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Ricardo Segura Graíño *
* Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ministerio de Medio Ambiente
Descriptores: Gestión integrada del agua, Paradigma de la gestión, Ética del uso del agua, Uso racional y sostenible, Tratamiento global
Introducción
En las
circunstancias presentes de desarrollo económico, técnico y social
que ha alcanzado la Humanidad, el agua dulce constituye un recurso natural escaso
en una parte considerable del mundo habitado. En extensas áreas de la
Tierra, y también del territorio español, los recursos hídricos
disponibles no siempre cubren las necesidades de agua de la sociedad, incluso
con las costosas (costosas en términos monetarios y sociales) infraestructuras
hidráulicas construidas. En términos más técnicos,
se podría asegurar que la distribución (temporal y espacial) de
las demandas de agua no siempre es inferior a la de los recursos hídricos
disponibles. Para el futuro, y en la práctica totalidad de los escenarios
contemplados, las perspectivas son aún más pesimistas. Por ello
puede hablarse con total propiedad de una creciente escasez de agua (a nivel
mundial y nacional). Esta escasez o penuria obliga a utilizar los recursos hídricos
con la mayor racionalidad y eficiencia posibles, entendidas ambas desde una
perspectiva cuádruple: técnica, económica, social y medioambiental.
La administración rigurosa del agua es un imperativo ineludible, que
se deriva directamente de dicha escasez creciente y generalizada.
En España, la Administración Pública responsable de la gestión del agua ha combatido tradicionalmente la escasez de este recurso con actuaciones enfocadas, preferentemente, sobre dos vías diferentes. En primer lugar, aumentando la disponibilidad del recurso, mediante el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la construcción de grandes presas y grandes canales de aducción; estas actuaciones se integran en la llamada política de oferta de recursos. En un sentido opuesto, la escasez también se ha afrontado con la limitación de las demandas de agua (restricciones temporales en años secos, prohibición o limitación de nuevos usos, fomento del ahorro de agua, campañas de concienciación de la sociedad en el uso eficiente, etc.), aplicando con este tipo de medidas una política de contención de la demanda. Estas dos vías precitadas no son necesariamente alternativas o excluyentes, sino que, por el contrario, deben ser paralelas y complementarias en su consideración y aplicación.
Incluso aplicadas conjuntamente, estas dos vías son notoriamente insuficientes para resolver los problemas que padecemos actualmente. En consecuencia, los responsables de la gestión del agua en España (en especial los Organismos de cuenca o Confederaciones Hidrográficas) están aplicando progresivamente nuevas formas de gestión más amplias y ambiciosas, las cuales vienen impuestas por las complejas circunstancias presentes. En esencia, la nueva gestión del agua consiste en administrar conjuntamente los recursos hídricos, las demandas de agua (cualquiera que sea su naturaleza y circunstancias), el patrimonio hidráulico existente (tanto el natural como el ejecutado por el hombre) e, incluso, la asignación de las futuras inversiones. Además, se reconsiderarán los procedimientos aplicados en la gestión, para introducir los cambios normativos y nuevas pautas de actuación que sean necesarios. Todos estos ámbitos serán aplicados en la medida en que sean necesarios (sin prejuicios y sin prioridades para ninguno), para conseguir la máxima eficiencia de los recursos y medios disponibles (evaluada aquélla, por supuesto, con criterios técnicos, económicos, sociales y medioambientales).
De esta forma se supera la gestión tradicional del agua (limitada al mero ajuste entre demandas y recursos disponibles) y se dan los pasos fundamentales para establecer el nuevo paradigma de la gestión del agua. Este paradigma estará presidido por la búsqueda de un equilibrio entre la protección del recurso y su aprovechamiento, dando lugar al concepto de aprovechamiento racional y sostenible del agua, el cual es una manifestación del uso ético por las generaciones actuales de los recursos naturales.
La
gestión del agua
En este
nuevo paradigma, la característica principal de la gestión del
agua en el futuro deberá afianzar y ensanchar el tratamiento global (se
podría hacer mención al carácter "holístico",
pero esta expresión todavía no está asimilada por nuestra
lengua), debiéndose entender esta globalidad con la mayor amplitud. La
resolución de los profundos y complejos desafíos inherentes al
aprovechamiento del agua solamente puede abordarse desde la amplitud de miras
en todos los estamentos y cuestiones relacionados con la gestión. Deberán
ser mantenidos los aspectos positivos de la gestión tradicional y erradicadas
las rémoras, inercias y rigideces existentes, cualquiera que sea su origen
y naturaleza.
La gestión debe ser desarrollada por todas las partes y sectores concernidos, de manera coordinada y de acuerdo (en cada momento y lugar) con sus propias posibilidades. Nadie, tampoco la Administración Pública, tiene el monopolio o la responsabilidad exclusiva de la gestión. Los gestores actuales deben ensanchar paulatinamente el horizonte de la gestión y aceptar con generosidad la intervención progresiva de nuevos agentes. No basta, aunque éste sea un estadio en el camino de progreso, con la gestión desde la información, el diálogo y la participación (aquella gestión en la que los sectores interesados y la sociedad son informados, consultados e, incluso, participan por consenso o votación en la toma de las decisiones importantes). Además de transparente, dialogante y participativa, la gestión futura (asumida por un amplio consenso social) tiene que contar con la intervención en la misma de todos los sectores interesados. Entre estos sectores están incluidas las organizaciones no gubernamentales, en sus cometidos lógicos de defensa del medio natural.
Fig.
1. Acequia tradicional revestida de la Comunidad de Regantes de Burriana
(Castellón).
La gestión también deberá ser descentralizada, entendiendo bajo este último concepto aquella gestión en la que las distintas actividades constituyentes de la misma son desarrolladas desde el nivel o sector más próximo (privado mejor que público, local mejor que regional, regional mejor que nacional) que asegure la eficacia.
Por supuesto, la gestión deberá ser integrada. Se actuará en las cinco líneas básicas posibles ya mencionadas (recursos hidráulicos, demandas de agua, patrimonio hidráulico, inversiones y normativa específica), en forma paralela y conjunta. Tan erróneo sería limitarse a una de ellas (por ejemplo, la ejecución de inversiones) como olvidarse sistemáticamente de alguna. También es necesaria la más amplia perspectiva a considerar: técnica, económica, social y ambiental, lo que conlleva un tratamiento pluridisciplinar y la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles en cada momento. Es inconcebible hoy en día (es de esperar que aún lo sea más en el futuro) una gestión separada de los aspectos cuantitativos de los relativos a la calidad del recurso; tampoco es admisible una separación de la gestión según se desarrolle en condiciones de normalidad o excepcionales (sequías o avenidas). Otrosí respecto al tratamiento y aplicación de las aguas superficiales, subterráneas o de origen no convencional. En todos estos casos, las diferentes tecnologías específicas no deben ser (en absoluto) motivo u ocasión para cercenar en ramas o capillas la gestión, tampoco para actuaciones sin conexión ni coordinación.
La
gestión del agua en el regadío
Tampoco
la adscripción del recurso agua a los distintos usos deberá justificar
la secesión de su gestión. Es obvio que los distintos usos y aprovechamientos
del agua (y entre ellos el regadío) impregnan la gestión de sus
especificidades. Sin embargo, todavía es más cierto que la gestión
diferenciada en función de los usos implicaría disfunciones e
ineficiencias. Por lo tanto, la gestión del agua en el regadío
(bajo cuyo título se ampara esta exposición) no constituye una
rama autónoma de la gestión del agua, sino que sólo debe
entenderse como un conjunto de actividades realizadas a dichos efectos, las
cuales estarán integradas en la gestión global del agua y subordinadas
a la finalidad última buscada: el aprovechamiento del agua sin degradar
el medio ambiente (preámbulo de la vigente Ley de Aguas).
No es fácil, en los términos y extensión de este artículo, definir con precisión una doctrina de uso general sobre dicho paradigma de la gestión del agua para el regadío. Este último (el regadío) entraña una gran complejidad y un elevado componente de elementos o condicionantes circunstanciales (temporales, locales, formales, etc.), que condicionan profundamente la gestión e invalidan cualquier intento de tratamiento generalizado. Los distintos factores y condicionantes del regadío, en especial aquellos ajenos a la pura ciencia hidrológica (es decir, los relacionados con el suelo, el clima, las prácticas agronómicas, la seguridad alimentaria, los mercados, la sociología rural, las tarifas repercutidas, etc.), introducen connotaciones muy singulares en la gestión del agua en el regadío. Conviene aquí recordar que decisiones de política agraria, por ejemplo las subvenciones relativas para productos de regadío con consumos de agua muy diferentes (el caso extremo lo definirían el arroz y el girasol), condicionan profundamente la demanda real de agua. Por ello, en este escrito se centrará la exposición sobre las directrices o pautas básicas que, según el nuevo paradigma, deberán inspirar la concepción y el desarrollo de la gestión del agua en el riego. Estas directrices se completarán (siempre es de gran utilidad insistir en la presentación de ejemplos reales) con algunas referencias y aportaciones, todas ellas de marcada naturaleza práctica, presentando varios casos concretos de actuaciones españolas encaminadas a una gestión en la línea del nuevo paradigma. Estos ejemplos constituyen una muestra, pequeña pero bastante ilustrativa, de la amplia panoplia de posibilidades abierta por la aplicación de dichas directrices en la gestión del agua en el regadío.
Elementos
inspiradores
En la
concepción y organización de la gestión del agua y en su
práctica cotidiana se deberán tener muy presentes las directrices
que, siempre como desiderátum, se enumeran a continuación.
1. La participación en la gestión del agua de los estamentos interesados (en especial los propios usuarios), según los términos de la declaración de Dublín de enero de 1992.
2. Aplicación del principio usuario/pagador, con el objetivo final de alcanzar (al menos a largo plazo) el equilibrio financiero global del sector.
3. Sostenibilidad económica individual de todos los aprovechamientos del agua, debiendo ser de público conocimiento las subvenciones que sean imprescindibles (temporales o permanentes).
4. Uso y aprovechamiento del recurso por la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Convenio de Helsinki 1992).
5. Prevención en origen de cualquier forma de contaminación (incluida la difusa) del agua.
6. Aplicación, en la explotación y en la gestión, de la mejor tecnología disponible y viable.
7. Introducción progresiva y continuada de las nuevas pautas de conducta (sin vaivenes).
8. Realización de las actividades por el sector privado o, de no ser posible, por el escalón público eficiente más cercano (acción subsidiaria).
9. Coordinación de las actividades de todos los participantes en la gestión.
10. Conformidad con las previsiones de una planificación hidrológica previa.
11. Seguimiento de eventuales cambios en los supuestos de la planificación (clima, política agraria, estabilidad de precios, etc.).
12. Compatibilidad de usos, con reutilización sucesiva de los retornos según los respectivos requerimientos de calidad.
13. Educación de los ciudadanos en el uso racional del agua, como bien público escaso.
Normas específicas del regadío
1. Papel subordinado del uso del agua en el regadío en relación con otros usos (en especial el abastecimiento a la población), que exigen mayor calidad y garantía.
2. Uso eficiente del agua (ética estricta del uso del agua), procurando evitar despilfarros.
3. Introducción de nuevos elementos estructurales para reducir el consumo (contadores, balsas, revestimiento de canales y acequias, regulación dinámica de canales, etc.).
4. Aplicación de medidas no estructurales para reducir el consumo (medición del agua, formación y extensión agrarias, sistemas de reparto y turnos de riego, introducción de tarifas progresivas, concienciación social, etc.).
5. Preocupación por la eficiencia del drenaje (prevención de la salinización de los suelos), incluso control de los retornos (para mejorar su calidad y reducir su cantidad).
6. Entrega paulatina a las Comunidades de Regantes de las infraestructuras no estratégicas.
7. Control y actualización de las autorizaciones de uso (registro de concesiones).
1. La cuenca hidrográfica (en su defecto la subcuenca) y la zona regable (dividida en sectores) como marco espacial de la gestión. En España se introdujo este marco en el año 1926.
2. La anualidad como marco temporal (campaña de riego) pero con atención a los periodos de sequía plurianuales.
3. Aprovechamiento conjunto de recursos de distinto origen (aguas superficiales y subterráneas, reutilización, desalación, etc.).
Fig.
2. Balsa de regulación.
4. Utilización de incentivos económicos para ordenación de la demanda (política de tarifas).
5. Integración en la gestión de la experiencia acumulada y de las innovaciones tecnológicas.
6. Flexibilización, bajo condiciones y controles estrictos, del régimen legal actual de aprovechamiento del agua, para admitir transferencias temporales en el derecho de uso.
7. Previsión de las avenidas y sequías futuras, introduciendo códigos prudentes de gestión.
8. Uso estratégico en las sequías de la capacidad de regulación de embalses y acuíferos.
Ejemplos
concretos de aplicación de estos principios
Para
completar el ámbito del apartado anterior, quizás teórico
en exceso, y abrir el horizonte a la práctica cotidiana, se mencionarán
a continuación algunos casos reales de actuaciones desarrolladas por
nuestros gestores para acercar la gestión al nuevo paradigma.
A.
Protección del medio ambiente
La gestión
del agua tendrá como objetivo primordial, y esto nunca debe ser olvidado,
asegurar el equilibrio entre el aprovechamiento del recurso y su protección
(aprovechamiento racional y sostenible). La racionalidad en el uso implica su
eficiencia técnica y económica, pero también social y medioambiental.
La preocupación medioambiental (en su acepción de anticipación
proyectiva para orientar la conducta) no constituirá un elemento complementario,
a modo de detalle o adorno, sino uno de los fundamentos de la gestión.
Esta preocupación viene impuesta por el imperativo moral de la solidaridad
intergeneracional y, en el futuro, por el mandato legal de la nueva directiva-marco
de la Unión Europea sobre política hidráulica.
La incorporación en los Planes Hidrológicos de las distintas cuencas de prescripciones relativas a volúmenes y flujos mínimos en los cauces y embalses para protección del medio ambiente constituye un ejemplo actual de esta pauta de conducta. Desde hace bastantes años, la gestión del tramo inferior del río Ebro contempla las circunstancias singulares de su delta, asegurando un caudal mínimo en estiaje de 100 m3/s, con lo que se mantiene el equilibrio hidráulico de dicho elemento.
B.
Limitaciones al regadío en periodos o zonas de fuerte sequía.
Reparto de recursos limitados
En
los años y en los territorios con extrema sequía, la complejidad
de la gestión del regadío se incrementa. También en el
ámbito hídrico la pobreza es mala consejera. En particular, durante
las sequías se presentan dos graves problemas. Por un lado, el regadío,
usuario tradicional de los recursos hídricos, sufre ciertas tensiones
por la competencia de otros sectores en los que el agua genera un mayor rendimiento.
Por otra parte, en muchas campañas es preciso proceder al reparto entre
los usuarios de volúmenes menores que los acostumbrados.
Dentro del primer marco de actuaciones, el regadío debe afrontar medidas de mejora y modernización para introducir economías en el consumo para que el agua esté disponible para otros sectores prioritarios (propuesta contenida en la declaración realizada en La Haya en 1993, en el espíritu de la Agenda 21 de la Conferencia de Río de 1992, por el Congreso de la Comisión Internacional de Riego y de Drenaje). También son posibles limitaciones voluntarias en el consumo del riego (temporales o permanentes), normalmente a cambio de una compensación económica pactada. Una zona de riego (tanto en explotación como de nueva implantación), y que disponga de suficientes recursos, puede asumir determinadas limitaciones colectivas en su consumo. Los recursos obtenidos a partir de esta limitación temporal se destinarían al uso de mayor rentabilidad económica, ambiental y/o social, el cual soportaría la compensación. La limitación temporal pactada del gasto en un regadío próximo podría ser la alternativa más interesante (en términos sociales, ambientales e, incluso, económicos) para resolver las demandas crecientes de un área metropolitana con escasez de recursos, incrementando su nivel de garantía.
Fig.
3. Sistema de riego mecanizado (pivot), de Albacete.
En su momento, primera fase del periodo 1992-95, se llegaron a aplicar medidas de este tipo para paliar las restricciones en Sevilla. Para el futuro, en todo el litoral mediterráneo cabría la consideración de soluciones semejantes.
En segundo lugar, durante los periodos en los que los recursos son reducidos, se deben introducir por consenso con los usuarios limitaciones en el consumo. El acuerdo debe extenderse al volumen reservado para años sucesivos (si se gestiona en una base plurianual) y a la distribución en esa campaña de los recursos disponibles para ella. Incluso en una norma tan veterana como nuestra Ley de Aguas de 1879 (sustituida por la Ley de Aguas vigente, elaborada en 1985) se atribuye (literalmente) a las Comunidades de Regantes, en su artículo 237, "la distribución más conveniente [del agua] en años de escasez".
Fig.
4. Sistema de riego localizado, de la Comunidad de Regantes de Novelda.
Si el problema es limitado, es habitual la simple reducción porcentual (en un porcentaje asumible) de los consumos de años normales. Todos los usuarios sufrirán el mismo grado de penuria, para lo que deberán adaptar en forma individual sus prácticas agrarias a la escasez aceptada: incremento de la eficiencia, reducción de la superficie regada, introducción parcial de cultivos de menor gasto, etc.
Cuando las limitaciones son más severas, el criterio anterior puede originar un rechazo amplio, pues los usuarios (regantes) más rigurosos en el consumo de agua se sienten penalizados. Estas situaciones se han resuelto mediante una atribución volumétrica fija (m3/ha), completada por la prohibición o reducción temporal de los cultivos de fuerte consumo (caso del arroz en el tramo final del Guadalquivir). En otros casos, desde una consideración social, ha sido arbitrada una solución que otorgue algún tipo de ventaja a las zonas o cultivos que originen mayor demanda de mano de obra (preferencia a huertos, minifundios y cultivos que no se pueden mecanizar o que impliquen una recogida manual). En algunos años, el suministro se ha limitado estrictamente a las necesidades de los cultivos perennes (arbolado) y en la cantidad estimada para su mera supervivencia. Una vía análoga de limitación del consumo se está aplicando en la compleja gestión del acuífero de La Mancha occidental. La sobreexplotación que sufrió este acuífero (extracciones muy superiores a la recarga) originó un descenso relevante del nivel freático con un fuerte impacto ambiental. La situación se ha frenado temporalmente mediante una reducción voluntaria del consumo, apoyada por una compensación económica (financiada por fondos comunitarios). La solución definitiva para este problema, aún no conseguida, deberá pasar (con toda seguridad) por un acuerdo que contemple, entre otras, medidas de esta naturaleza (ahorro de agua y limitación del consumo).
Salvo en zonas muy concretas, aquellas donde existen recursos hídricos apreciables de titularidad privada (Canarias y puntos del litoral mediterráneo), no han sido aplicados criterios económicos para distribuir el agua en periodos de escasez. Probablemente esta vía se abrirá en un futuro próximo con la modificación del régimen legal actual de aprovechamiento del agua por concesión (reconocimiento y regulación por la normativa de los mercados de derechos de uso del agua).
C.
Uso estratégico de acuíferos y embalses hiperanuales
En amplias
zonas de nuestro país, la gestión con una perspectiva anual del
regadío sería inadecuada para las características hidrológicas
que sufrimos (con grandes variaciones de unos años a otros). Desde hace
unos cincuenta años, algunas Confederaciones Hidrográficas están
considerando ciclos de explotación plurianuales para los grandes embalses
de regulación. Sin embargo, sólo con ocasión del último
episodio de sequía se han aprovechado con profusión las posibilidades
de regulación interanual de los acuíferos (pozos de sequía).
La explotación de éstos será sostenible a largo plazo (extracciones
inferiores a las recargas), aunque en años muy secos la extracción
pueda exceder a la entrada de agua.
La explotación del tramo inferior del Júcar en el periodo más crítico del decenio actual constituye un espléndido ejemplo de esta utilización estratégica de las reservas acumuladas de agua (superficial y subterránea).
D.
Complementariedad entre regadío y demanda del sector turístico
Es bastante
significativa la sensible coincidencia estacional entre las demandas de estos
dos sectores (regadío y turismo), fundamentales ambos en el desarrollo
del área mediterránea. El regadío ostenta concesiones (previas
en el tiempo) para el uso de los recursos hídricos de la zona. También
podría utilizar, sin problemas insuperables, las aguas residuales depuradas
de los núcleos turísticos próximos (reutilización).
En este contexto, la gestión debería esforzarse en arbitrar un
acuerdo específico entre los dos sectores, con recíprocos beneficios.
Este acuerdo asignaría los recursos de calidad al turismo y serviría
el regadío con las aguas reutilizadas. Las ventajas del primero (el turismo)
son evidentes. El segundo consumiría un recurso de menor calidad pero
de mayor nivel de garantía (el mismo que el abastecimiento); también
podría recibir alguna compensación económica adicional.
Esta posibilidad es de aplicación cada vez más frecuente en nuestro litoral mediterráneo, con el notable ejemplo del compromiso entre Benidorm y las zonas de riego inmediatas.
E.
Prevención de los efectos adversos de las avenidas
La prevención
de avenidas no se limita al momento en que se presentan, sino que constituye
un elemento de constante preocupación para los agentes gestores. En periodos
de normalidad, la atención se enfocará sobre la consideración
de los riesgos y la introducción de las medidas más eficaces para
su reducción. Entre ellas están tanto la ejecución de infraestructuras
como la aplicación de medidas no estructurales, destacando entre estas
últimas la explotación racional y prudente de los embalses (cualquiera
que sea su destino) y la ordenación del territorio. Durante el evento,
la utilización de sistemas de alerta, la aplicación de medidas
de protección civil y la retención controlada de volúmenes
de agua (laminación) forman el trío de líneas, plenamente
compatibles entre ellas, de actuación.
En los últimos años, la introducción en España del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) ha dotado a los gestores con una valiosa herramienta de gestión durante las avenidas, tanto como elemento de alerta como útil que permite optimizar los efectos positivos (laminación) de los embalses. Por su parte, las actuaciones de deslinde del dominio público hidráulico y los estudios de delimitación de áreas propensas a la inundación (como elemento básico de la ordenación territorial) permiten la prevención ex-ante de las avenidas. Otro ejemplo de gestión de las avenidas se ha producido en la cuenca del Tajo durante el invierno de 1995/96, evento en el que se colaboró estrechamente con Portugal para, desfasando en el tiempo los desembalses de ambas partes, limitar los daños producidos por las importantes avenidas presentadas.
F.
Entrega a los usuarios de la gestión de las infraestructuras
En las
primeras etapas de la implantación de un regadío colectivo, la
Administración impulsora del mismo debe constituirse en responsable fundamental
de la explotación y mantenimiento de la mayoría de sus infraestructuras.
Ello está justificado por la natural falta de experiencia de los usuarios
y las carencias (técnicas y económicas) de sus propias asociaciones.
Con el tiempo, cuando estas asociaciones se van asentando, es posible y conveniente
darles una participación creciente en la gestión del regadío.
En muchos casos, los usuarios del agua (asociados en Comunidades e incluso mediante Sindicatos de éstas) están plenamente capacitados para la explotación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas con las que son servidos (canales, acequias, balsas, desagües, caminos, etc.). Además, pueden desarrollar estas funciones con menor coste y mayor agilidad que la Administración Pública hidráulica. Bajo estas premisas, y en aplicación del principio de subsidiariedad del sector público, deberá procederse a encomendar a los usuarios la explotación de las infraestructuras y su conservación. La Administración Pública deberá limitarse a la explotación de aquellas otras de marcado carácter estratégico (principalmente grandes presas y trasvases).
Los ejemplos de entrega de la gestión de infraestructuras son numerosos. Recientemente se ha transferido a la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Zújar las instalaciones de la misma (de cierto nivel tecnológico, pues incluyen estaciones de bombeo y una red de tuberías a presión), que hasta entonces eran operadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Este cambio no parece haber reducido la calidad del servicio, pero sí su coste.
G.
Cuencas compartidas con otros países
La gestión
del agua sólo es eficaz si se extiende a su territorio natural: la cuenca
hidrográfica. Cuando ésta abarca territorios de dos o más
países, se plantean delicados problemas internacionales. Entre las diferentes
cuencas compartidas con nuestros vecinos (Francia, Andorra, Portugal, Reino
Unido y Marruecos), la complejidad adquiere su mayor trascendencia en el caso
de las cinco cuencas conjuntas con Portugal (Miño, Limia, Duero, Tajo
y Guadiana). En un breve plazo, se espera que se produzca la ratificación
por los respectivos Parlamentos del Convenio para la protección y el
aprovechamiento racional de los recursos hídricos de dichas cuencas hispano-portuguesas.
Este Convenio parte de los Acuerdos bilaterales en vigor (firmados en 1964 y
1968) para introducir, en un contexto internacional, las nuevas pautas de gestión.
En el futuro se establecerá un marco bilateral (hispano-portugués)
por el que se consigue, para dichas cuencas, una planificación hidrológica
compatible y una coordinación de las gestiones practicadas en los dos
países.
H.
Financiación de la modernización del regadío por los usuarios
del agua ahorrada
En general,
las actuaciones sobre las infraestructuras de riego, necesarias para su modernización
y mejora, se ven frenadas por las elevadas inversiones precisas. El sector regadío
rehusa afrontar unos costes que considera excesivos en relación con las
mejoras conseguidas por el propio sector. Cuando el agua que se podría
ahorrar no viene siendo aprovechada (en la organización actual del aprovechamiento
es normal la utilización del agua en cascada), la gestión debe
incorporar la simbiosis entre los usuarios actuales y aquellos otros que podrían
aprovechar dicha agua ahorrada. Estos últimos financiarían (total
o parcialmente) la mejora y conservación de las infraestructuras de los
primeros, a cambio de la asignación concesional del recurso ahorrado
realmente. En todo caso, no deberán producirse afecciones a terceros
o efectos perniciosos en el medio natural.
Medidas de esta naturaleza se aplicaron con éxito en la modernización de las redes de riego del delta del Ebro, con asignación del agua recuperada al suministro de la zona industrial de Tarragona (el llamado "minitrasvase"). Con el canon satisfecho por los nuevos usuarios se amortizan las obras realizadas para conseguir la reducción del consumo en el delta.
Conclusión
La progresiva
aplicación del nuevo paradigma de la gestión del agua constituye
un objetivo, tan difícil cuanto irrenunciable, al que se debe encaminar
la sociedad española. Los progresos alcanzados en los últimos
años (probablemente con el impulso prestado por los debates sobre estas
materias mantenidos en esta década) son innegables y apreciables, pero
deben ser afianzados y ampliados. El nuevo paradigma de la gestión del
agua, al igual que cualquier otra actuación hidráulica, pierde
su utilidad si no se aplica con suficiente continuidad temporal. En consecuencia,
es inútil sin la base de apoyo prestada por un amplio consenso. La ambición
propia del objetivo aconseja evitar el optimismo que, sin duda alguna, conduciría
al fracaso inmediato, bien por incorporación de excesivas innovaciones
en breve tiempo o bien por la aplicación de continuas modificaciones.
Sin embargo, tampoco deberá incurrirse en un pesimismo que, por el contrario,
llevaría al inmovilismo absoluto, por renuncia a cualquier nuevo avance.
Sólo desde la continuidad, el equilibrio y el consenso (político y social) se asegurará el progreso en el camino para implantar en plenitud el nuevo paradigma de la gestión del agua. Unidos al diálogo social (global, constructivo, serio) deberán ser el catalizador o fermento que haga posible proseguir los avances que nuestra particular situación hídrica (realmente preocupante) demanda.n