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El
debate del agua, sin demagogia
Mª
Teresa DE LARA CARBO
Diputada por Madrid y Portavoz de Medio Ambiente
del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados
La
experiencia nos enseña que cuando se han abordado grandes
infraestructuras, para dar respuesta a demandas y problemas
de la sociedad constituidos en endémicos, el debate
que han producido ha caída, a menudo, en la demagogia.
Desafortunadamente, la demagogia planea sobre el actual debate
relativo al Plan Hidrológico Nacional.
Los
intentos de afrontar la escasez de recursos hídricos
en algunas cuencas son ya históricos, como histórico
es e! propio problema que se trata de resolver. Ya en 1933,
y por encargo del ministro socialista Indalecio Prieto, se
elaboró un Plan Nacional de Obras Hidráulicas
en el que se planteaba la solución del transporte de
agua desde las cuencas atlánticas a las mediterráneas.
Sesenta
años más tarde, el anteproyecto de Ley del Plan
Hidrológico Nacional, impulsando por el también
ministro socialista José Borrell, en 1993, pretendía
resolver los problemas de las cuencas deficitarias con 250
embalses y más de 10 trasvases, junto a unos elevados
volúmenes de agua que se preveía trasvasar;
el Plan no se aprobó porque fue considerado faraónico
y ni siquiera contó en el Consejo Nacional del agua
con el apoyo de los usuarios. El nonato "Plan Borrel"
nacía del mandato de la ley de Aguas de 1985 que en
su artículo 43 señala cuál deberá
ser el contenido del Plan Hidrológico Nacional:
las
medidas necesarias para coordinación de los diferentes
Planes hidrológicos de cuenca, la solución para
las posibles alternativas que estos planes ofrecen, y la previsión
y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos
entre ámbitos territoriales de distintos Planes hidrológicos
de cuenca.
En
este sentido, y como primer comentario a las opiniones que
tratan de en encontrar lagunas en el contenido del actual
borrador del Plan Hidrológico Nacional, hay que insistir
en el mandato legal. La Ley de Aguas define claramente los
contenidos que ha de tener el Plan, que son precisamente los
señalados y no otros.
El
objetivo del Plan Hidrológico Nacional, que actualmente
se debate, es la reordenación de los recursos hídricos,
con una nueva filosofía de la gestión del agua
desde un riguroso enfoque medioambiental que propicie un desarrollo
sostenible: es decir, un desarrollo para alcanzar un crecimiento
económico con la garantía del mantenimiento
de los servicios y la calidad de los recursos naturales para
las generaciones futuras; enfoque que se enmarca en la nueva
Directiva de Aguas de la Unión Europea. El borrador
del anteproyecto de Ley presentado al consejo Nacional del
agua pretende, por una parte, solucionar los problemas de
infraestructuras que existen dentro de cada una de las cuencas,
con un plan de actuaciones que supondría una inversión
de tres billones de pesetas, y por otra, la previsión
y las condiciones de las transferencias de recursos hacia
las cuencas con déficit estructural.
Conviene
atender la importancia del plan de actuaciones que deberá
desarrollarse en el período 2000-2008 en cada una de
las cuencas españolas, y que contempla las mayores
inversiones en obras hidráulicas que han existido nunca
en España. La mayor parte de esta inversión,
el 84% del total l2'5 billones de pesetas) se dirige a actuaciones
relacionadas con el fomento del ahorro, el abastecimiento,
saneamiento y depuración, reutilización, restauración
hídrológíca forestal y programas de control
y calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
El resto, un 16% (medio billón de pesetas) se destina
a actuaciones de regulación, especialmente importantes
en Aragón y en la cuenca del Guadalquivir.
 Desde
el carácter incuestionable de las cifras, produce rubor
la utilización demagógica de una iniciativa
de tanto calado como la del plan Hidrológico, cuando
ciertos dirigentes socialistas señalan como carencias
del Plan la falta de actuaciones, ambientales o de medidas
de ahorro de agua, pretendiendo ignorar, por ejemplo, que
las inversiones previstas en modernización y mejora
de regadíos, que en definitiva suponen ahorro y gestión
eficaz del recurso, alcanzan el billón de pesetas;
o que las inversiones en saneamiento y depuración de
núcleos urbanos para potenciar la reutilización,
suponen medio billón.
De
todo el plan de actuaciones contemplado se consideran prioritarias
las obras del Pacto del Agua en Aragón, documento suscrito
por todos los grupos parlamentarios aragoneses en 1992, y
que recoge la infraestructura hidráulica reclamadas
históricamente por la región, para satisfacer
las necesidades hídricas presentes y futuras de los
aragoneses. La cuenca del Ebro es excedentaria, y las grandes
carencias crónicas que padece se deben a falta de inversiones;
la inclusión de las obras propuestas en el plan Hidrológico
Nacional, y el rango legal que adquieren les da la máxima
garantía.
Conviene
recordar que el Plan Hidrológico Nacional solamente
considera excedente el agua que sobra en la cuenca después
de atender los consumos existentes, los consumos potenciales
hoy no entendidos, reservar agua para un crecimiento de consumo
máximo y garantizar los caudales ecológicos
necesarios.
La
oferta de recursos en la cuenca del Ebro es de 17.250 Hm3/año.
El consumo anual es de 5.500 Hm3/año. El incremen de
consumo neto se cifra en 3.400 Hm3/año. El caudal ecológico
que se reserva es de 3.150 Hm3. En la cuenca del Ebro se considerarán
por tanto, disponibles como sobrantes unos caudales medios
de 5.200 Hm3/año.
La pregunta que está sobre el tapete es: "¿Perjudicaría
el Plan Hidrológico los intereses de Aragón?"
Desde la realidad, la respuesta es que no. De los datos anteriormente
expuestos se deduce que, con las necesidades actuales y previsibles
de futuro aseguradas en todas la Comunidad de Aragón,
1.000 Hm3 de los que actualmente vierten en el mar, servirían
para atender la demanda inatendida del Sureste español,
que está poniendo en peligro la economía y desarrollo
de la zona. Por ello, y sin que suponga una merma para el
consumo hídrico de Aragón, al llegar el agua
a otras regiones, podemos hablar de solidaridad. Asombra pensar
que alguien pueda creer la fácil demagogia de que un
Gobierno - cualquier Gobierno - fuese a decidir perjudicar
o desatender unas Comunidades en o de otras.
La política del agua es una política del Estado,
y esto debe entenderse en toda su dimensión. El borrador
del anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional
es documento abierto al diálogo y al consenso, que
actualmente está sometido al informe preceptivo del
Consejo Nacional del Agua, en el que se encuentran representadas
las Comunidades Autónomas, las cuencas hidrográficas,
los sindicatos, las comunidades de regantes, los usuarios
y, en definitiva, todos los sectores sociales implicados en
el tema hídrico, y que pretende dar respuesta a una
cuestión muy vieja y debatida, pero nunca definitivamente
resuelta, como es la planificación de los recursos
hídricos.
Es
obvio que, para conseguir un consenso, es necesario que las
diferentes posturas estén claras. Por su parte, el
Gobierno ha cumplido su compromiso y un borrador del Plan
Hidrológico Nacional está presentado y sigue
el trámite preceptivo; un borrador, como he dicho,
abierto al diálogo y al consenso para enriquecerse
la propuesta. Ahora, la oposición, y de manera significada
su primer partido, han de presentar sus opciones. En la legislatura
anterior se debatieron hasta diecisiete iniciativas parlamentarias
en demanda de un Plan Hidrológíco, cuyo contenido
viene fijado en la Ley de Aguas. "Ya hay un texto. El
Partido Socialista debe aclararse, ya que opinan de manera
contradictoria sus organizaciones territoriales (Aragón,
Murcia, Comunidad Valenciana ...), en esa cierta esquizofrenia
política mantener posiciones distintas en las diferentes
autonomías.
Resulta
evidente que cualquier Gobierno puede evitar la lógica
controversia que nace de afrontar decididamente los grandes
problemas pendientes en el seno de la sociedad, por el cómodo
e irresponsable procedimiento de aparcarlos. Los anteriores
gobiernos socialistas prefirieron aparcar el diseño
de un necesario Plan Hidrológico Nacional; el gobierno
de José María Aznar consideró prioritario
desde el discurso de investidura del Presidente, porque es
consciente de que se trata de un tema de Estado. Otros que
opten por la demagogia o por la inoperancia, el Gobierno
ha apostado por las soluciones. Acaso esta realidad sea la
que algunos no quieren entender.
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