Creatividad, estancamiento y evolución de la política del agua en España

Manuel Díaz-Marta Pinilla*

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Descriptores: Política hidráulica, Historia hidráulica, Planes hidrológicos, Ley de aguas, Tecnologías modernas y tradicionales

Etapas del desarrollo hidráulico en nuestro siglo

En el curso de nuestro siglo ha habido tres etapas de nuestro desarrollo hidráulico de la misma duración pero de características y objetivos distintos.

La primera, desde el principio del siglo hasta la Guerra Civil, es una etapa creativa: recoge e incorpora las ilusiones y anhelos sembrados por Costa y los regeneracionistas, y aumenta los conocimientos hidráulicos del siglo anterior con las experiencias obtenidas en las obras del Alto Aragón, los saltos de agua y presas de las hidroeléctricas y los embalses y sistemas de riego emprendidos por el Estado. En cuanto a planes de obras hidráulicas se trazan varios que empiezan a realizarse por los años veinte, cuando se dan las condiciones técnicas y económicas que permiten su ejecución. En el aspecto técnico administrativo, se crea en 1926 la Confederación Hidrográfica del Ebro, que sirve de modelo a otros organismos análogos en Estados Unidos y otros países avanzados. Y en el de la política hidráulica, se formula el primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas digno de tal nombre, por el ministro Prieto, el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo y un extraordinario grupo de técnicos.

La segunda etapa, desde la Guerra Civil hasta los años sesenta, comienza con una paralización en los años de guerra y algunos de posguerra, a la que sigue una intensificación notable de las construcciones hidráulicas, especialmente de las indicadas en el Plan de Prieto y Lorenzo Pardo. Lo criticable de este período es su estancamiento por falta de atención oficial a las innovaciones en tecnología hidráulica de la época, ya bien conocidas en el mundo. Tales son la explotación racional de las aguas subterráneas, con o sin recarga de acuíferos, la economía del agua en los regadíos, la depuración y reciclado de las aguas residuales y la desalación de las del mar, cuya aplicación, con apoyo y dirección del Gobierno, hubiera puesto al día nuestra política del agua.

La tercera etapa empieza a mediados de los sesenta, cuando la égida de la construcción de grandes presas tocaba a su fin, no sólo en España sino en todos los países de alto y medio desarrollo. Mantener la actividad constructiva de la época anterior no era tarea fácil, porque no se vislumbraban programas de obras hidráulicas de intensidad parecida. Entonces surgió la idea de construir trasvases, cuya posibilidad figuraba en el ya muy explotado Plan de Prieto, si bien con la advertencia de que no se hicieran tales obras sin antes comprobar su viabilidad.

El primer alarde publicitario de esta nueva política fue el anuncio del trasvase Tajo-Segura, efectuado por el ministro Silva Muñoz, como fase inicial de un programa mucho más vasto de transferencia de agua, llamado a resolver, según el ministro y sus colaboradores, las demandas de agua de toda nuestra Península. Los paladines de la política de trasvases exaltaron, sobre otras supuestas virtudes, la grandiosidad de las obras, como argumento irrefutable para obtener el apoyo de todos los buenos españoles y para tachar deantipatriotas a cuantos osáramos criticar tan magna empresa.

Reacción ante el trasvase Tajo-Segura

El proyecto encontró una fuerte e inocultable oposición, nada grata en aquel régimen. Se trató de acallar a base de medidas coercitivas y de una propaganda aplastante. En ella aparecían nuevos y extraños conceptos, tales como “aguas excedentarias”, “caudal ecológico”, “equidad hídrica” y otras semejantes, impresentables en cualquier foro internacional sobre recursos hidráulicos; y había deformación de datos, como el abultamiento de los caudales del Alto Tajo.

Los opositores al trasvase manteníamos que el agua que fluye por un río no puede considerarse sobrante o excedentaria, pues cumple un papel importante en el equilibrio de la naturaleza e influye decisivamente en la economía y calidad de vida de los habitantes de su cuenca. En el caso del Tajo, en modo alguno podemos llamarlas excedentarias, puesto que son insuficientes para realizar una mínima dilución de las residuales de Madrid, aportadas por el Manzanares y el Jarama. También es falaz la interpretación que hacen del concepto de solidaridad, que sólo lo entienden de las regiones pobres a las ricas y nunca en sentido contrario.

Disparidad con los criterios internacionales

Al principio del siglo, la transferencia de aguas de unas cuencas a otras alcanzó algún prestigio. Pronto se advirtieron sus inconvenientes. A mediados de la centuria, la eficacia de los trasvases para resolver las demandas de agua perdió su crédito anterior. Un trasvase de 5.000 hm³ anuales en California apenas sobrepasó los 3.000. La política de modificar la naturaleza con grandes obras empezó a periclitar en otros países. El propósito de la Unión Soviética de trasvasar hacia el sur las aguas de los grandes ríos siberianos que afluyen al Ártico, produjo tal alarma en los medios científicos del mundo que fue abandonado.

Por el tiempo en que Silva Muñoz anunciaba el trasvase del Tajo, una gran Comisión de la onu encabezada por el arquitecto y urbanista griego Doxiades, establecía algunas normas generales sobre los problemas de agua en el mundo. Copiamos literalmente de la revista «Ekistics», de octubre de 1970, las siguientes declaraciones de la Comisión:

“En el futuro no se necesitará elevar más agua sino recircularla. En la industria, los sistemas cerrados son técnicamente posibles. En 1957, durante una fuerte sequía, la población de Chinook, Kansas, recirculó sus aguas nueve veces. Por ese mismo tiempo ya eran de color ámbar, pero nadie se enfermó. Santee, California, filtró su sistema de drenaje a través del lecho de un viejo río, alimentando así, con agua clara, una piscina comunal de natación.

”Debemos pensar en términos de reciclar todo para reducir el despilfarro y la contaminación. Pensamos solamente en términos unidireccionales en lugar de concentrarnos en sistemas circulares, en los cuales reconvirtamos los desechos en productos útiles.

”Transferir el agua de una región es transferir su porvenir.”

A partir de la transición, los trasvasistas se dieron maña para silenciar en la prensa cualquier opinión contraria al trasvase Tajo-Segura y a los otros trasvases, así como para moldear la opinión pública en favor de tales obras. Sus argumentos eran fácilmente comprensibles: Galicia y la vertiente cantábrica, con una lluvia anual de más 1.000 mm anuales (litros por metro cuadrado), deberían ceder sus aguas a las regiones secas con promedios inferiores a 300 mm. Más tarde, la prensa, ante unos años de sequía en el norte y noroeste, reconoció que no había aguas sobrantes en aquellos lugares, y que si las hubiere no se podrían recoger en volúmenes apreciables, pues la inclinación de aquellas vertientes impide prácticamente la construcción de grandes embalses.

Orientación anacrónica de la política hidráulica

La planificación e inicio de grandes obras para la unión de unos ríos con otros no es nueva en España: fue emprendida y abandonada en la segunda mitad del siglo XVIII.

En tiempos de la Ilustración, políticos tan avisados como Floridablanca y banqueros tan sólidos como Cabarrús dieron su apoyo a proyectos disparatados, como el del Canal de Navegación de Madrid a Sevilla y al golfo de Cádiz. Consistía esta empresa en canalizar el Manzanares, cruzar el Tajo en Aranjuez, ascender con un canal por La Mancha de Toledo hasta Tembleque, descender hasta cruzar el Guadiana y subir de nuevo hasta El Viso del Marqués en Sierra Morena para bajar por Despeñaperros al Guadalquivir, además de canalizar este río para hacerlo navegable desde aguas arriba de Córdoba hasta Sevilla y la barra de Sanlúcar en el golfo de Cádiz. Para reforzar el caudal del Manzanares se acometió la construcción de la presa de Gasco en el río Guadarrama, a unos 20 kilómetros de Madrid, y de un canal desde la presa al Manzanares. Tuvo que ocurrir el destrozo de dicha presa a consecuencia de una intensa lluvia, para que los sesudos gobernantes y banqueros decidieran abandonar tan fantástica empresa.

No todo el mundo se mostró partidario de aquellos arbitrismos hidráulicos. El famoso polígrafo y marino José Cadalso (muerto en un asedio a Gibraltar) decía en sus «Cartas Marruecas»:

“Los canales –dijo un proyectista interrumpiendo a Nuño– son de tanta utilidad que el sólo hecho de negarlo acreditaría a un necio. Tengo un proyecto para hacer uno en España, el cual se ha de llamar de San Andrés porque ha de tener la forma de la cruz de ese benemérito mártir. Desde La Coruña ha de llegar a Cartagena y desde el Cabo de Creus al de San Vicente. Se han de cortar esas dos líneas en Castilla la Nueva formando una isla a la que se pondrá mi nombre para inmortalizar al proyectista. En ella se me levantará un monumento cuando muera y han de venir en romería todos los proyectistas del mundo para pedir al Cielo que los ilumine.”

A pesar de su punzante ironía se siguieron haciendo proyectos que superaban en fantasía al del canal de San Andrés. Varios de esta clase se resumen en un librito del siglo XIX titulado «Estudios sobre el Proyecto Europeo de la Unión de los Tres Mares Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico por el Ebro y el Duero, el Canal Imperial y el de Castilla, por el Doctor D. Nicolás Malo, Madrid, 1880».

La política hidráulica del XIX fue, sin embargo, muy realista. La parvedad de recursos económicos y las guerras civiles no permitían otra cosa. Pero el numen de los arbitristas del XVIII se conservó larvado, para irrumpir con fuerza en los años sesenta de nuestro siglo con el anuncio del trasvase Tajo-Segura, como avanzada (la punta del iceberg) de un plan general de transferencias de agua.

A partir de aquel anuncio, las manifestaciones de un peculiar arbitrismo hidráulico se suceden y el mundo oficial se resiste a incorporar las innovaciones y avances técnicos de nuestro siglo. El trasvase realizado y los propuestos se parecen a los canales del siglo XVIII en que tratan de enlazar unos ríos con otros, y se diferencia en que el objetivo de la época ilustrada era la navegación fluvial para transportar personas y mercaderías, mientras que el de los trasvasistas de hoy es transportar el agua, sustancia vital de cada cuenca y base de su economía y su ecosistema. Otra diferencia es que a fines del siglo XVIII, la acción del hombre sobre la naturaleza –todavía de escasa importancia– no constituía peligro alguno y se consideraba obra de gran mérito, mientras que hoy esa acción puede ser de tal magnitud y gravedad que el verdadero mérito estriba en moderarla para que no cause perjuicio alguno.

Hacia una nueva política del agua

Al recordar el proceso de la política hidráulica desde la transición, comprobamos que el pensamiento hidráulico de ciertos funcionarios técnicos ha permanecido estancado, mientras que el de la ciudadanía y el de sus representantes ha evolucionado notablemente.

En el período constituyente (1977-78), los que componíamos la Comisión del Congreso para el estudio del trasvase Tajo-Segura, celebramos varias reuniones, pero su tiempo fue consumido por los técnicos del Ministerio en la explicación y proyección de las obras del trasvase, y las Cortes fueron disueltas sin que de aquella Comisión quedara un sólo documento.

En 1980, cuando las obras del trasvase estaban muy avanzadas, se discutió en las Cortes la Ley de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. Su simple enunciado significaba la confirmación de la primera Ley del trasvase de 1771, sin someterla a la severa revisión intentada en el Congreso de las Constituyentes. No obstante, las enmiendas presentadas por las minorías socialistas de ambas Cámaras conformaron una concepción progresista de la política hidráulica, mucho más avanzada que la del proyecto de ley.

Los grupos mayoritarios de UCD en el Congreso y el Senado aseguraban la aprobación del proyecto, pero unos senadores de ucd, adversos a la aprobación de una ley que dejaba sin garantías a los habitantes de la cuenca del Tajo, impusieron, poco antes de la votación final, la introducción de la Disposición Adicional Novena, por la cual sólo se podrán trasvasar del Tajo las aguas manifiestamente excedentarias. Esa Disposición, la prescripción de que el caudal del Tajo, antes de la confluencia del Jarama, no baje de 6 m³/s, y el hecho de que los caudales del Alto Tajo son menores que los anotados en las Leyes, imposibilitan su cumplimiento, tanto en los caudales a derivar a la cuenca del Segura como en las obras de regadío de compensación a la del Tajo.

La Ley de Aguas

El Gobierno, tras examinar el proyecto de Ley de Aguas que habría de sustituir a la del 13 de junio de 1879, lo envió a los Presidentes de Comunidades Autónomas y finalmente a las Cortes. En lo que corresponde a los parlamentarios del psoe, su revisión y estudio y la preparación de sus enmiendas quedó a cargo de una Comisión mixta de diputados y senadores. Aquella Comisión, en la que participé como senador, estuvo asesorada en asuntos técnicos por tres delegados del mopu y trabajó intensamente en el otoño de 1984 y primeros meses de 1985. Dada la mayoría de los grupos socialistas en ambas cámaras, su trabajo influyó en el texto de la ley y aportó muchas de sus innovaciones.

La discordancia de la Ley de Aguas con el objetivo del ilusorio equilibrio hidrológico, mantenido en las leyes del trasvase Tajo-Segura y en frecuentes declaraciones de autoridades y técnicos del MOPU, se manifiesta en que la Ley, en sus «Principios Generales de la Administración Pública del Agua», no incluye la corrección del desequilibrio hidrológico, ni la transferencia de aguas excedentarias, y en cambio incluye (Art. 13) el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica. También se manifiesta en que la única aparición de los trasvases en la ley de relega al Título III «De la planificación hidrológica», cuyo artículo 43.1 especifica: “El Plan Hidrológico Nacional de aprobará por Ley y contendrá (…) c). La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre los ámbitos territoriales de los distintos planes hidrológicos de cuenca”.

La explicación de esta discordancia –que tanto ha sorprendido a un conocido experto en derecho de aguas– es sencilla. En las reuniones de la Comisión antes citada, los técnicos del MOPU insistían en incluir los trasvases en cualquier artículo dispositivo de la Ley, pero los comisionados rechazamos sus demandas. Temíamos que la inserción de los trasvases se tomara por sus partidarios como un mandato legal y que estas transferencias se antepusieran a otras soluciones más económicas y rápidas y de más fácil ejecución. Ante su insistencia, admitimos la inclusión de los trasvases en el título «De la Planificación Hidrológica» con las limitaciones antes señaladas.

El largo proceso del Plan Hidrológico y su rechazo por la opinión pública

Puesto que la Ley de Aguas no dejaba otra vía, los trasvasistas tenían que convertir el Plan Hidrológico en un documento muy completo, irreprochable por su meticulosidad y extensión y más importante, si cabe, que la propia Ley de Aguas. Los autores del Plan, convencidos de la superioridad de los trasvases sobre cualquier otra solución, los propusieron como la parte más importante, relegando a segundo término, y como por compromiso, las innovaciones de la técnica hidráulica y de los regadíos que proporcionaran soluciones más rápidas y económicas.

La formulación de este Plan debió de ser hato trabajosa, a juzgar por los siete años y los miles de millones consumidos desde la aprobación de la Ley de Aguas. Finalmente, el proyecto del Plan Hidrológico Nacional fue expuesto al público a fines de 1992 y principios de 1993.

Lo que no previeron los autores de aquel proyecto fue su desfavorable acogida por la prensa y la opinión pública y la franca y bien fundada oposición por parte de personas competentes en asuntos relacionados con el agua. Las críticas al Plan Hidrológico en el año 1993, único en que la prensa ordinaria y la técnica dieron vía libre al pensamiento hidráulico de los españoles, anuncian nuevos conceptos en que fundamentar nuestra política hidráulica, los cuales se perfilan con amplitud y fuerza en las Jornadas de Estudio celebradas por el Colegio de Ingenieros de Caminos en diciembre de 1993.

Derrotero hacia la renovación de la política del agua

La oposición a la política que se sigue y los frecuentes problemas de abastecimiento de unas y otras regiones demandan soluciones urgentes que no coinciden con los grandes objetivos del proyecto de Plan Hidrológico y sí concuerdan, en cambio, con los de modernización e innovación de tecnologías. Este es el caso de ciertas sequías, como la recientemente sufrida, que requieren soluciones rápidas y eficaces. Así lo confirmó el Director General de Obras Hidráulicas al anunciar un plan de emergencia en el que la aplicación de las técnicas más modernas se multiplica por factores de muchas cifras. Como los problemas del agua son tan frecuentes, los planes de emergencia serán tantos y tan variados que en su conjunto irán conformando una orientación de las actividades hidráulicas bien distinta a la marcada en el Plan Hidrológico.

La preparación de este Plan como un documento rígido, que incluye un sistema de trasvases conflictivo y anacrónico, ha constituido una rémora para el desarrollo de la política hidráulica, y el empeño de realizarlo seguiría obstruyendo su natural evolución. Estamos en una época crucial. Se perfila un cambio de política hidráulica, pero si seguimos como hasta ahora, cuando alcancemos nuestras metas ya no serán ésas las que prevalezcan en el mundo.

Algunas ideas para la nueva política hidráulica

La escasa aceptación que tuvo el Plan Hidrológico proviene también de su poca flexibilidad, que no permite su aprobación por partes. Lo más apropiado sería acordar los términos generales de una política hidráulica actualizada, que esté de acuerdo con la Ley de Aguas y que recoja las innovaciones en captación, conservación, depuración y reutilización de las aguas y los resultados de ciertos ensayos hidráulicos en la Península, en Baleares y en Canarias.

Una vez convenida la política general, ésta sería la base de una planificación hidrológica que se especificaría en distintos documentos legales, agrupando en cada uno una serie de temas afines por su contenido o su situación geográfica. No entrarían en el mismo saco, como ocurre ahora, los grandes embalses y trasvases, las disposiciones para depurar las aguas, su ahorro en los regadíos y otros aspectos disímiles de las actividades hidráulicas. Obviamente, las grandes obras, con fuertes implicaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas que tan contradictorias opiniones provocan, no cabrían en un sólo documento legal; deberían ser estudiadas y discutidas por separado y legalizadas en la misma forma.

Aun estando de acuerdo con la necesidad de modificar la política hidráulica, hay que preguntarse cómo y en qué forma se cambiaría. Tal pregunta, de difícil respuesta en tiempos pasados, es hoy fácil de contestar. La simple observación de los cambios en objetivos y métodos de trabajo que se está produciendo, ya sea por iniciativas privadas o por decisiones ministeriales, nos da una pauta a seguir y nos permite exponer una serie de puntos en los que fijar la atención si en realidad se quiere que la actualización de la gestión hidráulica, ya iniciada, se desarrolle plenamente, en forma no conflictiva y de acuerdo con los conceptos científicos y procedimientos técnicos más avanzados.

Prevenciones de carácter general

En cuanto a normas de planificación y ejecución de proyectos, es necesario obviar la rigidez y espectacularidad de los grandes planes para avanzar, sin obstáculos ni dilaciones, en la modernización de la política hidráulica.

Hay, también, que liberar a la opinión pública, hasta hoy cautivada por una propaganda desmesurada en favor del equilibrio hidrológico y de los trasvases, dándole a conocer todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología hidráulica.

En lo que se refiere a la enseñanza de los técnicos que se ocupan del agua, hay que evitar su excesiva fragmentación por especialidades y la compartimentación administrativa. Y en cuanto a los responsables de la gestión del agua, es deseable que conozcan y estudien todos los progresos en economía y buen uso del agua y vean las ventajas y los inconvenientes de aplicarlos en nuestro territorio.

Metas, mitos y prejuicios en la política hidráulica

El mito de la “superioridad de los regadíos heredados de los árabes” ha sido argüido en favor de la transferencia de agua del centro al sureste de España. Pero ese mito no se corresponde con la realidad. Como prueba tenemos la Proposición no de Ley al Senado (2 de octubre de 1979) sobre estudio de los focos de contaminación del río Segura, de las causas de la degradación de los cultivos agrícolas de las vegas alta, media y baja del río Segura y sobre la elaboración de un plan urgente de saneamiento integral del río Segura (región de Murcia y País Valenciano); y como comprobación, el creciente abandono de la Vega Murciana por cultivadores que se pasan a regadíos con aguas del trasvase, todavía no degradados. Los senadores murcianos que promovieron tal petición no fueron reelegidos, y el saneamiento de aquellas vegas quedó como asignatura pendiente.

Otro mito, no tradicional sino de reciente invención, es el del agotamiento y degradación de los acuíferos subterráneos difundido por los partidarios de los trasvases; mito que ha sido denunciado como tal, con gran conocimiento de causa, por el Doctor en Ingeniería e Hidrología Ramón Llamas.

Con respecto a estas aguas, la actuación pública deja mucho que desear. Los males que se achacan a estas aguas se deben a que su explotación no ha sido debidamente estudiada y regulada por la autoridad con base en principios científicos y técnicos. Se trata de una omisión de los gobernantes y no de un defecto de tales aguas. Los acuíferos actúan como embalses naturales que alimentan la corriente de agua de los ríos cuando no llueve. Son los verdaderos embalses hiperanuales de los ríos y funcionan con mucha mayor capacidad y eficacia que los inventados por el hombre.

La explotación racional de las aguas subterráneas debe ocupar un lugar muy destacado en la ordenación e incremento de los recursos hidráulicos disponibles y, por tanto, en la planificación hidrológica.

Respecto a los embalses, una mayoría de la población cree –por haberlo escuchado o leído muchas veces– que aumentando el número y capacidad de los embalses, aumenta proporcionalmente el volumen de agua utilizable. ¡Craso error! Es como si se creyere que aumentando el número y capacidad de los depósitos donde se almacena el trigo se pudiere conjurar la falta de trigo y el hambre de una comarca. Si no hay trigo para almacenar, el aumento de silos no sirve de nada, y si no hay agua, el aumento de embalses también es inútil.

Hay un prejuicio de orden político, económico y geográfico que afecta a la distribución de recursos en la Península y que merece ser comentado, porque también afecta al agua. Consiste en asimilar la estructura poblacional y productiva de la España peninsular a la de una rueda de bicicleta, ya que en ésta lo que destaca es el cubo y la llanta y en el país, la capital y la periferia. Esta teoría fue expuesta por Román Perpiñá en el libro «Corología/Teoría estructural y estructurante de la población en España (1900-1950)». Su fundamento y elaboración no parecen muy sólidos, pues el libro contiene una serie de cábalas numéricas y geométricas poco fiables, como la extrapolación de datos provinciales de 1900 a 1950 sobre demografía y economía, y la distribución, según coronas circulares con centro en la capital, de la población y la capacidad productiva.

Estos conceptos estructuralistas ignoran influencias muy importantes en la distribución de los recursos, entre ellas la señalada por el historiador de la economía Nicolás Sánchez Albornoz en sus estudios sobre la incidencia de los avances tecnológicos del pasado siglo en la involución económica de la España interior, y menosprecian la función de las regiones del centro en la cohesión de todo el país. Sus numerosos prosélitos han influido en la distribución de recursos en favor de la capital y las zonas periféricas por considerarlas más productivas. No es de extrañar, por tanto, que siendo el agua imprescindible para el desarrollo, hayan propiciado su trasvase desde el interior a las regiones y provincias litorales.

Esa política de vaciamiento y transferencia de aguas del centro debe ser objeto de una severa revisión por dos poderosos motivos. El primero, porque descartados los trasvases desde Galicia y la Cornisa Cantábrica, sus aguas se habrían de sacar de las cuencas interiores, con graves daños a sus ecosistemas fluviales y perjuicios morales y materiales a sus habitantes, lo cual es inaceptable para las zonas centrales y por tanto para toda España, si la invocada solidaridad entre comarcas funciona en los dos sentidos. El segundo es que los problemas que se quieran resolver con trasvases pueden tener solución más fácil, económica y eficaz utilizando técnicas más avanzadas que en nada perjudican a otras comarcas.

Tecnologías tradicionales y modernas en la actualización de la política del agua

En párrafos anteriores he comentado las características de las tecnologías hidráulicas, tradicionales y de reciente implantación, y sus posibilidades de aplicación para resolver los problemas hidráulicos de hoy en día. Me limitaré, por tanto, a decir unas pocas palabras sobre dónde y cómo cada tecnología puede tener su más provechosa utilización.

Ingeniería hidráulica tradicional

Abarca principalmente los trabajos de captación, almacenamiento, derivación, conducción y distribución de las aguas superficiales. Aplicada en nuestro suelo desde tiempos remotos, alcanza hoy un grado de adelanto comparable al de los países de mayor desarrollo técnico. De ahí que se pretenda imponer sus soluciones en problemas que se resuelven más fácilmente empleando otras tecnologías en las que todavía no hemos alcanzado un desarrollo semejante.

En contra de lo que puede pensarse no es de temer que la sustitución de ciertas soluciones de ingeniería civil disminuya la demanda de esta rama de la Ingeniería, ya que el almacenamiento, la conducción y la distribución del agua son actividades complementarias de todas las otras tecnologías.

Las aguas subterráneas en la política hidráulica

El tardío, insuficiente y desigual desarrollo de la explotación de las aguas subterráneas ha dado lugar a algunas realizaciones importantes que nos proporcionan valiosas experiencias.

Una de ellas es la de los extensos acuíferos de Castilla-La Mancha en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo. La extensión y la uniformidad de estos acuíferos han facilitado la perforación de miles de pozos y la puesta en riego de más de 100.000 hectáreas, sin gastos para el erario público y con aumento muy importante de la producción de la zona. El éxito de esta empresa, a pesar de sus vicios de origen y su desordenado desarrollo, hace pensar en la extensión de este tipo de explotaciones a otras zonas del interior y el litoral de la Península.

La construcción de pozos bien distribuidos en las Vegas Bajas y Vegas Altas regadas con aguas del Guadiana, evitaría pérdidas durante las sequías. A este respecto, cedo la palabra a un viejo y sesudo autodidacta, don Pelayo Moreno Caballero, que en mayo de 1986, a raíz de una charla mía en Don Benito, me decía en una enjundiosa carta:

“Sobre las aguas subterráneas de esta zona le diré que el pueblo de La Garrovilla con un solo pozo se abastece y que en Montijo, cuando se construyó el silo del SEMPA, junto a la estación del F.C., al hacer el secadero de maíz, tuvieron dificultades para conseguir achicar las aguas que afloraban en gran cantidad y a muy poca profundidad.”

Y en carta posterior me dio esta muestra de su sabiduría:

“He transformado bastantes hectáreas de tierra de secano con aguas subterráneas en La Garrovilla y Torremayor; estos pozos que abandonamos al ponerse los canales en riego, los aprovechamos bien los años de sequía como complemento de riegos.”

Imposible expresar mejor y con menos palabras lo que debe hacerse en zonas donde se proyecten nuevos regadíos, lo cual también es aplicable a los antiguos, “como complemento de riegos” en tiempos de sequía.

En la cuenca del Tajo, la receta del señor Moreno Caballero se debería haber aplicado en las tierras de La Sagra Baja, cuyo sistema de riegos está en construcción muy avanzada, pero aún es tiempo de ponerlo en práctica, porque el coste del bombeo acostumbra a economizar agua y a la consiguiente mejora de los cultivos.

En la reunión de Santander en 1992, el Comisionado de los regantes del Canal de Aragón y Cataluña expuso el deseo de sus mancomunidades de tener embalses para hacer más flexible la utilización del agua en el riego. No es necesario hacer tales embalses, porque los regantes ya los tienen debajo de sus tierras, perforando el pozo o pozos necesarios para elevar el agua durante la noche, con energía barata, y almacenarla en pequeños depósitos para regar en cualquier hora de día.

En el resto de la cuenca del Ebro y en las del Duero y del Guadalquivir, la construcción de sistemas de pozos en los amplios regadíos convencionales también sería un medio eficaz de evitar cuantiosas pérdidas durante las frecuentes e implacables sequías.

La recarga de los acuíferos contribuye a aumentar los volúmenes disponibles para toda clase de usos. En los regadíos convencionales, sus redes de canales y acequias permanecen ociosos durante parte del otoño y el invierno, por lo cual pueden utilizarse para la inyección de aguas en el subsuelo.

También creo que queda mucho por estudiar y por hacer en cuanto a la captación de las corrientes subterráneas que van a parar al mar. A juzgar por las noticias que tenemos de extracción de aguas dulces muy cerca del mar en las costas de Santander, y por la existencia de corrientes subterráneas que brotan bajo las aguas marinas en el litoral mediterráneo, es mucha el agua dulce utilizable para regadíos y abastecimientos humanos que se puede rescatar mediante pozos y barreras hidráulicas en las costas de la Península.

Depuración y reutilización de aguas residuales

El empleo de estos procedimientos es tan necesario como útil, pero su eficacia se acrecienta cuando se combinan debidamente. Los abastecimientos de las mayores ciudades del mundo nos demuestran el éxito de su utilización conjunta. Su empleo en países adelantados está en continuo crecimiento.

En España la reutilización de las aguas residuales se ha emprendido con cierto retraso, pero ya se realiza con éxito en Canarias y Baleares y en Ceuta y Melilla. Conocemos o tenemos noticia de su empleo en Castellón de la Plana, en Sagunto y en otras poblaciones del Mediterráneo. De todas estas empresas, la más compleja y progresista que hemos visto es la que se efectúa en el Plá de Sant Jordi, inmediato a Palma de Mallorca. Allí, las aguas residuales de la ciudad se conducen a una moderna y automatizada planta depuradora de donde se elevan a un pequeño embalse situado en la ladera contigua a la plana, que actúa como decantador y regulador de las aguas. Desde este último se conducen por tubería a las parcelas de riego. El resultado ha sido un completo éxito. Los payeses, que ante la salinidad de las aguas se habían ido al interior de la isla, han vuelto a sus parcelas y obtienen en ellas rendimientos vez y media a dos veces superiores a los que tenían con sus pozos accionados por molinetes eólicos. Por otra parte, con aquellos riegos, las aguas del mar dejaron de infiltrarse, los niveles de agua dulce subieron en los pozos del interior y las aguas residuales con depuración incompleta dejaron de verterse en el Mediterráneo a través de las tuberías emisoras. Con esto último, la depuración y reutilización de las aguas residuales está contribuyendo, aunque sea en mínima parte, a la descontaminación del Mediterráneo, y en parte mucho más apreciable, al saneamiento de las playas próximas.

La aplicación en las importantes ciudades y zonas costeras del litoral mediterráneo de las experiencias y métodos empleados en Palma de Mallorca para depurar y reutilizar sus aguas residuales, además de producir una mejora sanitaria de valor inapreciable en sus litorales y especialmente en sus playas, incrementaría en gran medida el volumen de las aguas disponibles. En otros tiempos el «Plan de Saneamiento y Reutilización de los Vertidos de Agua de Barcelona» preveía la “futura reutilización de las aguas residuales de la zona para distintos fines”. Hoy sería bueno poner en práctica tal previsión. Tenemos noticia de que en Valencia los vertidos al mar procedentes de las acequias y las aguas residuales de la ciudad ascienden a 8 m³/s. Hay que pensar que los caudales de esas dos grandes ciudades, previamente depurados, podrían aportar a los regadíos levantinos buena parte del agua que pueden necesitar. Suponiendo que esas demandas aumenten gradualmente, la inversión en depuradoras no tendría que hacerse de una vez como sucede con los trasvases, sino que se haría gradualmente ajustándola a las demandas.

Desalación de aguas

La desalación de aguas salobres parece ser más económica que el trasvase de otras cuencas, por lo cual será conveniente la desalación en los lugares donde existan tales aguas.

En cuanto a la desalación de las del mar, su precio es todavía superior al coste real de las trasvasadas. Dado el lento y continuado abaratamiento del proceso de desalación, no sabemos si dentro de unos años competirá ventajosamente con el precio del agua trasvasada, sobre todo si el trasvase se hace a través de conducciones más largas, con mayores elevaciones y obras más complicadas y costosas que las que conocemos. En todo caso, el precio del agua desalada es asequible para el consumo humano, especialmente en zonas turísticas y balnearios. Así lo demuestra su imposición absoluta en Lanzarote y Fuerteventura, donde no hay aguas de otra clase, y su utilización compartida en Tenerife y Gran Canaria, que cuentan con otros recursos hidráulicos. Por eso creemos que en algunas zonas turísticas del litoral mediterráneo será conveniente comparar las ventajas de su utilización con las de las aguas de otros orígenes.

El ahorro de agua y la mejora de los cultivos en los regadíos

La economía del agua en los regadíos implica la mejora de los cultivos y esta mejora lleva consigo el ahorro del agua. Ambas finalidades merecen, cada una de por sí, la mayor atención; de ahí que un programa que las englobe esté llamado a ser el medio más racional y fecundo de equilibrar el balance entre disponibilidades y consumos de agua, y al mismo tiempo, de aumentar la producción agraria y mejorarla en calidad y precio.

Afortunadamente existe este programa, y ya no es una expresión de deseos sino un programa de gobierno. Según  declaraciones del anterior ministro de Agricultura, consiste en la modernización y actualización de los regadíos actuales –3,4 millones de hectáreas–, el ahorro del agua y la construcción de nuevos regadíos.

“Para la Administración –dice el informe– es fundamental abordar la modernización y racionalización de 1,8 millones de hectáreas (…) La Administración prepara un proyecto de ley de uso eficiente del agua de aprobación inmediata”.

Todo confirma que la nueva política hidráulica está en constante evolución en la dirección más justa y racional. Pero aún está vivo el problema de los trasvases: ¿qué hacer con estas obras, durante tanto tiempo anunciadas como la panacea que iba a resolver de una vez todos los problemas de agua de la Península? El tiempo y la reflexión nos indican qué partido tomar a este respecto. La urgencia de paliar o resolver los constantes problemas de carencias de aguas, sequías e inundaciones, nos obliga a hacer uso de otros medios que dan resultados a corto y medio plazo, postergando así los complicados, costosos y conflictivos métodos de cirugía hidráulica que desequilibran al país y perjudican sobre todo a las regiones centrales. A este respecto permítasenos esta metáfora: “La vieja piel de toro de nuestra Península corre peligro de resquebrajarse si se reseca todavía más por el centro”.

Las regiones de la periferia señaladas en el proyecto del Plan Hidrológico como receptoras de agua, no deben tener ningún temor por los recientes cambios del pensamiento hidráulico en nuestro país y, en consecuencia, de la política hidráulica. Todos nos beneficiaremos con esos cambios. El total del agua disponible en nuestro territorio península disminuiría por evaporación, infiltración y otras causas con las transferencias de agua de largo recorrido, mientras que se incrementará con la aplicación de los medios que hemos expuesto. Las regiones cedentes de agua se verán liberadas de este tributo y podrán reorganizar su territorio a base de todos sus recursos naturales y contando con dichos adelantos técnicos. Los habitantes de cuencas receptoras de agua de otras tierras, que cifraron sus esperanzas en esa especie de maná, pueden estar tranquilos. La aplicación racional de todos los adelantos conocidos de las ciencias y las técnicas del agua y de las muchas tecnologías relacionadas con este recurso, permiten garantizar a esas zonas mayor bienestar y desarrollo que el que pudieran esperar de la súbita incorporación de caudales de otras tierras.     

Notas

El texto de este artículo tiene su origen en la ponencia que con el mismo título presentó el autor en las jornadas “El río Tajo, cauce para la solidaridad”, organizadas por la Fundación Puente Barcas y celebradas en Aranjuez los días 21 y 22 de abril de 1995.