Posibilidades de aprovechamiento. Límites de la regulación

Eugenio Vallarino Cánovas del Castillo * y Luis Garrote de Marcos **

* Catedrático (Emérito) de Obras Hidráulicas

**Profesor Titular. Departamento de Ingeniería Civil, Hidráulica y Energética. E.T.S. Ingenieros de Caminos. U.P.M.

Descriptores: Recursos hídricos, Regulación, Política delagua, Siglo XXI

Introducción

La prospectiva de los recursos, sea de un país, región o del mundo, ha de ser una labor continua, como el ver a suficiente distancia para seguir avanzando. Pero en el umbral de un nuevo siglo, que lo es también de un milenio, parece cobra mayor importancia, aunque no sea más que simbólicamente. En visión mundial, el suministro de agua a largo plazo es objeto de preocupación, dada la rápida expansión demográfica, que ya antes de terminar el siglo ha alcanzado los 6.000 millones de habitantes, un 140% más que los 2.500 de 1950 en menos de 49 años; y que se calcula llegue a 10.000 millones en 2050 y se estabilice en unos 12.000 después de 2100 (Gleick, 1993). (Es de hacer notar que este tipo de proyecciones siempre han quedado sobrepasadas). El agua, como elemento vital biológico y premisa indispensable para el desarrollo, cobrará cada vez mayor importancia para los países del tercer mundo, que, además de ser los que más crecen en población, precisarán mayor incremento de dotación para el aumento de su nivel de vida.

Los recursos de agua dulce son limitados, y para una población de la magnitud esperada, con un nivel de desarrollo deseable y esperable superior al que actualmente tienen la mayor parte de los países de ese mundo, pueden presentarse conflictos al acercarse a esos límites, por lo que los comentaristas predicen que en el siglo venidero algunas guerras tendrán como motivo principal el agua; téngase en cuenta que 20 países dependen en más de un 50% de los recursos generados en los limítrofes (Gleick, 1993). En un horizonte remoto, alcanzados esos límites, la humanidad no se vería desprovista de agua, pues aún quedaría el inmenso depósito de la salada, pero cuya conversión en dulce requiere mucha energía, que es otro recurso limitado. También a largo plazo la solución podría venir de la energía de fusión, y en ese muy largo horizonte, el mar sería la solución de todos los problemas: su volumen sin límites, en comparación con los de la población, proporcionaría el agua que ya no serían capaces de dar los continentes, desalada gracias a la energía obtenida del deuterio, también existente en grandes cantidades en el mar.

Pero no es esta tan larga prospectiva en el tiempo y ancha en el espacio el objetivo de estas líneas, sino la mucho más restringida –también en el espacio y el tiempo– del uso de los recursos hidráulicos en nuestro país a medio y largo plazo, prescindiendo de otros aspectos, como por ejemplo la calidad del agua, que se tratan en otros artículos de la revista. En la mayor parte del texto se trata preferentemente de la Península, más directamente relacionada con el tema principal de este artículo, que es la regulación.

Los recursos naturales

No vamos a dedicar espacio al análisis de los recursos naturales de nuestros ríos y aguas subterráneas, que ha sido objeto de varios e interesantes estudios –los más recientes reseñados en la bibliografía (CEH, 1980, Martín Mendiluce, 1996, López Camacho, 1996)– y, finalmente, del Libro Blanco del Agua (LBA) (MIMA, 1999), del que tomamos los datos para este artículo (mientras no se cite explícitamente otra publicación).

Recordemos unas cifras muy conocidas y significativas: la aportación anual mínima interanual del conjunto de corrientes superficiales peninsulares es sólo de unos 9 km³, el 8% de los 110 km³ de escorrentía media anual, mientras que en Europa es el orden del 40%. Eso equivale a que, sin obra alguna de regulación ni extracción de depósitos subterráneos, sólo podría regarse en la Península con la debida garantía alrededor de un millón de hectáreas, que viene a ser la superficie existente a principios de siglo.

Esas cifras medias totales se agudizan aún más al considerar las notables desigualdades entre las cuencas españolas, siete de ellas con porcentajes menores que la media.

Recursos actuales

La aportación media anual de las corrientes superficiales de la Península es de 110 km³. Con los 56 km³ de embalse actuales (incluidos los en construcción) resulta una disponibilidad potencial total de 39 km³ con regulación variable (riegos) y 36 km³ con regulación uniforme (abastecimientos) (Cuadro1). La aportación media superficial utilizada (39 km³) se logra por medio de más de 1.100 embalses con una capacidad total de 56 km³, el 51% de la escorrentía total, con una proporción media de 1,43 m³ de embalse por cada metro cúbico regulado. Esta cifra es sólo enunciativa, pues aunque la regulación incluye los embalses hidroeléctricos, en la disponibilidad no se contabiliza el agua utilizada para la producción de energía, puesto que no se consume.

En el cuadro 2 se ven los recursos disponibles por cuencas y su origen. El total utilizado en la Península es de 44 km³: 39 km³ (89%) gracias a la regulación en embalses y 5 km³ (11%) procedentes de aguas subterráneas; el resto, debido a desalación o reutilización, tiene poca importancia relativa (menor que el redondeo). La diferencia entre la suma y la total en algunas cuencas es debida a transferencias, que se equilibran en la suma total peninsular.

Obsérvese que después de casi un siglo de actividades infraestructurales hidráulicas, con más de 1.100 presas y miles de pozos, se ha conseguido llegar a una aportación útil del 40% de los recursos, esto es, a igualar la proporción que como media se obtiene en Europa con los recursos naturales.

En cuanto a los usos, los riegos utilizan el 68% del total, los abastecimientos urbanos e industriales un 18%, y la refrigeración de centrales térmicas un 14%. Los aprovechamientos hidroeléctricos turbinan unos 16 km³, sin consumo, utilizando unos 20 km³ de embalse (38% del total).

Recursos disponibles para futuro desarrollo

El desarrollo socioeconómico futuro exigirá un incremento de aportación regulada disponible, que habrá de ser obtenida por los siguientes medios coordinados de forma óptima:

El primero y cuarto son objeto de otros trabajos en esta misma monografía, por lo que se tratarán sucinta y genéricamente. Los otros están directamente relacionados con el tema de este artículo, y merecen comentarios específicos.

Recursos subterráneos

El cuadro 3 describe los recursos subterráneos potenciales y utilizados y su grado de utilización.

El Libro Blanco del Agua estima la recarga media peninsular en 29 km³. En el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (miner y moptma, 1994) esa recarga se estimaba en 20 km³. La diferencia es notable, casi un 50% más en la última estimación, y contrasta también con otras anteriores, por lo que sorprende, al menos a primera vista. En el Libro Blanco del Agua se dice que el incremento es debido a la inclusión de nuevas unidades hidrogeológicas en las cuencas del Norte, y aboga por una mayor investigación para confirmar los resultados del modelo. De momento, siendo la última estimación oficial, se acepta mientras otros datos fiables no la cambien.

El asunto es esencial, pues supondría un aumento de la reserva potencial subterránea casi de un 50% más de la presupuesta hasta hace sólo cinco años, y un 8% de la escorrentía total. De confirmarse, supondría un importante incremento de la disponibilidad interanual, aunque no toda la recarga será útil a estos efectos, pues parte alimentará la escorrentía superficial y está ya computada en ésta. Además, la mayor parte del incremento se sitúa en cuencas, como Galicia y Norte i, que son excedentes.

El uso conjunto y coordinado de las aguas subterráneas y superficiales debe basarse en las siguientes premisas:

La interanualidad puede resultar más económica utilizando el depósito subterráneo, pero en cada caso habrá que estudiar todos los componentes de las dos soluciones alternativas: coste, calidad, e impactos sociales y ambientales, estos últimos en general favorables a la solución subterránea. Por otra parte, los embalses interanuales serán cada vez más difíciles de conseguir, por limitaciones físicas y por los condicionantes ambientales y la reticencia pública, que luego se comenta. Por todo ello es previsible que la interanualidad adicional futura se consiga en gran parte por los acuíferos, según la explotación complementaria descrita. Por eso es tan importante concretar la cifra de la recarga, lo que requiere mediciones y tiempo (este último disponible, pues el límite del recurso supera el segundo horizonte de planificación).

En contrapartida, la explotación de acuíferos presenta la notable desventaja, respecto a la de los embalses, de la dificultad de su control. Un embalse, a lo sumo, se puede explotar mal, pero no sobreexplotarse, pues su nivel es visible y su límite –el vaciado– absoluto. Además, los embalses, al concentrar gran volumen en cada uno, facilitan su control por autoridades ajenas a la explotación, mientras que los pozos exigen un número considerable para lograr el mismo volumen. Los 5,5 km³ subterráneos extraídos se controlan en unos 3.000 puntos (1,8 hm³ por punto), mientras que los 1.100 embalses proporcionan 39 km³ útiles (35,5 hm³ por embalse, es decir, casi veinte veces más). Por eso se explica que en más de un 20% de los acuíferos la extracción supera a la recarga o está próxima a ella (ratio entre 0,8 y 1,0). La tentación de hacerlo es fuerte, ante la falta de control. Por ello es muy importante que las futuras explotaciones vayan acompañadas de una intensificación de éste, para evitar que se llegue a esquilmar un recurso tan difícil de reconstituir.

Los embalses posibles

Según Martín Mendiluce (1996) el límite físico estimado de la capacidad conjunta de embalse de la Península es de 77 km³. Esta cifra debe considerarse, lo mismo que la de posible recarga de los acuíferos, más que como un límite, como una asíntota, que no llegará a alcanzarse, porque cuando la utilización de un recurso se acerca a su límite, además del efecto retardador debido a la proximidad, surgen reacciones opuestas crecientes que frenan o paralizan la continuidad de la acción. Analizaremos algunas, por supuesto, bien conocidas.

En primer lugar el propio límite volumétrico, que probablemente tenderá a disminuir cuando, además de su pura geometría, se analice la viabilidad técnica y económica de cada embalse, y se compare con otras alternativas clásicas –acuíferos– o no convencionales, estas últimas con coste decreciente.

Pero además, los condicionantes sociales, políticos y ambientales son como un resorte, cuya resistencia crece conforme se actúa sobre él. Y, en todo caso, la disminución del rendimiento económico afectará más a las infraestructuras y explotaciones marginales, con la posible eliminación de algunas. Esta es una de las razones para haber calificado de asintóticas ambas estimaciones límites de acuíferos y embalses.

Otra limitación importante a la utilización de nuevos recursos superficiales es y será el ambiente popular, con frecuencia apriorístico, contra la construcción de embalses. Esto llega a tal punto que en Estados Unidos ha habido movimientos a favor de la demolición de las presas actuales, incluso de la Hoover (Boulder), durante muchos años símbolo y orgullo de la tecnología americana y base del desarrollo de la cuenca y Estado del Colorado. Toda acción humana incide más o menos en el medio natural, entre ellas los embalses, pero también –por ejemplo– los coches o los frigoríficos, que están deteriorando la atmósfera y la capa de ozono, y a nadie se le ha ocurrido prohibir su fabricación. Asimismo, se atribuye a la presión de los constructores la decisión de hacer presas, pero lo mismo se podría decir de las carreteras, de las casas y de tantas otras obras que también tienen interés en construir.

Cuando se plantean las medidas a tomar para el futuro, no puede eludirse al menos la consideración de construir nuevos embalses, coordinando y optimizando su explotación con la de las aguas subterráneas, que, al realizar la regulación interanual, pueden ahorrar la función más onerosa de aquéllos. El matiz –importante– es que, si bien en el pasado la necesidad de regulación era genéricamente indiscutible, en adelante, logrado ya un aceptable nivel de ésta, es preciso un análisis más detallado e individualizado de cada nuevo embalse –en una época lejana se consideraba siempre como bienvenido– junto con consideraciones extraeconómicas, como las repercusiones ambientales y sociales que la realidad y la sociedad actual imponen. Las decisiones –que no dilemas– deben tomarse objetivamente, sin apriorismos en uno ni otro sentido.

Otro factor importante que incidirá negativamente en el desarrollo hidráulico es la actual división en comunidades autónomas, que fraccionan las cuencas naturales y crean suspicacias y rivalidades perniciosas que dificultan o impiden la racional explotación de los recursos, con perjuicio para ambas partes. Por ejemplo, la posibilidad técnica de regular los abundantes pero desiguales caudales cantábricos con embalses próximos a la meseta, que podrían proporcionar –y ya lo hacen en cuatro casos– los vasos que no proporcionan las fuertes pendientes cantábricas. Aunque, obviamente, estos esquemas partirían del respeto de los recursos de cada cuenca y del equitativo reparto de los beneficios de la regulación común, las tensiones autonómicas, hoy tan exacerbadas, pueden hacer difícil, si no imposible, acciones beneficiosas para las comunidades afectadas. Habrá que tener en cuenta este absurdo pero real estado de ánimo colectivo para juzgar la viabilidad de algunos proyectos futuros, que anulará más de uno y actuará como condicionante del futuro desarrollo, quizá más que la limitación física de los propios recursos.

El desarrollo previsible

El cuadro 4 recoge una síntesis de los usos actuales, y el 5, más resumidamente, las demandas actuales y previstas, según el Libro Blanco.

El regadío, que hoy utiliza el 68% de los recursos útiles, mantiene esa proporción en los dos horizontes de planificación. La refrigeración de centrales seguiría en principio un crecimiento similar al del conjunto urbano e industrial, pero es de suponer en el futuro un uso mínimo del circuito abierto, por lo que en el cuadro 5 se ha estimado un incremento mitad que el de aquel conjunto para cada horizonte de planificación.

El Plan de Nacional de Regadíos (PNR) supone desarrollar unas 25.000 ha por año en los próximos diez, ritmo similar al obtenido en los años cincuenta a ochenta, y muy superior al de 3.000 a 4.000 ha en los últimos años. Parece un salto excesivo, sobre todo habida cuenta del momento crítico en que se encuentra nuestra agricultura, soportada por subvenciones que suponen un 25% de la renta agropecuaria nacional (y hasta el 50% en algunas comunidades autónomas), y sometida a la competencia de productos de otros países de la Unión Europea y, cada vez más, de otros externos, conforme se desarrollen los acuerdos del GATT. El Libro Blanco señala que estas incertidumbres aconsejan no arriesgar en inversiones, y tomar medidas flexibles que permitan acomodarse a las situaciones cambiantes y difíciles de predecir. Por todo ello, y teniendo en cuenta las infraestructuras necesarias para ese desarrollo y la oposición que generarán, no parece probable conseguir tan fuerte aumento, y menos de forma tan inmediata (que ya debería estar iniciada).

Los abastecimientos padecen déficit importantes estacionales e interanuales en algunas zonas, que hay que corregir. Las restricciones han llegado en algunos puntos al 30%, con cortes de suministro de varias horas, en algunos casos. El problema se agudiza en las zonas turísticas, aunque concentrado en la estación estival. Como en su mayoría están situadas en la costa, una solución es la desalinización, que ya se emplea en varias localidades y que, en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria llega, respectivamente, al 97, 90 y 16% del consumo urbano. El único problema es el coste, pero es más aparente que real: nótese que aun con precios de 200 pta/m³ (hoy día la ósmosis inversa resulta a menos de 100 pesetas, y tiende a descender) un baño de 200 litros costaría 40 pesetas, cantidad inapreciable en la cuenta del hotel. Los gastos de agua en las familias oscilan entre un 0,3% en Álava y un 0,9% en Canarias, con una media nacional del 0,5%; por lo tanto, permite incrementos, si son necesarios. Y los precios en España son notablemente menores que en otros países de nuestro entorno. La desalación tiene la ventaja de su flexibilidad respecto a las épocas de consumo, y la de que una gran proporción de su coste es la energía, que sólo se consume cuando se necesita.

Dada la actual tasa de natalidad, la población autóctona no va a aumentar sensiblemente, pero sí la inmigración. Se prevén 46 millones de habitantes en 2050, que no es un incremento problemático, y además muy lejano y fuera de los horizontes de la planificación. En cambio, ya hemos citado el turismo, que en 1995 llegó a 62 millones, vez y media la población estable.

Si bien la base de la población no supone un aumento de importancia, se prevé una mejora de dotación en los núcleos menores. En los grandes núcleos metropolitanos, contrariamente a los pronósticos de hace unas décadas, se ha estabilizado la dotación, que incluso ha bajado en algunos casos.

Obsérvese que el uso del agua para la refrigeración de las centrales eléctricas supera al urbano en todas las fases del desarrollo, aunque sólo consume temperatura.

Respecto al hidroeléctrico, no incluido en el cuadro 5, tampoco consume recurso –sólo desnivel, que también se consumiría en condiciones naturales– pero sí ha necesitado regulación propia hasta hace unas dos décadas: los 16 km³ turbinados han requerido 20 km³ de embalse. La potencia actual es de 17 GW y produce 30 TWh al año como media, subiendo hasta 40 en años húmedos y bajando hasta 25 en los secos. Se estiman como posibles unos 7 GW más, pero no parece que en el futuro esta energía exija un incremento sensible de regulación, al menos exclusiva, aunque podría utilizar embalses de uso mixto. La regulación será, preferentemente, la necesaria para conseguir puntas, pues la anual e interanual es más económica con centrales térmicas.

Trasvases

Actualmente funcionan varias transferencias intercuencas. Además de la más importante del Tajo al Júcar y Segura –con una derivación a la cabecera del Guadiana y otra al Sur– funcionan cuatro entre ambos lados de la cordillera Cantábrica y otras parciales en Levante y Andalucía.

Los trasvases, por esencia, no suponen incremento del recurso, pero sí un factor muy importante del equilibrio hídrico entre cuencas, y serán obligados en un futuro próximo o medio. Hay cuencas, como las del Segura y Júcar, que tienen prácticamente agotados sus recursos propios, e incluso los reciben ya del Tajo. Por consiguiente, cualquier desarrollo precisa una aportación exterior. Además, es en esas zonas donde se dan los productos agrarios más tradicionalmente competitivos, y más seguros en el mercado intereuropeo y mundial. Y también son adonde se dirige la tendencia migratoria de otras regiones y el turismo, gracias a su clima. Por ello, su expansión es indeclinable, y hay que contar con ella.

Como dice el Libro Blanco, el principio y necesidad de las transferencias es objetivo. Lo discutible es su escala, y aquí radica la polémica. Por una parte, la necesidad es cada vez más apremiante, pero por otra, las grandes inversiones necesarias para resolver el problema a largo plazo requieren consideración especial. Es cierto que una obra hecha con amplitud de miras temporales tiene menor presupuesto que una ejecución por etapas, conforme las necesidades lo vayan requiriendo, pero el proceso escalonado puede tener menor coste real teniendo en cuenta los intereses intercalares, que tendrán gran importancia, dados los largos plazos de estas obras y de la evolución de las necesidades. Además, y aun en el caso de relativa igualación de costes entre ambos procedimientos, o incluso desventaja económica del proceso por fases, este último gozaría de la ventaja del menor valor esperado, teniendo en cuenta que minimiza el riesgo procedente de la dificultad de prever las necesidades futuras y de cuándo y cómo van a producirse.

Otra circunstancia que aconseja la prudencia en la escala de las obras de transferencia es la evolución tecnológica. En los largos plazos que intrínsecamente exigen este tipo de construcciones, de centenares de kilómetros y elevados caudales, y que estarán sometidas a una importante resistencia de las zonas cedentes y de las afectadas por las obras, pueden producirse cambios sustanciales técnicos y económicos que hagan posible la obtención del recurso hídrico desde otras perspectivas. Concretamente la efectividad de la desalinización, que podría variar en un largo plazo en un doble aspecto coincidente en el abaratamiento del sistema: la progresión de la tendencia a una mayor eficacia técnica o la aparición de otro proceso de mayor rendimiento; y, simultáneamente, una presunta disponibilidad y economía de energía, si se lograse la de fusión. En ese presupuesto, posible en dos o más décadas, podría suceder que una gran infraestructura se viese superada por las circunstancias con sólo unos años de servicio parcial y, por lo tanto, en medio de su proceso de amortización.

En resumen: es imprescindible adoptar transferencias intercuencas, y cuanto antes, pero deben sopesarse debidamente todas las circunstancias y factores y analizar las variantes posibles, teniendo muy en cuenta la posibilidad de construcción por fases. Es cierto que algunas obras no se prestan bien a ello, pero, en la medida de lo razonable, hay que analizarlo, pues aunque aparentemente conduzcan a un mayor coste global, pueden producir un efecto parcial más inmediato y proporcionar una mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución de las necesidades y de la tecnología, minimizando el riesgo de cada inversión.

El consejo de prudencia se refuerza al considerar el posible cambio climático, del que luego se trata, que podría variar los términos de referencia en cuanto al sobrante de recursos estimado en algunas cuencas cedentes.

Límite de la regulación

Aunque en la futura utilización de los recursos es de prever un aumento de las aportaciones disponibles gracias a una mejor gestión, mejoras tecnológicas y menores pérdidas, tanto en riegos como en abastecimientos, la base fundamental del desarrollo será la regulación, que ha de conseguirse, como se ha reiterado, por la explotación coordinada y optimizada de nuevos embalses y acuíferos.

Respecto a lo primero, hay que tener en cuenta que las pérdidas son elevadas (desde un 24% en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes hasta 34% en grandes áreas metropolitanas, y similares en regadíos), por lo que las mejoras de gestión o técnicas pueden liberar volúmenes importantes para emplearlos en ampliaciones del mismo uso o en otro. Nótese que un ahorro medio del 5% en regadíos supone un 27% del consumo urbano. La mayor parte de las acequias no están revestidas, y un 30% tienen más de 100 años; y todavía un 59% se riega por gravedad, a pie, con desperdicio de agua, y la mayor parte de las conducciones están previstas para riego continuo las 24 horas del día, por lo que al concentrar el trabajo en las diurnas sin haber construido balsas reguladoras, pueden perderse los caudales nocturnos. Todas esas causas negativas han de irse revisando y mejorando para conseguir un mejor uso del recurso y liberar caudales para nuevos usos (en el PNR se prevén acciones de mejora y modernización), pero el proceso será lento, pues se trata de costumbres inveteradas, aceptables en otros tiempos de más amplio horizonte de disponibilidad de recursos, pero no mantenibles ahora. Por otra parte, estas medidas pueden ser a veces más onerosas que la construcción de nuevas infraestructuras y, además, éstas resultan más cómodas para el usuario que cambiar sus hábitos. En todo caso, las nuevas superficies de riego se proyectan ya con modernas tecnologías de uso y gestión para reducir al mínimo la dotación, que actualmente es de unos 7.000 m³/ha/año, como media.

Supuestas estas mejoras, también será necesario incrementar la regulación superficial. Como ya se ha dicho, según Martín Mendiluce (1996) la capacidad límite conjunta de los posibles embalses se estima en 77 km³, con el reparto por cuencas expuesto en el cuadro 6. Esa capacidad reguladora tendrá un rendimiento distinto según el uso a que se destine. Una evaluación correcta del incremento de recursos disponibles que generarían los incrementos de embalse requeriría un estudio, medios y tiempo ajenos y muy superiores a los límites de un artículo. Pero como es interesante conocer, al menos en una primera aproximación, los límites de la utilización de las aguas superficiales, hemos hecho una estimación aproximada con las mismas hipótesis que el Libro Blanco.

Como se ve, con los 77,1 km³ de embalse total, 21 km³ más sobre los actuales, incluidos los en construcción, se obtendría un incremento de aportación disponible de 5,9 km³ procedente de la nueva regulación superficial, en total 45,1 km³. Si se sumaran los 28,7 km³ límites procedentes de la recarga subterránea, que podría funcionar como aportación regulada, se obtendrían 73,8 km³ disponibles como límite. Bien entendido que, como ya se dijo, tanto la capacidad de embalse como la recarga media son límites asintóticos, probablemente inalcanzables, por la merma que supondrán las realidades físicas, la rentabilidad económica y los impedimentos ambientales, a lo que se añadiría la posible interferencia mutua en una situación de aprovechamiento límite. Pero como tal asíntota, tiene interés, pues es el recurso máximo convencional disponible.

Reduciendo esa cifra total en un 10% –por ejemplo, y a estima– para tener en cuenta los efectos de esas limitaciones, el total disponible límite sería de 66,4 km³, 22,2 km³ (un 50,2%) más que en la actualidad (véase el cuadro 2). Para poder comparar la disponibilidad con la demanda prevista hay que reducir la primera por dos conceptos:

Estas dos detracciones suman un 20%, con lo que resulta una aportación utilizable de 54,0 km³. Comparándola con la demanda de 43,9 km³ prevista para el segundo horizonte de la planificación, resultaría un margen de 10,1 km³, poco mayor que la diferencia entre este horizonte y la actualidad (8,9 km³).

De confirmarse las hipótesis supuestas, los recursos convencionales disponibles podrían durar hasta poco más del año 2040. Este horizonte límite, con las reservas procedentes de las convenciones simplificadoras supuestas, es importante cualitativamente, porque muestra que es suficientemente lejano para poder observar la evolución real del desarrollo y tomar las medidas oportunas, pero lo bastante próximo para tenerlo en cuenta, afinar la evaluación de los recursos potenciales e intensificar la liberación de aportaciones recuperables por mejoras de explotación, tecnología y recuperación de pérdidas, para retrasarlo en lo posible.

Las cifras expuestas no pretenden otra cosa que situar, en una primera aproximación, el horizonte del agotamiento de los recursos convencionales hacia la mitad del siglo inmediato, y deben interpretarse con esas limitaciones. Cualquier variación respecto a las hipótesis de partida repercutirá en ese horizonte, y en particular, las siguientes:

Rendimiento de la regulación

Obsérvese que los 21 km³ adicionales de embalse sobre los 56,1 actuales, producirían un incremento de aportación regulada de 5,9 km³, con un rendimiento marginal de 0,28 m³ por cada metro cúbico de embalse, bastante baja, como era de esperar, dada la relativa saturación. Es ilustrativo observar en el cuadro 7 la evolución histórica del rendimiento de la regulación superficial, tanto en términos absolutos como marginales. (El cuadro se ha elaborado siguiendo el mismo criterio que el LBA, por lo que sólo figura en el cálculo la fracción de la capacidad total de embalse incluida en el modelo). Hasta el año 1980 cada metro cúbico de demanda satisfecha requirió menos de un metro cúbico de embalse, y actualmente esa proporción es, como media, de 1,2. Pero la relación marginal era ya superior a uno desde 1950, y llega a 4,3 en 1980. Todas estas cifras son orientativas, pues no se ha contado el efecto de la regulación en el incremento y calidad de la producción hidroeléctrica, que es un beneficio real añadido muy valioso, precisamente porque no consume y es renovable.

Ese bajo rendimiento operará, con las otras resistencias comentadas, en la ejecución de nuevos embalses y, en todo caso, exigirá una profundización en los estudios de viabilidad desde todos los puntos de vista, así como una comparación con la explotación de nuevos acuíferos.

El cambio climático

Hasta aquí se ha supuesto que la magnitud recurso es conocida –con aceptable precisión– y permanente. Pero cada vez se extiende más la opinión de un posible cambio climático, sea natural o promovido por las emisiones de la actividad humana, o mixto. En el Libro Blanco se consideran dos hipótesis, moderada y extrema, correspondientes a reducciones de precipitación y simultáneo ascenso de temperatura, con el resultado de un decremento de la escorrentía superficial del 5% y 14% respectivamente. En el citado Libro se advierte que la segunda hipótesis es extrema y parece poco probable, al menos dentro del segundo horizonte de planificación. Adoptando la moderada, en el cuadro 8 (Garrote et al., 1999) se ven los descensos de aportación inducidos en las cuencas con la regulación actual y el porcentaje de aumento de la capacidad de embalse teóricamente necesario para compensarlos y mantener las aportaciones útiles actuales. Obsérvese que algunas cuencas, como el Segura y el Júcar, requerirían un muy notable incremento de regulación, pero se trata precisamente de cuencas que prácticamente tienen agotadas sus posibilidades de embalse y acuíferos, con lo que se agudizaría la necesidad de transferencias de otras, no sólo para crecer, sino incluso para mantener su estado actual. En cuanto a las cuencas potencialmente cedentes de recursos, existen grandes diferencias entre el importante aumento que precisaría el Tajo y el incremento moderado del Ebro o las cuencas de Andalucía, con el Duero en una posición intermedia.

Aparte de acelerar este tipo de soluciones, se impondrían las no convencionales, para las cuales la situación costera de esas cuencas es favorable.

En cuanto al Norte, ya se ha comentado antes la posibilidad de utilización conjunta de embalses de otras cuencas y las dificultades previsibles –aunque no insuperables–.

La laminación de avenidas

Hasta aquí se ha tratado de las aportaciones medias, pero el control de las avenidas ya representa un problema, que puede agravarse en el futuro por dos circunstancias concurrentes:

Aparte de esta posible merma de la capacidad útil para destinarla a la laminación de avenidas, es de prever la construcción de presas específicas o preferentes para este fin, si bien no representarán un volumen notable. En todo caso, su capacidad no es computable para la regulación normal, puesto que en la medida en que se destinen a laminación serán embalses normalmente vacíos, aunque es obvio que, en parte, la laminación puede suministrar caudales útiles regulados.

Bibliografía

– Gleick, Peter H., Water in crisis, Oxford University Press, New York, Oxford, 1993.

– Centro de Estudios Hidrográficos, El agua en España, Madrid 1980.

– Martín Mendiluce, José María, "Los embalses en España. Su necesidad y trascendencia económica" Revista de Obras Públicas, mayo, 1996.

– López Camacho, Bernardo, "¿Nuevas infraestructuras hidráulicas o conservación del agua?", Revista de Obras Públicas, julio-agosto, 1996.

– MIMA, Libro Blanco del Agua (borrador), Madrid, 1999.

– MINER y MOPTMA, Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, Madrid, 1994.

– Garrote, Luis; Rodríguez, Isabel C.; y Estrada, Federico, "Una evaluación de la capacidad de regulación de las cuencas de la España peninsular" VI Jornadas Españolas de Presas (Volumen 2) CNEGP, Málaga, 1999.