Análisis de la sostenibilidad y alternativas del Plan Hidrológico de 2000

Francisco Javier Ayala-Carcedo
Investigador
ITGE

Cuando comienzo a redactar estas líneas, acabo de venir del Alto Jarama, de ver un río de montaña de aguas claras y aun abundantes a pesar de la sequía otoñal, lleno de vida, que no puedo por menos que comparar con el Bajo Lozoya seco y muerto aguas abajo del madrileño embalse del Atazar, a pesar de las disposiciones sobre caudal ecológico, que vi a fines de septiembre. Comparando ambas vivencias con las de los ríos de mi niñez, en los años 50, no puedo por menos de preguntarme qué ha hecho de nuestros ríos la visión productivista, hidráulica, que ha llenado todo este siglo que muere.

Estas reflexiones, son pertinentes al tema, ya que a menudo se olvida que el agua tiene más funciones que las productivas; tiene funciones ecológicas, culturales, recreativas, deportivas, estéticas, y que un Plan que no las contemple en su totalidad, y a los ríos como complejos sistemas naturales donde todo está interrelacionado, no es un Plan sostenible. Analizaremos esta sostenibilidad desde su triple fundamento: ecológico, social y económico.

Figura 1. El agua tiene un conjunto de funciones que debe cumplir en su consjunto un desarrollo sostenible. Hasta hoy, la política practicada ha sido una política completamente sesgada hacia la función productiva tradicional.

Sostenibilidad Ecológica

El Anteproyecto, viene precedido por dos disposiciones europeas de gran calado, que sin duda han obligado a una especial consideración de esta dimensión, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales y la Directiva Marco del Agua.

Según el Anteproyecto de Ley, uno de sus objetivos, es "alcanzar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico". A ello dedica 6 de los 31 Artículos (dedicados en gran parte al trasvase), conteniendo la figura, novedosa y positiva, de las Reservas ecológicas en el dominio público hidráulico. A nivel presupuestario, el Ministerio de Medio Ambiente, piensa dedicar a saneamiento y depuración unos 0,43 billones y 0,21 a reforestación (de forma poco definida frente a las necesidades de regeneración a nivel de cuenca), así como 0,29 á control de calidad, es decir, el 25% para objetivos ecológicos contando en el total los 0,7 iniciales del trasvase Ebro-Levante.

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la detracción de caudales o la alteración de su régimen que suponen las obras de regulación planteadas, especialmente en el Ebro y Guadalquivir, representan menos nutrientes, menos oxígeno para la vida, menos poder de dilución de contaminantes, menos calidad ecológica en definitiva; aquí, cantidad es calidad.
Si se tienen en cuenta los niveles de regulación de las cuencas, 64% el Ebro, 83% el Segura (una cloaca), 76 % el Júcar, y los fuertes estiajes mediterráneos, es difícil no pensar que nuestros ríos mediterráneos están, hoy, ecológicamente sobreexplotados y que los nuevos embalses previstos, especialmente en el Ebro, con el antiecológico y físicamente inviable Pacto del Agua, más el trasvase Ebro-Levante, van a situar estos ríos, por mucha depuración que haya, en estado comatoso.

Figura 2. La consideración del cambio climático, sin tener en cuenta la aportación detraída por el trasvase, pero considerando las necesidades de agua previstas por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (unas 500.000 ha de nuevo regadío) y el aumento del consumo en los regadíos actuales muestra la inviabilidad e insostenibilidad de ambos proyectos y del Pacto del Agua de Aragón. Para el escenario del MIMAM incluido en el Libro Blanco del agua, se ha supuesto una reducción aproximada de recursos de un 28% para el 2060. Horizonte técnico y de amortización de las obras

El Cambio Climático en marcha, empeorará este estado de cosas. Si se tienen presentes los horizontes correspondientes a la amortización económica de las obras y la mitad de la vida útil, en ; el 2060, según mis cálculos el 17% de nuestros recursos se ha brán perdido (Ayala-Carcedo, 1996), y según el CEDEX (1997), las pérdidas para una hipótesis la mitad de severa que la mía y la del IPPC de la ONU, se habrá perdido el 20% en Ebro, Guadiana, Sudeste e islas. Para entonces, sin contar las nuevas regulaciones y trasvase, ni por supuesto los regadíos de los Planes de Cuenca, y teniendo en cuenta el aumento del consumo en regadíos que dicho cambio inducirá (Ayala-Carcedo e Iglesias, 2000), los ríos mediterráneos estarán ecológicamente muertos, e incluso el Duero o el Tajo tendrán graves problemas. Los humedales, cuya tasa de evaporación aumentará en un 23% en el Ebro y un 35% en el Guadalquivir, se enfrentan a crisis ecológicas que dañarán la avifauna de forma considerable. La consideración de estos procesos, habida cuenta de la promulgación en febrero por parte, de la Comisión Europea de la normativa para aplicar el Principio de Precaución, es obligada para que el Plan sea considerado como sostenible, para que incorpore la visión a largo plazo de todo plan estratégico, el compromiso con las generaciones futuras, para que éstas encuentren ríos vivos. Por lo dicho, esto resulta muy problemático por los altos niveles de regulación ya existentes.

Por otra parte, el Plan olvida, yo diría que de forma clamorosa e incomprensible en un país desarrollado, en la centenaria tradición de la Administración Hidráulica, las aguas subterráneas ala hora de nuevas regulaciones. Dado que el uso de éstas tiene impactos ambientales mucho menores que la construcción de embalses, y que su consumo por hectárea es netamente menor por tener precio más real que el de las aguas de embalse, este hecho refuerza el sello de insostenibilidad del Plan, a lo cual contribuye también el que según ADENA-WWF, 70 de las obras planteadas colisionan con la Directiva europea de Hábitats de 1992.

Añadamos la falta de una mínima evaluación del efecto sobre nuestras costas, playas y deltas de las nuevas obras, algo que la subida del nivel del mar en marcha, recientemente revisada al alza por el IPPC (unos 0,5 m para 2050), va a agravar de forma muy considerable. Difícilmente puede pensarse, pues, que el Plan llevará a alcanzar "el buen estado ecológico" de nuestros ríos; más bien se producirá lo contrario: se legará a las próximas generaciones ríos comatosos o muertos, deltas sin vida y costas que serán una sombra de las actuales; se hará un legado de insostenibilidad general que no paliará la declaración de algunas reservas nuevas mientras destruimos lo poco que hoy nos queda.

Cuando comiencen las obras, la Directiva Europea de Evaluación de Impacto de Planes y Programas, que cuenta ya con una Posición Común, la CE 25/2000 del mes de marzo, estará en vigor: una Evaluación de Impacto Ambiental del Plan, patece, pues, coherente y requisito indispensable para su sostenibilidad ecológica, Evaluación Ambiental Estratégica, por otra parte, que resulta necesaria de acuerdo con el Art. 6 de la Directiva de Hábitats, especialmente para el Delta del Ebro.

Sostenibilidad Social

Tradicionalmente, se ha esgrimido la utilidad social del regadío para justificar los obvios impactos ecológicos, sociales (solo en el Pirineo se han inundado 400 pueblos para hacer embalses), o la obvia irracionalidad de regalar prácticamente el agua de embalse a los regantes, en un país con la climatología española (según Sumpsi et al., 1998, a unas 2 pta/m3, de media, cuando el coste real es de unas 20-25). La España actual, poco tiene que ver, afortunadamente con la del regeneracionista Costa, agraria, analfabeta, hambrienta, con vocación autárquica en la alimentación; el "costismo", indiferente a lo ambiental (comer era lo primero), cumplido su papel, se agotó hace unos cuarenta años. Hoy la población agraria es un segmento bastante minoritario de la población, gran parte de los regadíos del interior solo sobreviven gracias a fuertes subvenciones con tendencia a desaparecer, y la edad media de los regantes, ya alta, será la de jubilación para buena parte cuando las obras y los regadíos previstos concluyan dentro de quince años.

No hay ningún análisis sociológico en el Plan que permita un análisis racional en este campo, especialmente una modulación social del regadío e impactos del Plan que impida la desertización del interior.

Se suele esgrimir la idea de que la España interior, supuestamente con agua sobrante (para algunos analfabetos ambientales toda la que llega al mar), "debería" ser solidaria con la España mediterránea, "estructuralmente deficitaria". Ante todo, a la luz del Desarrollo Sostenible, no parece que la España interior, especialmente el Ebro, tenga agua sobrante a largo aplazo, pero la España mediterránea, ¿es "estructuralmente deficitaria" como se dice, o más bien, es simplemente deficitaria respecto a sus demandas (ya analizaremos la verdadera realidad de este aserto más adelante) porque ha hecho un uso insostenible de sus recursos, como lo prueban las cuencas del Segura o Júcar, o la sobreexplotación de los acuíferos del Sur? ¿Debe compensarse a quienes han hecho un uso insostenible de sus recursos, y más cuando es a costa de dar un empujón hacia la insostenibilidad a la España interior?. ¿Es sostenible el (enfrentamiento entre Comunidades Autónomas que la propuesta de trasvase ha provocado, o los nuevos enfrentamientos que se vislumbran a medida que los recursos vayan escaseando, que se convertirán en endémicos?

Pero este razonamiento intercuencas, debe hacerse también adentro de cada cuenca, dónde los que "deberían" ser solidarios con los regantes son las gentes de la montaña, con agua y cerradas para presas, condenadas desde í hace cincuenta años a la desertización fruto del anegamiento de sus pueblos, a la emigración, a la pérdida de su cultura y su estructura social. ¿Es socialmente sostenible seguir sacrificando a nuestras montañas, hoy ante una expectativa real de desarrollo en torno al turismo verde, creciendo al 10 %, para promocionar unos regadíos a menudo económica y demográficamente insostenibles?.
Figura 3. La excesiva regulación de algunas cuencas las ha dejado muy por debajo de la aportación media a nivel nacional que aún queda en régimen natural, el 59%, lo que ha llevado a la degradación ecológica de los ríos, principalmente los mediterráneos, sobreexplotados ecológicamente (datos: Libro Blanco del Agua, MIMAM, 1998)

Quizá sería necesario clarificar, antes de la aprobación, que Modelo de Desarrollo Territorial queremos, tal y como me ha sugerido Santiago Marraco, ya que es probable que, objetivamente, se esté acelerando el desequilibrio territorial interior-periferia.

Por otra parte, como es bien sabido, los cultivos de alta rentabilidad en torno a los regadíos mediterráneos (en ocasiones regadíos ilegales, especialmente en Murcia), constituyen buena parte del "efecto llamada" que atrae a la emigración ilegal, ha llevado a la constitución de inhumanos cinturones de miseria, como no existen en ningún otro país de la UE, y viene provocando crecientes problemas de xenofobia y racismo, algo que se acentuará con los regadíos ilegales que surgirán inevitablemente en torno al trasvase y las regulaciones de la cuenca Sur. ¿Es esto avanzar hacia la sostenibilidad social?

Por último, el Plan no contiene modulación social alguna que priorice económicamente, por razones sociales, las pequeñas y medias explotaciones, por ejemplo con criterios de puestos de trabajo por hectárea.

Otro aspecto, no considerado, es el relativo a la seguridad de nuestro sistema de embalses, bastantes con más de cuarenta años, el mayor de Europa. Parece razonable implantar un Programa de Evaluación de Seguridad de . Presas, que evite riesgos previsibles a la población. Las actuaciones para control de avenidas, basadas en encauzamientos y sobredimensionadas para las pérdidas anuales, unos 35.000 millones de pesetas cubiertos por seguros en ; más del 50%, deberían reexaminarse a la baja en poblaciones a la . luz de la aplicación de criterios de Ordenación Territorial, como se hace en países desarrollados, en colaboración con otras administraciones y Protección Civil.

Sostenibilidad económica

El análisis económico de sostenibilidad desde la oferta, tiene lagunas muy serias: falta completamente un análisis económico de alternativas. Ante todo, no hay justificación económica alguna sobre por qué se ha optado por desarrollar mediante embalses los nuevos usos, y no mediante aguas subterráneas, una alternativa muy real si se tiene en cuenta que en el Ebro, donde se concentra el grueso de la nueva regulación, tan solo el 4% de la recarga anual a los acuíferos es utilizada, frente a más de los dos tercios de los recursos superficiales. Basta pensar en la irracionalidad económica del embalse de Santa Liestra (Huesca), a 35 km de la zona regable, cuando bajo ésta, como sucede en Castrovido (Burgos), hay, y ello se conoce y se ha dicho, acuíferos vírgenes.

Además, en un contexto de incertidumbre como el presente, las aguas subterráneas, desarrolladas por la iniciativa privada, no solo, suponen un riesgo financiero dos órdenes de magnitud menor que los embalses y una rapidez mucho mayor en los desarrollos, sino un alivio para el déficit público. La sospecha de irracionalidad económica es tanto más fundada cuanto dados los elevados niveles de regulación existentes, por la inexorable ley de rendimientos decrecientes que acompaña a las progresivas regulaciones en una cuenca, la marginalidad económica de los nuevos embalses es clamorosa: cada nuevo hm3 regulado, se hace a costa de desrregular embalses aguas abajo. No hay análisis alguno tampoco de estas deseconomías. ¿Es esto de "interés general"?.

Otro aspecto que falta es un Plan de Reutilización de aguas residuales, que pueden ayudar a las demandas en las zonas levantinas, resolviendo de paso un grave problema ambiental de nuestras costas contaminadas.

Por otra parte, es bien sabido que las obras hidráulicas presentan fuertes desviaciones presupuestarias; solo a título de ejemplo, ya que la Administración Hidraúlica no ha querido publicar estos datos, estrictamente necesarios para introducir una mínima racionalidad, la presa del Atazar madrileña, costó varias veces su presupuesto original (algunos dicen que diez) o la presa de Rules, en Granada, a medio hacer, lleva ya una desvíación presupuestaria del 100% aproximadamente. ¿Qué pensar por tanto de la fiabilidad de los datos de coste por ejemplo del trasvase Ebro-Levante? ¿Serán 52 pta/m3, o será el doble o el triple?. Imposible de saber. ¿Cuál fue la desviación presupuestaria del trasvase Tajo-Segura?: ningún dato público. Dada la tendencia a la baja de los recursos trasvasables por el Cambio Climático y la experiencia del Tajo-Segura, que solo ha trasvasado el 30 % de los recursos para los que se proyectó, en buena medida por cierto por el optimista escenario climático de proyecto, no es improbable asistamos a costes por m3 varias veces superiores a los que se dicen. Dado que hoy se consigue el m3 de agua desalada en planta a 63 pesetas, con tendencia a la baja, las perspectivas de una mala elección económica en torno al trasvase, son altamente probables. Además, el agua trasvasada necesita depuración: más sobrecostes. La desalación, cuyo rendimiento podía mejorarse utilizando energía solar térmica previa a la ósmosis inversa, impulsaría, además, a la tecnología española en torno a ella, a los puestos de cabeza a nivel mundial creando una industria con futuro y puestos de trabajo.

Falta también, desde el análisis de oferta, una evaluación de las deseconomías que va a inducir el Plan en el desarrollo del turismo verde, un sector que crece al 10% anual y es la nueva frontera del turismo español, semiagotado en el campo sol y playa. Piénsese que los usos productivos del agua, regadío e hidroeléctricas, representan el 2,5 % del PIB frente al 15% del turismo. ¿Es el Plan una buena opción económica para la inversión del dinero de los contribuyentes?. Según Arrojo (2000), la inversión por puesto de trabajo para los regadíos navarros de Itoiz puede llegar a los 170 millones de pta, y 150 en Biscarrués-Monegros, cifras que pueden ser ampliamente superadas por el trasvase y completamente fuera de lo razonable (un puesto por ejemplo en la Planta de Bioetanol prevista para Castilla-León cuesta tres veces menos y las subvenciones al sector privado para la creación de puestos de trabajo estables son mucho más reducidas).Por otra parte, una liberalización del mercado podría producir, especialmente en las cuencas levantinas, una reasignación económica de recursos que hiciera innecesario el trasvase. No hay análisis serio alguno al respecto.

El Plan falla también al no aplicar económicamente el principio "quien contamina paga" al no prever la inclusión de los costos de las externalidades ambientales, aunque establece una cuota ambiental de 5 pta/m3 como "canon ambiental" del trasvase para compensar a la cuenca cedente, una medida adecuada que debería extenderse hasta una ecotasa hídrica. ¿No sería lógico incluir ese canon en el propio precio del agua para compensar a las zonas degradadas ambiental, económica y socialmente por la construcción de embalses dentro de las propias cuencas?

Un análisis desde la demanda, deja aún peor parado al Plan. Cuando las obras previstas se concluyan, el principio de "recuperación íntegra de costes" en la forma prevista en la Directiva Marco estará en pleno vigor; de hecho, la Comisión Europea, a fines de julio de 2000, ha adoptado una Comunicación en que insta a aplicar una tarificación del agua con este criterio para un uso sostenible. Por tanto, la aplicación de dicho principio, debería hacerse desde ya. Ahora bien, un análisis de las curvas demanda de agua-precio y realizadas por Sumpsi et al.(1998) o Arrojo (2000), pone de relieve que para los precios reales del agua de embalse, en torno a las 25-30 pta/m3, incluso en el supuesto de aplicar un 60% del costo real para aminorar impactos sobre los agricultores, la demanda cae fuertemente en todas las cuencas, algo menos en las levantinas.
Figura 4. El potencial de uso de las aguas subterráneas para nuevas regulaciones en condiciones ecológicas y económicas más sostenibles que a través de embalses, es muy grande en cuencas como Ebro, Tajo, Duero y Guadalquivir, siendo incomprensible económica y ecológicamente la marginación de este recurso en el Plan Hidrológico Nacional (datos: Libro Blanco del Agua, MIMAM, 1998)

En estas condiciones, a las que habría que añadir el más que previsible recorte a la baja de las subvenciones de la PAC, lo esperable no es un aumento de la demanda como hace el Pacto del Agua aragonés o en otras zonas con nuevas regulaciones como el Guadalquivir, sino un descenso de la demanda agrícola actual que conduzca en unas décadas a un sistema de embalses financiado públicamente por todos (unas 250.000 a 500.000 pta/contribuyente según las desviaciones presupuestarias) y explotado en buena parte para beneficio privado de las hidroeléctricas. No deja de llamar la atención a este respecto que dichas demandas no sean fijadas por el Ministerio competente en Política Agraria, el de Agricultura. ¿Dónde está, pues, la justificación de nuevas regulaciones cuando lo esperable, como está pasando ya en diversas zonas, como la zona regable navarra o la leridana, es el abandono de zonas regadas, el 80% de los usos de esas nuevas regulaciones?.

Figura 5. La demanda de agua disminuye sensiblemente al acercarse su precio al real: así, para un precio de 20 pta/m³, menor del real para aguas de embalse, la demanda económica en la Cuenca del Ebro, se reduciría a unos 800 hm³. Este problema, no existe para regadíos con agua subterránea, donde el precio es real. La aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua, pondrá de relieve que no sólo no hacen falta nuevos regadíos, sino que en realidad sobran (datos: Arrojo, 2000)

Figura 6. El descenso de la aportación del Ebro en régimen natural restituido en el período 1970-95, debida al descenso de la precipitación media en la cuenca (un 21%) y al aumento de la temperatura consecuencia del cambio climático, alerta respecto a la viabilidad ecológica y física del trasvase Ebro-Levante, ya que el sistema de regulación no podría garantizar los suministros en períodos tan dilatados de caída de aportación. Fuente: con datos del Plan Hidrológico Nacional 2000 (error: +/- 1%)

Es significativo en este sentido el fuerte contraste entre los nuevos regadíos previstos en los Planes de Cuenca del MIMAM aprobados en 1998, 1,5 millones de ha, frente a 0,25 millones para el 2008 previstas en el Plan Nacional de Regadíos presentado por el Ministerio de Agricultura este año (Martín Barajas, 2000).¿No sería más razonable apostar por la consolidación de los regadíos viables a 10-15 años vista y buscar compensaciones sociales, como una jubilación anticipada o primas al abandono a favor de agricultores jóvenes, mucho más económicas para las arcas públicas, para los agricultores mayores o con regadíos inviables?

Por otra parte, si lo que al fin va a quedar es la demanda económica, urbana, no la actual, ílimitada cuando ahora el agua de embalse, a costa de los contribuyentes, prácticamente se regala, ¿no es más razonable recurrir ya directamente a la desalación, plenamente competitiva en el litoral y mucho más ecológica que un trasvase?

En cuanto a los encauzamientos previstos en las zonas agrícolas, cubiertos ya sus daños por Agroseguro, su justificación económica, única razonable ya que no se trata de evitar víctimas, es muy problemática, ya que costando de media 300.000 pta/m.l., deberían probar que son competitivos con la compra del terreno posibilitada por ese coste, equivalente concretamente a una franja de 4-5 km en cereal y de 750 m en arrozal o naranjo; lo contrario, sería un despilfarro (Ecologistas en Acción, 2000).

En definitiva, el Plan es ampliamente insostenible económicamente en el capítulo nueva regulación y trasvases y se convertirá muy probablemente en fuente crónica de déficit público, algo muy negativo en la Europa de la Estabilidad.

Conclusiones y Alternativas

El Anteproyecto de Plan, es aceptable desde la perspectiva de la sostenibilidad en cuanto a sus contenidos relativos a depuración (cuyos costes deberían repercutirse íntegramente sobre los usuarios, y en la que deberían considerarse alternativas blandas a la depuración convencional como el lagunaje), reservas ecológicas o cuota ambiental (que debía extenderse por coherencia a todas las regulaciones, hidroeléctricas incluidas, y no solo a los trasvases como ecotasa hídrica), pero no cumple los requisitos de sostenibilidad en cuanto a nuevas regulaciones ni trasvase a pesar de ser más aceptable que el de 1993. Por ello, y coherentemente con lo expuesto, se sugieren las alternativas siguientes:

a) La desalación como alternativa al trasvase, más ecológica y sostenible en lo económico y social, lo que permitiría impulsar a la tecnología española a puestos de liderazgo en este sector a nivel mundial. En el Júcar, pueden utilizarse también unos 200 hm3 de recursos subterráneos adicionales.

Nota: incluyendo aumento de consumo en regadíos actuales para 2060: 1.133 hm3 (Ayala-Carcedo e Iglesias, 2000).
Figura 7. El cambio climático, hará desaparecer progresivamente con gran probabilidad los excedentes actuales de la Cuenca del Ebro

b) Rediseño de las actuaciones de regulación con los criterios siguientes: b-1) Evaluación de Impacto Ambiental del Plan, especialmente en el Ebro y trasvase, atendiendo al carácter sistémico de los ríos, a los puntos de fricción con la Directiva Hábitats y al impacto sobre costas, deltas, estuarios y playas; b-2) Priorización de las regulaciones con agua subterránea allí donde sean una alternativa, aguas que deberían contar con un Programa propio, muy especialmente en el Ebro, Guadalquivir, Júcar y Duero, por su menor impacto ambiental, menor riesgo financiero, flexibilidad frente a variaciones de demanda, sequías y rapidez en su desarrollo; b-3) Evaluación de la nueva demanda aplicando el principio de "recuperación íntegra de costes" en la forma prevista por la Directiva Marco Europea del Agua, socialmente modulada, y aplicación de este mismo criterio más la evaluación económica de externalidades inducidas por la nueva regulación a la selección de alternativas a la misma; b-4) Evaluación del coste de oportunidad de la nueva regulación para su selección comparativa frente a otros usos del recurso, especialmente el turismo verde o deportivo; b-5) Aplicación del Principio de Precaución según las reglas dadas desde la Comisión Europea para evaluar el futuro ecológico y económico de nuestros ríos a la luz del Cambio Climático y solicitar a Bruselas la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático que beneficiaría especialmente a los países mediterráneos.

Figura 8. Las aguas subterráneas, sistemáticamente postergadas a nivel de planificación, son una alternativa muy viable ecológica y económica en cuencas como el Ebro, Júcar, Guadalquivir, Duero y Tajo, desarrollables de forma rápida y adaptable a la demanda

c) Elaborar un Plan de Adaptación de Humedales al Cambio Climático ante la previsión de crisis ecológicas por falta de agua, bastante probables.

d) La modernización de regadíos, casi un billón de inversión prevista, preferible sin duda desde el punto de vista ecológico y social a las nuevas regulaciones, debería reevaluarse económicamente a la luz de sus costos (unos 1,7 millones/ha) y la recuperación de los mismos, especialmente en cultivos herbáceos, aplicando subvenciones diseñadas racionalmente y moduladas socialmente.

e) Sería necesario plantear un Plan de Reutilización de Aguas Residuales.

f) Parece también necesario implantar un Programa de Evaluación de Seguridad de Presas que evite riesgos innecesarios a la población.

g) Las actuaciones para control de avenidas, que producen unos 35.000 millones de pérdidas anuales, cubiertas en su mayoría por seguros, deberían rediseñarse a la baja primando más las medidas de Ordenación Territorial (únicas válidas en zonas torrenciales, donde se producen el 95% de las víctimas ), en colaboración con otras administraciones. En las zonas agrícolas, la justificación económica, única razonable, de los encauzamientos es altamente problemática, y sería más lógico incentivar el aseguramiento.

En España, se viene insistiendo en la necesidad de "reformar" el ciclo hidrológico de nuestros ríos debido a la adversa climatología mediterránea; después de un siglo de degradación ecológica fruto de una visión productivista, costista, justificada y positiva históricamente hasta hace cuarenta años, nuestros ríos, más que reforma necesitan regeneración y racionalización económica del uso del agua ya regulada; más que política hidraúlica, necesitan una Política del Agua Sostenible (Avala-Carcedo, 1999), una nueva Cultura del Agua (Martínez Gil, 1997), superar el "Paradigma hidráulico" (del Moral y Saurí,1999), pasar página del costismo, una ideología válida en su tiempo pero hoy anacrónica, pasar de una Política desde la Oferta a una de Gestión de la Demanda; un paso que países como EE.UU. han dado ya hace un cuarto de siglo y que en España, sigue estando pendiente. En este sentido, en lo que respecta a la regulación y trasvases, el Anteproyecto de Plan, desgraciadamente para el país, más que el primer paso de una nueva Política del Agua Sostenible, representa el último de la vieja Política Hidraúlica. Es significativo de su claro sesgo productivista clásico el título que el MIMAM da a la presentación del Plan en su Boletín de Septiembre: "El Plan Hidrológico plantea aprovechar al máximo el agua en toda España".

La inevitable implantación de una racionalidad económica en este sector tan ajeno históricamente a ella, que se ha movido secularmente entre la demagogia y el clientelismo político, debería verse en un mundo globalizado más como oportunidad que como problema, como una ayuda a esta tarea de regeneración ecológica y económica que favorecerá la economía española, a evitar que este Plan se convierta en foco endémico de déficit público, demagogia y victimismos estériles, de los cuáles ya anda sobrado el país.

Agradecimientos

El autor desea agradecer la revisión crítica y las sugerencias del Dr. Juan José Durán Valsero, investigador del ITGE, del Dr. Santiago González Alonso, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y del Dr. Fernando LópezVera, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.