,
de modo que se cubra la financiación de las obras
necesarias para el cumplimiento de dichas previsiones.
3. Este canon será percibido por los Organismos de cuenca y será destinado a las actuaciones de protección de la calidad de las aguas que hayan sido previstas en los planes hidrológicos de cuenca, a cuyo efecto se pondrá a disposición de los Organismos competentes.
4. Cuando el sujeto pasivo del canon de vertido
viniera obligado a soportar otras cargas económicas, ya establecidas o que puedan serlo
por las Comunidades Autónomas o por las Corporaciones locales, en el ejercicio de sus
competencias, para financiar planes o programas públicos de depuración de aguas
residuales, el Consejo del Agua determinará anualmente las
deducciones que deban realizarse en el importe del
canon de vertido.
Artículo 106.
1. Los beneficiados por las obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas realizadas total o parcialmente, a cargo del Estado, satisfarán un canon destinado a compensar la aportación del Estado y atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
2. Los beneficios por otras obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción destinada a compensar los costes de inversión y atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando las siguientes cantidades:
El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.
Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras.
El 4% del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.
4. La distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso de agua, equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se determine.
5. Estas exacciones serán gestionadas y recaudadas, en nombre del Estado, por los Organismos de cuenca, quienes informarán al Ministerio de Economía y Hacienda periódicamente en la forma en que el mismo determine.
Artículo 107.
1. Reglamentariamente podrá establecerse la autoliquidación de los cánones o exacciones mencionados en los artículos anteriores.
2. Los actos de aprobación y liquidación de estos
cánones o exacciones tendrán carácter económico-administrativo. Sin perjuicio de lo
dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de
los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del débito por la vía
administrativa del apremio. El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho
a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.
TÍTULO
VII. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DE LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
Artículo 108.
Se considerarán infracciones administrativas:
Las acciones que causen daños a los bienes del dominio hidráulico.
La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.
El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.
La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización.
Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.
El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.
Artículo 109.
1. Las citadas infracciones se calificarán
reglamentariamente de leves, menos graves, graves o muy graves, atendiendo a su
repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su
trascendencia por lo que respecta a la seguridad
de las personas y bienes y a las circunstancias del
responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al
deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes
multas:
Infracciones leves, multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Infracciones menos graves, multa de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
Infracciones graves, multa de 5.000.001 a 50.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves, multa de 50.000.0001 a 100.000.000 de pesetas.
2. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. La sanción de las infracciones graves corresponderá al Director general competente cuando su cuantía no rebasara la cifra de 25.000.000 de pesetas y al Ministro de Medio Ambiente cuando supere esta cifra. La sanción de las infracciones muy graves corresponderá al Ministro de Medio Ambiente cuando su cuantía no rebase la cifra de 75.000.000 de pesetas y al Consejo de Ministros cuando supere esta cifra.
La comisión reiterada de infracciones muy graves, en los territorios y momentos en que haya sido declarada por el Gobierno la aplicación de las medidas previstas en el artículo 56, podrá ser sancionada por el Ministro de Medio Ambiente con la caducidad de la concesión del infractor.
La comisión de una segunda infracción muy grave en los territorios y momentos en que haya sido declarada por el Gobierno la aplicación de las medidas previstas en el artículo 56, podrá ser sancionada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, con la caducidad de la concesión del infractor.
3. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de las sanciones, previsto en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 110.
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera lugar, podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.
Artículo 111.
Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos considerados en la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10% de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
Artículo 112.
En los supuestos en que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a la
Jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no se haya
pronunciado. La sanción de la autoridad judicial
excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de
delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a
los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
Artículo 113.
Corresponde a la Jurisdicción
contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en
relación con los actos de cualesquiera Administraciones Públicas en materia de aguas,
sujetos al Derecho administrativo.
Primera. 1. Quienes, conforme a la normativa que se
deroga, fueran titulares de aprovechamientos de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público
estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia ley establece,
durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la
misma, de no fijarse en su título otro menor.
2. Podrán legalizarse, mediante inscripción en el
Registro de aguas, aquellos aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la
normativa anterior, si sus titulares acreditaran por acta de notoriedad, de conformidad
con los requisitos de la legislación
notarial e hipotecaria y en el plazo de tres años,
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el derecho a la utilización
del recurso en los mismos términos en que se hubiera venido disfrutando el
aprovechamiento durante veinte años. Las actas de notoriedad, que se tramiten durante el
citado período de tres años gozarán de la exención total en el pago del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, así como los de cualquier
tasa, canon y arbitrio que en otro caso hubieran de abonar. El derecho a la utilización
del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados desde la
entrada en vigor de esta Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del
aprovechamiento a las necesidades reales.
3. Los actuales titulares de aprovechamientos de aguas, por cualquier otro concepto distinto de los anteriores, conservarán el derecho a la utilización del recurso de acuerdo con lo que se establece en las disposiciones siguientes.
Segunda. Los actuales titulares de aprovechamientos de aguas, por cualquier otro concepto distinto de los anteriores, conservarán el derecho a la utilización del recurso de acuerdo con lo que se establece en las disposiciones siguientes.
1. En el plazo se tres años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los titulares de algún derecho conforme a la legislación que se deroga, sobre aguas privadas procedentes de manantiales que vinieran utilizándose en todo o en parte, podrán acreditar el mismo, así como el régimen de utilización del recurso, ante el Organismo de cuenca, para su inclusión en el Registro de aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas. Dicho régimen será respetado por un plazo máximo de cincuenta años. Quienes, al término de dicho plazo, se encontraran utilizando los caudales, en virtud de título legítimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
El carácter opcional de la alternativa que se regula en este apartado excluye cualquier obligación compensatoria para la Administración hacia quien la ejercite, como consecuencia de la transformación del derecho.
2. Transcurrido el plazo de tres años previsto en el apartado 1, sin que los interesados hubiesen acreditado sus derechos, aquellos mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de aguas.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de la condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación según lo establecido en la presente Ley.
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan la sobre-explotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
Tercera. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan la sobre-explotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
1. Quienes, conforme a la legislación que se
deroga, fueran titulares de algún derecho sobre aguas privadas procedentes de pozos o
galerías en explotación, podrán acreditar en el plazo de tres años, a partir de la
entrada en vigor de la Ley y ante el Organismo de cuenca correspondiente, para su
inscripción en el Registro de aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas,
tanto su derecho a la utilización del recurso como la no afección, en su caso, a otros
aprovechamientos legales preexistentes. La Administración respetará el régimen de
explotación de los caudales realmente utilizados, por un plazo de cincuenta años.
Quienes, al termino de dicho plazo, se encuentren
utilizando los caudales en virtud de título legitimo, tendrán derecho preferente para la
obtención de la correspondiente concesión administrativa, de conformidad con lo previsto
en la presente Ley.
El carácter opcional de la alternativa que se regula en este apartado excluye cualquier obligación compensatoria de la Administración en favor de quien la ejercite, como consecuencia de la transformación del derecho.
2. Transcurrido el plazo de tres años previsto en el apartado 1 de esta disposición, será de aplicación lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación, según lo establecido en la presente Ley.
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas privadas a que se refiere esta disposición transitoria, les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
Cuarta. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas privadas a que se refiere esta disposición transitoria, les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
1. Los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a esta Ley se podrán inscribir en el Registro de aguas a petición de sus titulares legítimos y a los efectos previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
2. Todos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a esta Ley, se declararán por sus titulares legítimos ante el Organismo de cuenca, en los plazos que se determinen reglamentariamente.
El Organismo de cuenca, previo conocimiento de sus características y aforo, los incluirá en el catálogo de aprovechamientos de aguas privadas de la cuenca.
3. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
Quinta. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
Los Planes Hidrológicos de cuenca, aprobados antes de la promulgación del Plan Hidrológico Nacional, tendrán plena eficacia jurídica. Los titulares de concesiones administrativas otorgadas al amparo de dichos planes deberán ser indemnizados, de no haber dispuesto otra cosa en sus respectivos condicionados, por los perjuicios que, en su caso, les irrogue la aplicación del Plan Hidrológico Nacional.
Sexta. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
Hasta tanto sea aprobado el Plan hidrológico de la cuenca, las concesiones se otorgarán atendiendo a la existencia de caudales suficientes y de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 58.
Séptima. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
En el plazo y del modo que reglamentariamente se determine, los Organismos de cuenca revisarán las características de los aprovechamientos actualmente inscritos en el Registro de aprovechamiento de aguas públicas, con trámite previo al traslado de sus asientos al Registro de aguas del Organismo de cuenca correspondiente.
Octava. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
Sólo computará, para la actualización de los valores de las inversiones de obras ya realizadas a que se refiere el artículo 106, el período que haya transcurrido desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Novena. Los titulares de aprovechamientos de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de aguas o incluido en el catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 109 de la presente Ley.
En aquellas cuencas en que no se hubiesen promulgado
los Reales Decretos constitutivos del Organismo de cuenca, las funciones previstas para
dichos organismos en esta Ley serán ejercidas por los organismos administrativos
competentes con anterioridad a la promulgación de esta Ley.
Primera. Los lagos, lagunas y charcas, sobre los que existan inscripciones expresas en el Registro de la Propiedad, conservarán el carácter dominical que ostenten en el momento de entrar en vigor la presente Ley.
Segunda. Las Comunidades Autónomas que deseen incorporarse a la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca, según lo previsto en el artículo 23 de esta Ley, ejercerán su opción, dentro del plazo de tres meses, a partir de la publicación de la disposición reglamentaria que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.3 defina el correspondiente ámbito territorial.
Se faculta al Gobierno para que pueda modificar los decretos constitutivos de los Organismos de cuenca, cuando lo exigiera la incorporación a ellos de otras Comunidades Autónomas que no hubiesen ejercitado su opción en el plazo establecido. Estas modificaciones no podrán ser acometidas en ningún caso antes de que transcurran dos años desde la aprobación del decreto constitutivo del Organismo.
Tercera. Esta Ley no producirá efectos derogatorios respecto de la legislación que actualmente se aplica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que subsistirá en tanto esta no dicte su propia legislación.
Serán de aplicación, en todo caso, en dicha Comunidad Autónoma, a partir de la entrada en vigor de su nueva legislación, los artículos de esta Ley que definen el dominio público hidráulico estatal y aquellos que supongan una modificación o derogación de las disposiciones contenidas en el Código Civil.
Cuarta. Las funciones que, de acuerdo con esta Ley, ejercen los Organismos de cuenca en aquellas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, corresponderán a las administraciones hidráulicas de aquellas Comunidades que en su propio territorio y en virtud de sus Estatutos de Autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate de cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial.
Quinta. El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá una estadística que permita la vigilancia de la evolución de la cantidad y la calidad de las aguas continentales en relación con las características definidas en los Planes hidrológicos.
Sexta. Sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecida por esta Ley, el Instituto Geológico y Minero de España formulará y desarrollará Planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos subterráneos, y prestará asesoramiento técnico a las distintas Administraciones Públicas en materias relacionadas con las aguas subterráneas.
Séptima. Las posibles limitaciones en el uso del
suelo y reservas de terreno, previstas en los artículos 6, 11, 18, 1.d), 41 y 88 de esta
Ley, se aplicarán sin menoscabo de las competencias que las Comunidades Autónomas puedan
ejercer en materia de ordenación del territorio.
Primera. En todo lo que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil.
Segunda. Se autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el cumplimiento de esta Ley.
Tercera. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1986, con excepción de la disposición adicional segunda, que será de aplicación desde la fecha de su promulgación.
Cuarta. Los estatutos u ordenanzas de las
Comunidades de usuarios ya constituidas seguirán vigentes, sin perjuicio de que, en su
caso, hayan de ser revisados para adaptarlos a los principios constitucionales de
representatividad y estructura democrática.
1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:
Ley de aguas de 13 de junio de 1879.
Los artículos 407 a 425 del Código Civil de 24 de julio de 1889 en cuanto se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Ley de 24 de julio de 1918, sobre desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos.
Real Decreto-Ley de 19 de julio de 1927, por el que se modifica el artículo 1de la Ley anterior.
Ley de 20 de mayo de 1932, sobre atribución a los jefes de obras públicas de facultades de los gobernadores civiles, y artículo 38.5 de la Ley de montes de 8 de junio de 1957.
2. Quedan igualmente derogadas las demás disposiciones de carácter general que se opongan a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional tercera.
3. El Gobierno, antes de la entrada en vigor de esta
Ley, mediante Real-Decreto, completará la tabla de vigencias de las disposiciones
afectadas por la presente Ley.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
- Juan Carlos R. -