OP

    REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Nº 51
AÑO 2000
LA GESTIÓN DEL AGUA, Volumen II

El tratamiento de los cauces

Protección y defensa de avenidas. Zonas de riesgo

 

José Alberto Herreras Espino * y Gonzalo Marín Pacheco **

* Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente de SYNCONSULT
** Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Direcotr técnico de SYNCONSULT

INTRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA

METODOLOGÍAS DISPONIBLES

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS

Metodos estructurales

Embalses de laminación

Corrección y regulación de cauces

Protección de cauces

Encauzamientos

Cauces de emergencia y trasvases

Obras de drenaje

Actividades de gestión

Conservación de suelos y reforestación

Zonificación y regulaciones legales

Implantación de un sistema de seguros

Instalación de sistemas de alarma y previsión

ACCIONES DE EMERGENCIA

CONCLUSIONES


Descriptores: Avenidas, Inundaciones, Zonas de riesgo, Embalses de laminación, Sedimentación fluvial, Encauzamientos, Cauces de emergencia, Gestión de inundaciones, Sistemas de seguros, Alarma de inundaciones, Planes de emergencia

Introducción
Es bien conocido que desde los tiempos más remotos el hombre ha tendido a asentarse en las riberas de los ríos, de forma que las primeras grandes civilizaciones se han desarrollado en los valles adyacentes a cauces fluviales importantes. Esta realidad histórica es fruto de la fertilidad de las llanuras aluviales y de su fácil acceso, que las hacen susceptibles de ser cultivadas y explotadas eficientemente; además, los propios ríos eran fuente de alimentos y agua, a la vez que servían como un eficaz medio de comunicación.

La progresiva ocupación de estos valles y el incremento de los asentamientos –en población y extensión– afectaron a los ecosistemas naturales de los ríos, por una parte, y expusieron a las comunidades a los efectos de avenidas e inundaciones, por otra. Las secuelas sobre los ecosistemas se producen, generalmente, de manera paulatina y se agravan lentamente, por lo que no se perciben mientras no se alcanzan unos niveles muy altos de afección, que no han empezado a preocupar hasta épocas relativamente próximas en el tiempo. Por el contrario, las consecuencias de las avenidas e inundaciones se detectaron en toda su magnitud desde los primeros tiempos y obligaron a los ribereños a imaginar y poner en práctica los medios necesarios para combatirlas. Esta antigüedad en el enfrentamiento y lucha contra tales fenómenos hidrológicos ha desarrollado una serie de procedimientos y métodos que son los que se describen y analizan a lo largo de este artículo, dejando para otra ocasión el aspecto mucho menos implantado todavía de la recuperación del medio ambiente fluvial.

Problemática
Buena prueba de la temprana preocupación de los habitantes de los valles en relación con las inundaciones es que las primeras obras de protección se remontan a los albores de la historia escrita;1 así, los chinos construyeron diques longitudinales de protección en el río Amarillo hace más de 2.500 años, siendo digno de resaltar que durante la dinastía Han, hacia el año 69 de nuestra era, estas obras se realizaban y coordinaban de forma centralizada. Por otra parte, los babilonios derivaron los caudales de avenidas del Éufrates hacia las depresiones de Habbania y Abu Dibis, en el desierto, con objeto de proteger a la ciudad imperial de Babilonia de las inundaciones. Los egipcios también realizaron notables obras de protección en las márgenes del Nilo; durante el reinado de Amenhat se construyeron las primeras obras de control de avenidas, consistentes en el encauzamiento del propio Nilo con diques longitudinales y el trasvase de sus avenidas al lago Moeris. En todo caso, los problemas distan mucho de haber sido resueltos, como lo demuestra la necesidad de construir la gigantesca presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze para proteger a los millones de habitantes que pueblan las márgenes de este río hasta su desembocadura en Shanghai, la derivación del río Tigris hacia la depresión del Wadi-Tharthar para proteger a Baghdad o el perenne problema, nunca resuelto, del delta del Mekong.

En España las avenidas e inundaciones no tienen las dimensiones colosales de los casos citados pero, a nuestra escala, han proporcionado preocupaciones, daños y catástrofes en gran parte de las regiones del país y, especialmente, en las ciudades ubicadas en los tramos finales de los ríos de las vertientes mediterránea y cantábrica. Así, el análisis histórico realizado a mediados de la década de los ochenta para los últimos quinientos años 2 demostró que la frecuencia media observada de inundaciones de carácter catastrófico en la Vega Baja del Segura ha sido de once años, mientras que en Sevilla han tenido lugar cada cinco años, en Málaga y en Valencia cada ocho años y en las cuencas internas de Cataluña cada cuatro años.

En todos estos lugares, con el fin de proteger a los habitantes y bienes de las zonas afectadas, se ejecutaron numerosas obras –desde presas y encauzamientos hasta cauces de derivación de avenidas–, pero lo cierto es que ha sido solamente en la última mitad del siglo XX cuando se han realizado acciones realmente efectivas, debido, probablemente, a la ausencia previa de procedimientos constructivos suficientemente potentes y, sobre todo, al hecho de que los medios económicos que es necesario emplear tienen una dimensión tal que solamente pueden ser movilizados por el Estado, al considerar estas obras de interés general.

La inmensa mayoría de las actividades realizadas fueron de las que se encuadran en el grupo que después se denominará como estructural –es decir, de infraestructuras– pero también hubo alguna, por supuesto con carácter excepcional, de carácter preventivo, como cuando el 5 febrero de 1684 llegó a Murcia un jinete que había salido el día anterior de Alcaraz, con noticias de intensas nevadas seguidas de lluvia en las cuencas de cabecera, de forma que era esperable una avenida en el río Segura, cosa que efectivamente tuvo lugar durante los días siguientes.3

A pesar de la tendencia ancestral ya mencionada, relativa a situar los asentamientos en las riberas de los ríos, los ribereños iniciales pudieron elegir los emplazamientos más adecuados, que, como es lógico, estaban situados en terrenos relativamente bien protegidos de las avenidas más frecuentes; sin embargo, el continuo crecimiento de la población –lento al principio pero explosivo a partir del advenimiento del desarrollo industrial, a mediados del siglo XIX–, obligó a ocupar de forma indiscriminada las llanuras inundables, sin planificación ni reglamentación, de manera que los daños potenciales debidos a las inundaciones –incluso los asociados a las avenidas de pequeño periodo de retorno– experimentaron un incremento espectacular que impulsó, correlativamente, los esfuerzos destinados a paliar y disminuir sus consecuencias.

Metodologías disponibles
Desde el punto de vista metodológico, los procedimientos que existen para eliminar, o al menos paliar, los daños que suelen ocasionar las inundaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos según se acometan antes y durante o después de su ocurrencia;4, 5 los del primer grupo tienen el carácter de preventivos, mientras que los del segundo se concretan en actividades encuadradas en el marco de las emergencias y de la lucha directa contra la inundación cuando ya se ha presentado. Cada uno de estos aspectos se analiza a continuación atendiendo a sus posibilidades técnicas generales y, simultáneamente, se indican algunas de las realizaciones representativas conseguidas en nuestro país para cada procedimiento.

Procedimientos preventivos
Los métodos de prevención, es decir, los que se concretan en acciones a realizar previamente a la ocurrencia de la inundación, se pueden clasificar en dos clases completamente diferentes según que impliquen la construcción de obras, generalmente importantes –métodos estructurales–, o, por el contrario, se trate de actividades en las que la gestión tenga mucha mayor importancia que los costes materiales asociados; estos últimos se suelen denominar métodos no estructurales o de gestión.

Métodos estructurales
Los procedimientos que se incluyen dentro de este grupo exigen, generalmente, inversiones bastante cuantiosas, incluso en valor actualizado, y suelen ser de mayor efecto inmediato, sin que esto quiera decir que sean necesariamente más eficaces a largo plazo. Las soluciones más frecuentemente utilizadas se pueden incluir en alguna de las tipologías que se indican a continuación 6 y que son definidas y descritas, someramente, en los apartados posteriores:

— Embalses de laminación.
— Corrección y regulación de cauces.
— Protección de cauces.
— Encauzamientos de emergencia y trasvases.
— Obras de drenaje.

Algunas de estas infraestructuras sirven para proteger contra todo tipo de posibles daños, mientras que otras son más apropiadas para algunos de ellos solamente. En ocasiones –cuando se contempla el problema global de una región suficientemente extensa– es preciso acudir al empleo, de manera coordinada, de todas las tipologías enumeradas. Ejemplos destacables de esta necesidad de acción conjunta lo constituyen los Planes Generales de Protección contra las Avenidas de las cuencas del Júcar y Segura, que han sido zonas fuertemente castigadas por las inundaciones y que, merced a la culminación de estos Planes, han visto satisfechos los deseos de protección ancestrales de las gentes que pueblan las cuencas de ambos ríos, especialmente en las vegas y tramos finales de sus cauces.

Embalses de laminación
Este tipo de protección consiste en la construcción de presas capaces de crear volúmenes de embalse suficientes para laminar la avenida afluente, de forma que, aguas abajo de las correspondientes presas, el caudal circulante, y por lo tanto el nivel de agua en el cauce, quede perfectamente controlado; la aseveración anterior no debe entenderse como que no suba dicho nivel sino que no rebase límites aceptables establecidos de antemano. Se trata de guardar en el embalse, temporalmente, el agua de la avenida de manera que se pueda soltar posteriormente, de manera controlada, durante plazos mucho mayores a los de duración de la avenida natural. La ventaja fundamental que presenta este procedimiento se deriva del hecho de poder limitar la propagación de grandes caudales por las zonas a proteger, de manera que el riesgo de que resulten inundadas disminuye enormemente, e incluso se puede llegar a anular si la capacidad del embalse de laminación es suficientemente grande.

Fig. 1. Presa de El Judío sobre la rambla del mismo nombre.

La contrapartida negativa del método, además de su coste generalmente alto, estriba en la necesidad de inundar terrenos; el procedimiento traspone el riesgo de inundar, repentinamente y sin control, extensiones de terrenos de gran valor en las zonas más pobladas y de mayor actividad económica, por la inundación localizada y segura de los terrenos del embalse; es evidente que si la solución está bien elegida permitirá disminuir los daños potenciales. No debe olvidarse, sin embargo, que la implantación del embalse exigirá, en mayor o menor grado según los casos, expropiar terrenos y movilizar poblaciones; es decir, se producirán afecciones a determinadas zonas y habitantes para beneficiar a otras, y aunque no cabe duda de que debe realizarse aquello que sea mejor para el conjunto de la sociedad, no es menos cierto que los intereses afectados deberán compensarse –no sólo económicamente– de la mejor y más generosa forma posible.

Fig. 2. Presa de Escalona.

En todo caso, conviene considerar que los embalses destinados al control de inundaciones deben estar vacíos la mayor parte del año, a fin de cumplir la misión para la que han sido implantados, de forma que los terrenos ocupados por el embalse pueden utilizarse para actividades en precario, como son, por ejemplo, las agropecuarias estacionales. En las figuras 1 y 2 se reflejan sendas panorámicas de las presas del Judío y Escalona, destinadas, respectivamente, a laminar avenidas en las cuencas de los ríos Segura y Júcar. Otro ejemplo de gran repercusión positiva es la presa del Limonero, en el río Guadalmedina, que situada en las inmediaciones de Málaga protege a la ciudad contra las avenidas, en otros tiempos muy frecuentes, de este río.

Corrección y regulación de cauces
En el ámbito de este epígrafe se incluyen todas aquellas obras que permiten modificar el cauce actual de un río aumentando su capacidad de transporte, para cada nivel del agua, de manera que los terrenos ribereños estén protegidos frente a caudales superiores a los que los inundarían en la situación actual; además de la resolución de los problemas hidráulicos, más o menos triviales, que comporta la construcción de las obras incluidas en este grupo, las verdaderas dificultades del tema se presentan en el análisis y previsión de los fenómenos relativos al transporte de sedimentos y su influencia sobre la estabilidad del cauce modificado, tanto por cuanto se refiere a la extensión de dicha influencia (local o generalizada) como a su evolución en el tiempo. Los trabajos que se pueden realizar son de índole muy diversa, pero a efectos de clasificación se pueden encuadrar en los tres grupos siguientes:

— Disminución de la rugosidad.
— Dragado del cauce.
— Cortas en el río.

El primero –disminución de la rugosidad– consiste en la eliminación en el cauce de malezas, plantas acuáticas, árboles y obstáculos de cualquier tipo con el fin de disminuir la rugosidad, al objeto de incrementar la velocidad y aprovechar mejor el cauce existente, que de esta forma podrá transportar mayores caudales con el mismo calado o disminuirá respecto al calado actual cuando circulen los mismos caudales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que al aumentar la velocidad del agua se erosionen las márgenes y se destruya el equilibrio dinámico del cauce, incrementando el volumen de sedimentos y forzando la elevación de un tramo del lecho del cauce para que aumente la pendiente longitudinal hasta alcanzar la que es capaz de transportar la nueva cantidad de sedimentos.

El dragado del cauce pretende ampliar la sección transversal ya sea incrementando el calado o la anchura del río. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que un dragado local influye tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo del tramo dragado, por cuanto la disminución de la cantidad de sedimentos que circulaba por el tramo de aguas abajo incrementa el poder erosivo del agua y genera un cambio del régimen hidráulico que implica un descenso general del lecho del río, en ambos extremos del tramo dragado, y un aumento significativo de la pendiente longitudinal.

Las cortas –como su propio nombre indica– enlazan mediante un nuevo cauce artificial de menor longitud dos puntos del río, en zonas generalmente meandriformes. Al disminuir la longitud del cauce aumenta la pendiente de la línea de agua, por lo que se incrementa la velocidad del agua y disminuye consecuentemente su calado, que es el objetivo perseguido; debe tenerse en cuenta, no obstante, que este aumento de velocidad implica una erosión en el tramo de aguas arriba que producirá a su vez un aumento de los sedimentos y, en consecuencia, su transporte hacia el tramo de aguas abajo de la corta hasta que se estabilice la pendiente longitudinal del río, que, finalmente, será paralela a la inicial y producirá un descenso del lecho del río aguas arriba de la corta. Cuando las cortas se suceden –por ejemplo en una zona de meandros que se regulariza–, el problema se complica por las sucesivas acciones superpuestas de cada una de ellas, pero el efecto final es un descenso global del lecho del río. Las cortas han sido un elemento bastante utilizado para incrementar la capacidad de desagüe en los tramos finales de los ríos; por ejemplo, en el ya mencionado del río Segura.

Debe tenerse en cuenta que la ejecución de una corta modifica –a veces profundamente– la organización territorial de los terrenos ribereños, produciéndose efectos –positivos y negativos– que es preciso analizar en detalle para evaluar las ventajas e inconvenientes de tal solución. El hecho de que se anulen tramos completos del río actual implica también una serie de afecciones a un número importante de servicios, que deben reponerse, y generan la posible recuperación de extensos terrenos en zonas periurbanas que pueden ser recuperados para actividades sociales, pero para los que también existirán importantes apetencias de recalificaciones urbanísticas. Un caso bien conocido es el de la corta de La Cartuja en Sevilla, que permitió recuperar 500 ha para uso urbano y utilizarlas en su día para implantar las instalaciones de la Exposición Universal de 1992.

Protección de cauces
El objetivo fundamental de las obras de protección que se realizan en los cauces es impedir la erosión de sus márgenes originada por la excesiva velocidad del agua, que tiende a arrastrar el material ribereño; es evidente que si este proceso se produce en situaciones de régimen hidráulico normal, mayor será el peligro de erosión durante las avenidas e inundaciones. Se incluyen en este grupo únicamente obras localizadas, como son, por ejemplo, la protección de curvas, obras de cruce o zonas de materiales débiles, cuyo colapso acarrearía la inundación de los tramos adyacentes, porque cuando es preciso proteger todo un tramo del río se recurre a la corrección de su régimen mediante los procedimientos ya analizados y/o los encauzamientos totales. Dado que, como se ha dicho, este método se aplica en puntos localizados, es especialmente interesante para proteger algunas poblaciones y, singularmente, las vías de comunicación.

Conviene tener en cuenta que en un cauce natural siempre se producirán erosiones en determinados puntos; sin embargo, esto no significa que sea preciso proceder a su protección, a menos que el fenómeno de degradación consiguiente sea muy rápido, pueda producir cambios en el régimen hidráulico del río o el problema afecte a puntos singulares (puentes, obras de toma, etc.) que no admitan erosión alguna. En definitiva, puede establecerse que estas obras de protección tienen por objeto evitar la erosión de zonas localizadas mediante obras singulares y partiendo del supuesto de que no es posible, al menos económicamente, eliminar el problema disminuyendo la velocidad del agua.

Los métodos constructivos que se utilizan no son, en general, de gran sofisticación técnica y se basan en el empleo masivo de materiales que se puedan encontrar in situ; solamente cuando el punto a proteger es una obra costosa, o de gran importancia desde el punto de vista del servicio público (puentes, derivaciones, etc.), se emplean los materiales y técnicas constructivas más desarrollados y no es raro, en estos casos, acudir al empleo de pantallas de tablestacas metálicas, pantallas continuas construidas mediante empleo de lodos tixotrópicos, pantallas de pilotes secantes, tierra armada, plásticos especiales o geocompuestos, etc. En el caso más común, es decir, cuando se trata de proteger una curva donde la velocidad del agua, para caudales medios, supera a la crítica de arrastre del material de la margen, los métodos de protección normalmente utilizados consisten en máscaras superficiales y en espigones. El carácter de obras puntuales que tienen este tipo de actividades las convierte, generalmente, en poco agresivas hacia el ambiente y de pequeña influencia sobre los ecosistemas del río.

Encauzamientos
Se entiende por encauzamiento el conjunto de obras que se precisan para fijar, en límites predeterminados, el cauce de un río con objeto de que la sección transversal y la pendiente longitudinal resultantes permitan el paso de un caudal máximo, que se denomina caudal de proyecto. Se trata de conseguir una sección transversal de dimensiones relativamente reducidas en la que, sin embargo, la disminución de la rugosidad por una parte –utilizando materiales, como el hormigón, que producen menos rozamiento que los naturales– y el incremento de la pendiente longitudinal por otra incrementan la capacidad del río para transportar agua. Aunque este es el fundamento teórico de todas las soluciones de encauzamiento existen diferencias importantes entre las canalizaciones, por una parte, y los diques longitudinales, por otra.

Se entiende por canalización de un tramo de río la ejecución de una serie de obras –generalmente muros longitudinales– que delimitan la sección transversal del cauce en espacios relativamente reducidos; pueden ir acompañadas, o no, por otras de protección localizada –máscaras, refuerzos, espigones, etc.– que garanticen la estabilidad del cauce y consigan, frecuentemente mediante la profundización del lecho, una mayor capacidad de transporte durante las avenidas. Este tipo de obras se suele hacer para encauzar los ríos a su paso por las poblaciones, especialmente cuando éstas han crecido tanto a lo largo y ancho de sus márgenes que no es posible ampliar la sección natural de los cauces debido al enorme valor que han adquirido los terrenos. En la figura 3 (página siguiente) se puede visualizar la canalización del río Nervión en Llodio, que se proyectó para un caudal de 500 m3/s, correspondiente a 100 años de periodo de retorno.

Al analizar el efecto de este tipo de obras sobre el equilibrio y la evolución del cauce debe tenerse en cuenta que el estrechamiento del cauce natural aumenta la capacidad de transporte de sedimentos, porque se aumenta la velocidad, y, en consecuencia, el efecto inicial será una erosión ligera en el tramo canalizado, que está protegido, y más fuerte aguas abajo, contra una sedimentación aguas arriba; posteriormente, cuando se estabilice el cauce, la pendiente longitudinal del río será la misma aguas arriba y más suave que la anterior en el tramo en cuestión pero, en ambos casos, el lecho estará más bajo que el inicial; el efecto aguas abajo se difuminará en una distancia mucho menor.

Fig. 3. Canalización del río Nervión en Llodio.

La intercalación de un tramo absolutamente artificial en el discurrir del río no cabe duda de que afecta a los ecosistemas naturales, por lo que cuando sea necesario utilizar una solución de este tipo deberán analizarse las repercusiones globales y tratar de encontrar procedimientos que disminuyan los efectos y, en su caso, compensar los negativos mediante acciones complementarias en otros tramos del río. El hecho de que los tramos canalizados atraviesen las ciudades aconseja prever los procedimientos mediante los cuales, en circunstancias hidrológicas normales, el cauce esté siempre ocupado por el agua, ya que produce un efecto de lámina de agua de gran valor paisajístico –e incluso recreativo– en una ciudad. En épocas de avenidas es preciso controlar el caudal de desagüe ya sea mediante compuertas –como es el caso del Manzanares en Madrid– o mediante azudes de goma deshinchables, como se dispone en el río Segura, en Murcia. En ocasiones, como en el caso del río Besòs, se ha logrado integrar el cauce en el entorno circundante, configurando, además del cauce para desaguar las avenidas, unas zonas de uso lúdico que constituyen un verdadero parque fluvial.

Los diques longitudinales son una variedad de encauzamiento constituido por diques –generalmente de altura relativamente reducida–, suficientemente alejados del cauce principal, que permiten aumentar el nivel de las aguas por encima del que alcanzarían en condiciones naturales, de forma que se incrementa el calado de la sección y, en definitiva, la capacidad de desagüe; se restringe así, simultáneamente, la inundación a la zona comprendida entre los diques sin que la crecida afecte a las propiedades limítrofes. En nuestro país acompañan muchas veces a las canalizaciones de fábrica y las complementan cuando los caudales de avenida superan el máximo que aquéllas pueden transportar. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esta solución agrava de manera sustancial los problemas del drenaje normal de la cuenca adyacente –impedido por los diques– hacia su colector natural, que es el río, por lo que exige la construcción de un sistema que lo resuelva, que puede estar basado en estaciones de bombeo, canales de desvío, embalses temporales y diques en los tributarios.

Un aspecto muy importante –que debe tenerse muy en cuenta con este tipo de solución– es que en el caso de que fallen los diques, o se produzca una inundación superior a la prevista, se pueden generar enormes peligros a las personas y daños a las propiedades colindantes debido, respectivamente, al ambiente de seguridad absoluta que se crea instintivamente entre las poblaciones ribereñas protegidas y a la construcción adyacente de instalaciones muy costosas. El problema de la determinación del caudal máximo que se pretende desaguar –el llamado caudal de proyecto–, y en definitiva del grado de protección que se consiga, es fundamental cuando se utiliza este tipo de solución, debido a la enorme repercusión que tiene sobre el coste total un pequeño aumento de la altura de los diques, puesto que afecta, normalmente, a muy grandes longitudes y puede suponer un porcentaje muy elevado del coste de construcción de las obras.

Fig. 4. Encauzamiento del río Segura a su paso por la Vega Baja.

La repercusión sobre los costes de las obras de la magnitud del caudal de proyecto fue un tema que se analizó detenidamente durante la redacción del proyecto de encauzamiento del río Segura entre la Contraparada y Guardamar. Se contemplaron diversos escenarios, definidos por avenidas con diferentes periodos de retorno y varias hipótesis relativas al elenco de estructuras de laminación previstas en el Plan General de Defensas; después de un detenido análisis de la problemática así concretada se decidió proyectar un encauzamiento con una capacidad de 400 m3/s, asociado a un periodo de retorno de 50 años, por cuanto caudales superiores significaban costes absolutamente imposibles de asumir, debido a su repercusión sobre la cirugía urbanística que implicaban. En todo caso, la complejidad del sistema de defensas del río Segura permite una serie de maniobras y proporciona un preconocimiento de datos básicos que disminuyen de manera drástica los daños potenciales para caudales superiores a los citados 400 m3/s. La figura 4 refleja una panorámica aérea del encauzamiento del río Segura en la Vega Baja.

La proximidad inmediata de los diques longitudinales a las propiedades que pretenden proteger –y el hecho de que muchas veces en las que se elige esta solución el nivel del agua en avenidas es superior al de la plana aluvial– implica, en caso de fallo, unos daños enormes e incluso un grave peligro para las vidas humanas; esta consideración aconseja que este tipo de obra se proyecte siempre con amplios coeficientes de seguridad. La solución de diques longitudinales puede utilizarse con éxito, sin embargo, en zonas aún no muy pobladas si se construyen de forma que no afecten a la evolución del régimen y curso del río, situándolos sobre lo que se suele denominar "cinturón de meandros" y que, en realidad, son las curvas exteriores paralelas a las envolventes de aquéllos.

Este emplazamiento de los diques, además de no afectar al régimen hidráulico del río, tiene la ventaja adicional de que tales diques pueden ser de mucha menor altura por cuanto la sección transversal comprendida entre ellos es mucho mayor; por otra parte, los terrenos internos se pueden utilizar para actividades secundarias –cultivos estacionales, pastoreo, ocio, etc.– fuera de la temporada sujeta a inundaciones cuando, como ocurre muchas veces, son estacionales; preservan, además, una gran zona del acoso de las construcciones urbanísticas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los sedimentos que durante las inundaciones se depositaban en toda la plana aluvial, fertilizándola en muchos casos, quedarán ahora localizados en el área mucho menos extensa protegida por los diques.

Cauces de emergencia y trasvases
En muchas ciudades que precisan protección contra las inundaciones es muy frecuente que la situación urbanística sea tal que ya no es posible, desde un punto de vista económico, conseguir, con ningún tipo de encauzamiento u obras de regulación, el paso de la crecida por el cauce antiguo; por ello es preciso habilitar uno nuevo que contornee la ciudad y transporte parte o todos los caudales. Lo normal en estos casos es que la solución más económica y adecuada para mejorar la calidad de vida en la ciudad sea dejar el cauce existente para que circulen los caudales normales y hacer circular las crecidas por uno nuevo en el que se permitan, en precario pero fuera de la temporada de avenidas, actividades agrícolas estacionales y/o deportivas. Ocurre a veces –como es el caso de Valencia– que el cauce antiguo se anula completamente para el transporte de agua y se utiliza para emplazar en él nuevos equipamientos sociales –jardines, centros de convención, auditorios, etc.– que tan necesarios son hoy en día y tan difíciles de emplazar por falta de espacio en lugares céntricos.

Cuando la solución es contornear la ciudad no debe olvidarse que los caudales derivados vuelven, aguas abajo, al río existente, por lo que debe asegurarse mediante los modelos necesarios –físicos o matemáticos– que el remanso que se produce hacia aguas arriba desde el punto de confluencia no afectará a los tramos que se pretende proteger. Si no existe un antiguo ramal del río, o una depresión, y es preciso construir un nuevo cauce, suele ser más económico y aconsejable, cuando es factible, utilizar soluciones de sección transversal de gran anchura y sin excavación –es decir, a base de diques longitudinales–, que excavar para obtener el necesario cauce. En todo caso, la solución exige la construcción de una estructura de control que limite, o anule, el caudal máximo que ha de circular por el cauce antiguo y permita derivar al nuevo cauce los caudales previstos.

Esta solución se utiliza también con cierta frecuencia en las zonas finales de los ríos, en cuyas márgenes se suelen acumular industrias, poblaciones e incluso zonas portuarias; en estos casos, la solución casi siempre consiste en construir un nuevo cauce para el caudal máximo previsto y abandonar prácticamente el antiguo. Esta solución debe planificarse teniendo muy en cuenta la ordenación del territorio, porque las nuevas zonas ribereñas tienen atractivos importantes, y pueden suponer grandes ventajas de descongestión de la ciudad siempre que se ordenen adecuadamente, como será en Barcelona el caso del desvío del río Llobregat en su tramo final.

Cuando se sustituye completamente el cauce es frecuente que se incremente la longitud respecto a la del río actual, por lo que, puesto que la cota del punto de confluencia con el mar debe ser la misma, se produce una disminución de la pendiente longitudinal que implica una menor capacidad de transporte de sedimentos; es preciso entonces tomar las medidas oportunas, en relación con la sección transversal, para evitar la elevación del perfil longitudinal del río aguas arriba del punto en el que se ha realizado la desviación.

Los trasvases pueden considerarse como cauces de emergencia y, en general, tienen la misma problemática que éstos con la única diferencia de que su punto de destino es otro río cuyas características hidráulicas será preciso analizar también; no es una solución frecuente a menos que se trate de zonas muy planas con ríos muy próximos, donde los canales de trasvase puedan servir en ambas direcciones, de forma que sea posible derivar aguas de uno a otro, según convenga en cada caso, en función de la cuenca en la que se ha generado la inundación. El empleo de esta alternativa exige que los ríos, además de discurrir a distancias relativamente próximas, tengan regímenes hidrológicos tales que no faciliten la presentación de avenidas simultáneas o, al menos, que sus hidrogramas estén desplazados en el tiempo y permitan manipular los caudales y enviarlos al cauce más adecuado en cada momento.

La gran diversidad de climas y condicionantes geomorfológicos de España ha impulsado la construcción de todo tipo de soluciones y, por supuesto, también se dispone en nuestro país de ejemplos de trasvases, a pesar de que, como se ha dicho, no son obras muy frecuentes para estos menesteres de lucha contra las inundaciones. Entre las más significativas se encuentra la llamada del Paretón, que es una obra destinada a derivar las avenidas del río Guadalentín –afluente del río Segura por su margen derecha– hacia la rambla de Mazarrón, que desemboca directamente en el mar Mediterráneo. También es digno de mención el nuevo cauce del río Daró, en Girona, que se ejecutó para proteger la zona de su desembocadura frente a las avenidas de ese río y del Ter.

Obras de drenaje
Es en las planas aluviales, situadas en las márgenes de los tramos finales de los ríos, donde suelen existir las zonas regables más ricas y se emplazan las industrias y núcleos de población más numerosos; en estas zonas las pendientes transversales de los valles son mínimas, de forma que los terrenos adyacentes a los cauces se pueden inundar, con independencia de los caudales fluyentes en la red hidrográfica, debido a la falta de drenaje natural, que se agrava en las zonas urbanas por la impermeabilidad de los suelos. La acción conjunta de estos dos factores produce, con lluvias suficientemente continuas, que ni siquiera hace falta que sean muy intensas, el anegamiento del terreno y mayores o menores daños en función de la duración de la sumersión. Es evidente que el desbordamiento de los ríos en terrenos de estas características puede provocar también inundaciones, aunque no llueva directamente sobre ellos, y no cabe duda de que ambos fenómenos pueden presentarse a la vez, agravando el problema y prolongando la inundación.

Independientemente del problema de defender la zona contra las inundaciones procedentes de los ríos –que deberá resolverse por alguno de los métodos ya analizados–, la problemática de su drenaje comporta dos nuevos aspectos que es necesario analizar: 1, el desarrollo de una red de drenaje para evacuar, lo más rápidamente posible, las aguas que lleguen, ya sean pluviales o desde los ríos; y 2, el desagüe, a la red hidrográfica natural, de los caudales recogidos por la de drenaje.

Cuando, como es el caso general, la zona en la que se desarrolla la red de drenaje está protegida contra las inundaciones procedentes de los ríos, el problema del desagüe se complica por cuanto es necesario prever soluciones para desaguar los caudales recogidos por esta red cuando el nivel del río es muy superior al normal; los tres procedimientos usualmente utilizados son: embalses de retención, canales de desvío y estaciones de bombeo. Todos ellos suponen inversiones importantes y considerables gastos de explotación cuando es preciso también elevar las aguas, pero es un aspecto que no se debe olvidar en la lucha contra las inundaciones, porque los efectos que producen sobre el normal desarrollo de las actividades en las ciudades y en sus servicios son graves y, además, tienen una gran repercusión en la valoración que sus habitantes se forman sobre la capacidad de sus regidores.

Actividades de gestión
Las denominadas actividades de gestión no eliminan, prácticamente en ningún caso, los efectos y daños de las inundaciones, pero pueden reducirlos sustancialmente, sobre todo cuando se trata de fenómenos de frecuencia ordinaria o media; no obstante, su utilización coordinada con las actividades estructurales ya descritas permite incrementar la eficacia de aquéllas, e incluso disminuir substancialmente las dimensiones que de otra forma deberían alcanzar las obras correspondientes.

La gran ventaja de las actividades de gestión es la ausencia de grandes inversiones iniciales, que, además, frecuentemente se pueden escalonar; por contra, su gran inconveniente es que exigen disponer de una organización especializada en estos temas. En todo caso es indudable que la mayor aplicación de este grupo de medidas se produce cuando existe un organismo principal que coordina todas las actividades hidráulicas posibles en la cuenca hidrográfica, o al menos la mayor parte de ellas, ya que entonces es más fácil planificar actuaciones adecuadas, efectuarlas en el momento oportuno e integrarlas en la gestión hidroeconómica global. Las actividades de este tipo más frecuentemente utilizadas son las siguientes:

— Conservación de suelos y reforestación.
— Zonificación y regulaciones legales.
— Implantación de un sistema de seguros.
— Instalación de sistemas de alarma y previsión.

Conservación de suelos y reforestación
La mayor parte de los sedimentos que transporta un río, especialmente en avenidas, proceden de la erosión de las cuencas de cabecera; considerando que en muchos casos son precisamente estos sedimentos los que influyen, de forma decisiva, sobre los niveles que se producen en los cauces durante las inundaciones –además de aumentar en forma muy notable los daños que originan–, se comprende el interés que tiene el control de la erosión o lo que, en puro anglicismo, se denomina conservación de suelos.

Los motivos apuntados justificarían por sí solos el análisis del problema de la erosión de las zonas superiores de una cuenca a fin de controlar los daños que producen las inundaciones. Sucede, además, que cuando el terreno está desnudo de vegetación es mucho más fácilmente erosionable y no tiene la menor capacidad de retención frente a lluvias algo intensas; en consecuencia, el tiempo que tarda el agua de escorrentía en llegar a los cauces naturales es mucho menor que si los suelos están cubiertos de bosques o pastos y se incrementan las probabilidades de que, para la misma cantidad de lluvia total, se genere una avenida.

Si la cuenca está cubierta de bosques, o existe una buena capa de vegetación, se producirá mayor intercepción de la lluvia así como mayor infiltración de agua en el suelo, de manera que el caudal base de los ríos será mucho más estable, regular y será menos probable y frecuente la formación de avenidas repentinas. No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que una política adecuada de conservación de suelos y una ordenación en la reforestación y explotación de los bosques puede conseguir sustanciales incrementos en la regulación hidrológica de la cuenca, e incluso en el control de avenidas pequeñas y medianas, es muy probable que tenga efectos pequeños, casi prácticamente nulos, sobre las crecidas extraordinarias, porque éstas se producen, normalmente, después de una larga temporada de lluvias intensas cuando el terreno ha quedado completamente saturado de agua.

En cualquier caso los beneficios que se producen con la reducción de las puntas de caudal de las crecidas más frecuentes, así como con la disminución de la erosión –incrementando, en consecuencia, la vida útil de las grandes obras hidráulicas y especialmente de los embalses–, son tan grandes que siempre es obligada, cuando se plantea la solución integral del problema de las inundaciones de una cuenca hidrográfica, la consideración de acciones dirigidas a la conservación del suelo. Las labores que implica el control de la erosión pueden variar desde la repoblación forestal hasta la construcción de pequeños azudes de retención. Es un problema interdisciplinar cuya correcta solución exige del concurso de un gran número de especialistas, pero que suele precisar pequeñas inversiones en relación con los beneficios indirectos que produce, especialmente a las zonas de menor cota de la cuenca.

En España, donde –en mayor o menor grado según las circunstancias y posibilidades de inversión– se utilizan, como ya se ha dicho, todos los medios conocidos de lucha contra las inundaciones, se están llevando a cabo en todas las cuencas hidrográficas intercomunitarias sendos Planes Integrales de Restauración Hidrológica Ambiental; entre las numerosas actuaciones que contemplan están las destinadas a reforestar las cuencas, revegetar las márgenes y riberas y acondicionar los cauces en tramos puntuales.

Zonificación y regulaciones legales
Las medidas de zonificación y de ordenación legal están indicadas, principalmente, en aquellas cuencas aún no muy desarrolladas en las que se puede ordenar de manera racional el uso del territorio, de forma que las áreas más expuestas a las inundaciones se destinen a actividades en las que los daños potenciales no sean muy importantes. Esta ordenación se puede hacer de forma directa y definitiva, mediante la prohibición de implantar determinados usos, o en forma indirecta obligando, para permitir el emplazamiento de las instalaciones correspondientes, a disponer determinadas protecciones e imponiendo unos coeficientes de seguridad y determinadas peculiaridades en la construcción de edificios que, en cualquier caso, minimicen los peligros y daños potenciales.

Este tipo de ordenación es relativamente fácil de imponer en los tramos de los ríos donde aún no se ha producido un desarrollo acelerado, a menudo irracional, y se puede planificar el uso del suelo; desgraciadamente, en muchas de las zonas afectadas por las inundaciones, especialmente en las proximidades de las grandes ciudades, las construcciones ya han invadido los cauces de avenidas, cuando menos, y es preciso acudir a las soluciones estructurales previamente descritas que, no cabe duda, son mucho más costosas.

La regulación generalmente aceptada, en aquellos países donde se ha realizado, consiste en diferenciar tres zonas progresivamente menos sujetas a limitaciones de uso que se conocen, respectivamente, como de prohibición, restricción y precaución. La primera –zona de prohibición– corresponde al cauce de avenidas ordinarias y dentro de sus límites se veta la construcción de cualquier edificio u obra. La zona de restricción, adyacente a la anterior, suele quedar inundada durante las avenidas extraordinarias, pero en ella el agua discurre muy lentamente, a veces incluso en sentido contrario al normal, y contribuye poco al desagüe eficaz de la inundación. Si bien no se impide la construcción de edificios, ni otras obras, dentro de sus límites, sí se reglamentan las condiciones que deben observarse en su proyecto y construcción así como las especificaciones de los materiales empleados; a menudo se fijan las cotas mínimas por encima de las cuales deben situarse las viviendas permanentes y los emplazamientos de maquinaria costosa, almacenes de productos caros y peligrosos, etc. La zona de precaución es la más alejada del cauce y corresponde a aquellos lugares que podrían ser alcanzados por una inundación de una frecuencia extremadamente pequeña y poco probable, pero no imposible; no se impide la construcción de ningún tipo de obras ni se imponen condicionamientos en los proyectos, pero se informa a los propietarios que quieren desarrollar alguna actividad en su interior sobre la cota hasta la que puede llegar el nivel de las aguas.

La base legal que existe en España se basa en las disposiciones de la Ley de Aguas de 1985 y de los Reglamentos que la desarrollan, ya que no han sido modificados de forma substancial a este respecto por la Reforma recientemente aprobada. En definitiva, se delimitan diversas zonas en las márgenes de los ríos de acuerdo con las siguientes prescripciones:

a. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (Art. 4). Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente (Art. 4 del Reglamento). Esta zona –con independencia de la dificultad de su determinación, acometida con carácter general por el denominado Proyecto Linde– es evidentemente una zona de prohibición.

b. Se entiende por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. La Ley de Aguas (Art. 6) establece que las márgenes de los cauces estarán sujetas a una zona de servidumbre de cinco metros y a una zona de policía de cien metros, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, lo que sin duda la convierte en zona de restricción, ya que, además, el artículo 78.1 del Reglamento regula que para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces se exige la autorización previa del Organismo de cuenca, a menos que éste hubiera informado, con carácter general, los correspondientes Planes de Ordenación Urbana.

c. La zona de precaución podría identificarse con la que se limite, en cada caso, a partir de la aplicación del artículo 11.2 de la citada Ley de Aguas y de su Reforma, en las que se dispone: "El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación". La citada Reforma de la Ley de Aguas ha añadido un nuevo párrafo a este Artículo 11 que dice: "… los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables". Es conveniente recordar que las zonas inundables se definen (Art. 14.3 del Reglamento) como las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, a menos que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente.

Debe tenerse en cuenta, también, al objeto de definir estas diferentes zonas, que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE del 14 de febrero de 1995) establece la necesidad de clasificar las zonas inundables según los siguientes criterios:

a. De inundación frecuente: son las que resultan afectadas por las avenidas de cincuenta años de recurrencia.

b. De inundación ocasional: cuando resultan afectadas por avenidas entre cincuenta y cien años de periodo de retorno.

c. De inundación excepcional: aquellas que son inundadas por avenidas entre cien y quinientos años de periodo de retorno.

Del cruce de ambas clasificaciones puede deducirse que las zonas de prohibición y restricción que se deducen de las definiciones de la Ley de Aguas son valores mínimos que pueden ser ampliados a juicio del Organismo de cuenca, en cada caso, aplicando los criterios de frecuencia en las inundaciones que se deducen de la aplicación de la mencionada Directriz Básica de Planificación.

Implantación de un sistema de seguros
Este método es una modalidad de las regulaciones legales que se pueden utilizar cuando se ordena la zonificación de una cuenca; consiste en la obligación de asegurar contra las inundaciones los edificios y actividades que se desarrollan en las áreas sujetas a las inundaciones. Como es natural, las primas han de ser función de la zona en que está emplazada la instalación y de la medida en que se cumplen los requisitos oficiales respecto a cotas y tipologías estructurales y características de los materiales. El sistema está basado en la obligación de disponer de una cobertura económica por realizar determinada actividad en un lugar sujeto a un peligro cuantificado de antemano, con cierta aproximación, que será mayor o menor según se cumplan los requisitos legales establecidos al efecto.

Lo más importante es lograr imponer, por vía directa o indirecta, la obligación de establecer seguros a este respecto porque, de esta forma, en caso de inundación las indemnizaciones y auxilios públicos serán de relativa poca importancia y, lo que es más importante, el coste de desafiar a la inundación lo pagará en su mayor parte quien se beneficia de un emplazamiento ventajoso en un lugar comprometido por las inundaciones. Por supuesto existen situaciones en que no hay otra alternativa de localización y el Estado podrá, en tales casos, conceder las ayudas pertinentes e incluso suscribir las pólizas él mismo. En definitiva se trata de que en los estudios económicos para decidir la localización más adecuada para cierta actividad se valoren y asuman los costes ciertos que suponen los riesgos de una inundación y no se externalicen al resto de la comunidad por la vía de las indemnizaciones.

Instalación de sistemas de alarma y previsión
En todas aquellas cuencas hidrográficas en las que la configuración geomorfológica y las características climáticas e hidrológicas son tales que es frecuente la ocurrencia de inundaciones, es obligado disponer de un sistema de alarma que permita avisar, con la mayor antelación posible, la presentación de la inundación, para poder tomar las medidas oportunas. Estos sistemas precisan, en primer lugar, de una red de toma de datos básicos, a partir de los cuales se puedan inferir los caudales y niveles en cada punto conflictivo de la cuenca; esta red puede variar, según sea su sofisticación técnica, desde la detección de los simples niveles de agua que se van produciendo en diferentes puntos de las cuencas de cabecera hasta una verdadera previsión del tiempo –basada en estaciones de radar y/o sensores adecuados instalados en satélites artificiales–, pasando por una red de pluviógrafos convenientemente situados.

En España está disponible el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) en todas las cuencas de la vertiente mediterránea, además de en las del Guadalquivir y Tajo; en las restantes el sistema está en diferentes fases de redacción de su proyecto o construcción. El S.A.I.H. permite conocer en tiempo real el estado de una serie de variables hidrológicas e hidráulicas que aportan información sobre el estado de la cuenca, tanto en situación normal como durante las avenidas.

El S.A.I.H, que comenzó su implantación en 1983, consta no solamente de los equipos que permiten la toma de datos y su envío a los centros de decisión sino de toda una serie de modelos de simulación del comportamiento de las avenidas e inundaciones para las diferentes cuencas y de aplicaciones de ayuda a la decisión –basadas en la tecnología de inteligencia artificial y sistemas expertos– que facilitan notablemente la operación de las infraestructuras hidráulicas durante las avenidas. Son conocidos, y están bien documentados, los notables resultados de predicción y manejo de las avenidas que se han obtenido ya en las cuencas del Júcar, Segura, Sur, Ebro y Pirineo Oriental, gracias al empleo de los datos proporcionados por el S.A.I.H.

Acciones de emergencia
El tipo de actividades que se incluye en este grupo corresponde a las que se realizan cuando ya se conoce que se ha de producir la inundación y, por supuesto, a las que se deben ejecutar tanto durante su desarrollo como en los periodos posteriores. Este es un tema de competencia y especialidad de las organizaciones de Protección Civil, tanto por cuanto se refiere a la planificación como al desarrollo y coordinación de las medidas a tomar desde el momento en que se activa la alerta que señala la probable ocurrencia de una inundación, hasta que pasa el peligro o, en el peor de los casos, los efectos de aquélla.

Consciente de que por muchas medidas de carácter estructural y de gestión que se implementen nunca se podrá eliminar totalmente la posibilidad de que se produzcan inundaciones, la Administración Pública aprobó la mencionada Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, en la que se establecen los criterios, el alcance y la metodología que se deben tener en cuenta para redactar los Planes de Emergencia, tanto a nivel estatal como autonómico y local. En la actualidad se están redactando estos Planes que, no cabe duda, contribuirán a disminuir los daños, especialmente las víctimas humanas que pueden generar las avenidas e inundaciones cuando, antes o después, se vuelvan a producir.

Conclusiones

a. Los terrenos ribereños, especialmente los valles fluviales cercanos a las desembocaduras, han sido siempre terrenos con grandes atractivos para los asentamientos humanos.

b. Las razones de tal preferencia se basan en la facilidad que proporciona la disponibilidad inmediata del agua necesaria para instalar regadíos o instalaciones industriales. La producción de alimentos del propio río, la agilidad que suministra a las comunicaciones y la inmediata eliminación de los desechos también tuvieron su influencia en la elección de estos emplazamientos privilegiados.

c. El crecimiento de la extensión necesaria para los asentamientos propició la invasión de los cauces naturales de los ríos; casi siempre los correspondientes a las avenidas extraordinarias y muchas veces incluso los propios álveos.

d. Esta invasión afectó a los ecosistemas naturales y expuso a los humanos, y sus medios de producción, a los peligros inherentes a avenidas e inundaciones.

e. El efecto sobre los ecosistemas ha sido más lento y ha preocupado poco, o nada, durante largos siglos. Es relativamente reciente la época en que se ha levantado la inquietud al respecto y se han empezado a tomar medidas para su protección y conservación. Es evidente que la total recuperación será, en muchos casos, completamente imposible de lograr.

f. Los peligros que suponen avenidas e inundaciones fueron percibidos inmediatamente por la población, si bien se agravaron conforme se incrementó la invasión de los cauces. El hombre hubo de enfrentarse, desde muy antiguo, a los peligros de estos fenómenos hidrológicos, por lo que se han imaginado numerosos procedimientos para luchar contra ellos –perfeccionados a lo largo del tiempo–, y existen innumerables ejemplos y experiencias al respecto.

g. Los métodos disponibles se dividen en dos grandes grupos –prevención y emergencia– según que las acciones pertinentes se desarrollen antes de que las aguas alcancen las zonas inundables o sean procedimientos de emergencia para paliar los efectos sobre las personas, bienes y servicios en el mismo momento, y después, de producida la inundación.

h. En el primer grupo –procedimientos de prevención– se distinguen los denominados estructurales –que implican la implantación de infraestructuras con inversiones relativamente importantes– de los llamados de gestión, que suponen acciones legislativas, organizativas, de alarma, seguros, etc., y que, generalmente, se utilizan conjuntamente con los métodos estructurales, cuya eficacia incrementan de forma notable.

i. En el cuadro 1 se reflejan las principales actividades que se pueden acometer y los objetivos que se persiguen en cada caso; todos ellos se detallan en el presente artículo.

j. Un caso especialmente importante es el de la protección de aquellas ciudades que han invadido de tal forma el cauce natural que es prácticamente imposible recuperar las dimensiones necesarias para que transporte los caudales de avenida. En tal caso o bien se acude a disminuir el caudal circulante de manera drástica mediante su laminación en embalses situados aguas arriba (Málaga) o es preciso acudir al empleo de cauces alternativos (Valencia).

k. La decisión de utilizar un nuevo cauce es una oportunidad de reorganizar el tejido urbano y su territorio anexo que exige de un estudio detallado y pluridisciplinar sobre los objetivos que se pretende conseguir, adicionales a los obvios de proteger a la ciudad frente a las inundaciones. n


Referencias

1. Nixon, M., "Flood regulation and river training", Symposium on the Conservation of Water Resources in the United Kingdom, Institution of Civil Engineers, 1962.
2. La Inundaciones en España. Informe de síntesis, Comisión Nacional de Protección Civil, 1984.
3. Hidrología histórica del Segura, Centro de Estudios Hidrográficos, 1965.
4. Metodología para el análisis de los daños ocasionados por las inundaciones, Comisión Nacional de Protección Civil, 1984.
5. Directrices para la prevención de catástrofes, Organización de las Naciones Unidas, 1976.
6. Hydrologic Engineering Requirement for Flood Damage Reduction Studies. Engineering Manual, U.S. Army Corps of Engineers, 1995.
7. Assessment of Structural Flood-Control Measures on Alluvial Fans, Federal Emergency Management Agency, 1993.
8. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras Hidráulicas, Ministerio de Medio Ambiente, 1999.
9. Penning-Rowsell, E.C., et al., Floods and Drainage, 1986.